Ver a los políticos y jueces estadounidenses luchar contra los peligros sociales y políticos que plantea el internet se parece un poco a ver a mis gatos perseguir un puntero láser. Están muy apasionados con la cacería, y persiguen cada vaivén con notoria ferocidad, pero en cualquier momento que se acercan al objetivo es doloroso lo evidente de su incomprensión sobre la naturaleza esencial del problema que tienen en sus manos (o bueno, en sus patas).

Dejemos a un lado por un momento el hecho de que la izquierda y la derecha están en desacuerdo sobre cuáles son exactamente los peligros que plantean las redes sociales: la izquierda por lo general alega que compañías como Facebook y Twitter no hacen lo suficiente como para erradicar la desinformación, el extremismo y el odio de sus plataformas, mientras que la derecha insiste en que las grandes empresas de tecnología están exagerando de tal manera sus decisiones en cuanto a contenido que están suprimiendo las opiniones políticas conservadoras.

Ambos bandos han propuesto —y en algunos casos, aprobado— leyes estatales y federales que obligan a las empresas a cambiar sus métodos. Pero las ideas principales de los legisladores de ambos lados son inviables, inconstitucionales, irrelevantes y nada serias. Muchas de ellas revelan una profunda ignorancia sobre cómo funciona el internet en realidad. Para ver la razón de esto, no hace falta sino darle un vistazo al horrible rastro digital dejado por el hombre acusado de asesinar a 10 personas en un tiroteo masivo racista en Buffalo, Nueva York, la semana pasada. Como explicaré en unos momentos, las acciones en línea del sospechoso y qué hacer con ellas presentan profundas complicaciones para las teorías tanto de los republicanos como de los demócratas sobre cómo arreglar el internet.

Comencemos con los republicanos. El año pasado, los gobernadores de Florida y Texas firmaron leyes que le prohibían a las empresas de redes sociales “censurar” a usuarios. Legisladores republicanos de otros estados están impulsando ideas similares. Las leyes de Florida y Texas fueron suspendidas por jueces de la Corte de Distrito de Estados Unidos, quienes afirmaron que podrían ser inconstitucionales. Sin embargo, este mes una Corte de Apelaciones de Estados Unidos restableció la ley de Texas sin ninguna explicación; las organizaciones comerciales de la industria tecnológica han apelado a la Corte Suprema para anular esa decisión.

Podría utilizar toda esta columna para catalogar todas las maneras en las que estas leyes son terribles. Como bien dictaminaron los jueces del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, parecen violar los derechos de la Primera Enmienda de las empresas tecnológicas de alojar o no cierto contenido. Las leyes podrían causar un montón de demandas frívolas de personas que sientan que las compañías tecnológicas no las han tratado bien. Ambas leyes son caprichosas y solo se aplican a sitios que alcanzan cierto umbral arbitrario de usuarios: 100 millones en Florida, 50 millones en Texas. La ley de Florida incluso tiene una excepción para las compañías que dirigen parques temáticos (la ley fue firmada cuando los republicanos de Florida tenían una relación amigable con Disney; en la actualidad están tratando de anular esa exención).

Además, las leyes son excesivamente amplias, lo cual es peligroso. Si bien Ron DeSantis y Greg Abbott, los gobernadores de Florida y Texas, afirman querer proteger los puntos de vista conservadores de los ejecutivos tecnológicos liberales, lo que está escrito en las leyes parece prohibir a las empresas tecnológicas la eliminación o la reducción de la prioridad de todo tipo de contenido que no tenga nada que ver con la política electoral. Los grupos que se oponen a las leyes aseguran que las compañías tecnológicas no podrían eliminar publicaciones que promuevan el suicidio, el maltrato animal, la desnudez no obscena y muchas otras cosas que la mayoría de los usuarios simplemente no quiere ver cuando entra a Facebook por la mañana.

También está el problema del discurso de odio. Según los reportes, el sospechoso de Buffalo utilizó Google Docs para publicar un extenso manifiesto que promovía su ideología y explicaba sus motivaciones para el ataque. Durante varios meses, publicó miles de líneas de comentarios en Discord donde documentó su preparación para la masacre.

La ley de Texas permite que las empresas de tecnología eliminen contenido que “incite directamente a la actividad criminal o consista en amenazas específicas de violencia”. En los últimos días, analicé gran parte de los restos digitales del sospechoso del tiroteo, y es evidente que parte de su contenido cruzó ese umbral, pero también hubo otra gran parte que, a pesar de ser horrenda, no incitaba a la violencia de forma directa. Bajo las leyes republicanas, ¿habrían tenido las plataformas el derecho a eliminar o negarse a amplificar estos desvaríos? A pesar de lo absurda y loca que es la teoría del “gran remplazo”, ¿podría Facebook eliminar publicaciones al respecto, o tendría que darle la misma representación que a cualquier otro punto de vista político?

Los demócratas podrían haber invertido los últimos días enfocándose en el mensaje de que las leyes republicanas pueden conducir a la proliferación de discursos de odio en línea. En vez de eso, varios vieron el ataque en Buffalo como una oportunidad de impulsar sus propias iniciativas erróneas para legislar el discurso en línea.

La representante Debbie Wasserman Schultz (demócrata por Florida), pidió revisar la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la ley que protege a las compañías tecnológicas de los daños derivados del contenido publicado por los usuarios. Esto es un ejemplo de lo “nada serio” e “irrelevante” que señalé: como ya he argumentado con anterioridad, los republicanos y los demócratas parecen haberse aferrado a la derogación de esta ley como si fuera la fórmula mágica para arreglar el internet.

Y no es así, porque muchas decisiones de contenido realizadas por las empresas de tecnología están protegidas por la Primera Enmienda. Sin embargo, muchos expertos legales aseguran que la derogación de la sección 230 tendría terribles y aterradores efectos, pues intimidaría a las plataformas y las haría eliminar una enorme cantidad de contenido controversial solo para evitar problemas legales.

Mientras tanto, el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia), tuiteó para denunciar la propagación de teorías racistas como el “gran remplazo” por parte de “las grandes compañías tecnológicas”.

“¿Quién le llenó la cabeza (al sospechoso de Buffalo) con este veneno?”, preguntó Kaine.

“Las grandes compañías tecnológicas” no sería mi primera respuesta. De hecho, no queda claro qué papel desempeñaron “las grandes compañías tecnológicas” en la radicalización del sospechoso del tiroteo; su manifiesto es más un producto de las compañías más pequeñas de tecnología que de las grandes, en específico el sitio de mensajería “todos contra todos” 4chan, donde afirmó haberse encontrado con su ideología racista y de la cual ha extraído muchos memes. Además, ¿por qué culpar a las grandes compañías tecnológicas cuando el presentador del programa de noticias por cable más popular del país y varios legisladores republicanos han estado coqueteando abiertamente con la ideología del “gran remplazo”?

Aunque demócratas y republicanos tienen objetivos opuestos para moderar el contenido en línea —un lado quiere más reglas, el otro quiere menos— ambos bandos defienden el mismo mecanismo básico para arreglar internet: quieren darle a los jueces, agencias gubernamentales y otros funcionarios el poder para decidir qué es lo que las empresas de tecnología y sus usuarios pueden o no hacer en línea.

Existen otras ideas legislativas mucho menos precipitadas por probar primero, como por ejemplo exigir una mayor transparencia de las compañías de redes sociales para que podamos comprender mejor cómo y en qué medida están influyendo en la cultura. La legislación presentada el año pasado por los senadores Chris Coons, Amy Klobuchar y Rob Portman les exigiría a las redes sociales proporcionar datos a ciertos investigadores que podrían arrojar luces sobre las decisiones de contenido de las redes sociales y sus efectos. Esto le permitiría a los investigadores determinar, por ejemplo, si las plataformas están aplicando sus reglas de manera consistente en todo el espectro político, o cómo los algoritmos de las compañías promueven —o minimizan— la desinformación, el contenido extremista y otros elementos tóxicos en línea.

Ciertamente, no me gusta que un puñado de empresas tecnológicas tenga tanto control sobre lo que sucede en la sociedad. Pero abrirle la puerta a que los estados o el gobierno federal controlen el discurso en línea es un destino mucho peor que debemos esforzarnos por evitar.

c.2022 The New York Times Company