Esta apreciación surge una semana después de concluido el trabajo de la postuladora para fiscal general. Los analistas consultados consideran que el proceso no es tomado con la seriedad que el cargo requiere, por lo que es preciso concienciar a la población sobre la relevancia del mismo.
A criterio del abogado Oswaldo Samayoa, el procedimiento, en general, “no es malo”. Lo que afecta, agrega, es que muchas veces se desconoce “cuáles son los intereses que se están manejando” en el modelo que rige la elección, el cual “es premiado por esos intereses de impunidad y de sostener la corrupción”.
El profesional expresa que Guatemala tiene “una apariencia de democracia”, y en tales condiciones hace falta que la población esté consciente de que el funcionamiento del sistema de justicia es un asunto prioritario. En este marco, hace énfasis en que la proximidad de las elecciones generales demanda “presionar para un cambio de magistrados” en la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.
Los desafíos y retos no se limitan a lo interno del Ministerio Público (MP) sino que atañen a toda la sociedad, puesto que en los últimos meses, según su punto de vista, se ha visto una manipulación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la cual es clave, pero “está distraída persiguiendo a sus propios fiscales e instrumentalizando mecanismos que ha creado”.
Samayoa hace énfasis en que se debe buscar la forma de “difundir y cimentar en las personas” que el sistema de justicia es clave, “no para el poder sino para nuestros derechos y nuestro libre ejercicio, por lo que es preciso poner a los límites a esos abusos autoritarios que vemos”.
En relación con el gremio de abogados, opina que está totalmente cooptado desde las universidades por redes a las que les interesa la manipulación y que se mantenga la impunidad en el país, lo cual se manifiesta en este modelo clientelar.
Nombramientos se tornan políticos
De acuerdo con Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, en Guatemala se ha generado un sistema “muy pervertido, lleno de incentivos negativos” que afectan en general al estado de Derecho, pero en particular a los procesos de elección, pues las comisiones de postulación han propiciado “un incentivo terrible para crear facultades de Derecho que existen en papel pero en realidad no tienen alumnos”.
Dicha situación no es exclusiva de Guatemala, reconoce, puesto que “ se ven regresiones al estado de Derecho” en varios países de la región y se están convirtiendo en “dictaduras mucho más evidentes”.
Los procesos para nombrar fiscal general tienden a ser “muy políticos, más que técnicos”, pese a que la justicia es “un aspecto básico, no para algunos cuantos” sino para todos, de manera directa o indirecta, porque en un país que carece de un sistema de Justicia que funcione “es muy difícil que pueda tener algún tipo de desarrollo, porque no hay inversión”, remarcó Chávez Alor.
Por ello, comparte la idea de modificar o reformar los mecanismos de elección de fiscal general, porque en los últimos procesos se ha afectado a actores específicos, entre ellos decanos de las diferentes facultades, que “terminan con un desgaste terrible” porque los intimidan para que no participen.
Las objeciones deben tomarse con seriedad
Para la abogada litigante Andrea Reyes los señalamientos planteados por parte de la sociedad civil “no se están tomando con seriedad”, cuando deberían discutirse y analizarse a profundidad para determinar la idoneidad de los aspirantes.
Otro aspecto que no es tomado con el rigor que merece son “los propios expedientes de los candidatos”, puntualiza.
En relación con el perfil idóneo de un fiscal general, la jurista considera que debe “tener las credenciales académicas adecuadas”, así como conocimiento de la institución, de los tribunales de justicia y de política criminal, y de cómo funcionan “las redes al interior del Ministerio Público, para poder hacer las depuraciones necesarias”.
En la coyuntura actual, Reyes estima que el principal desafío que enfrenta la ciudadanía es que “debemos resistir”. Asimismo, cree que es imperativo promover la participación democrática, para que la población conozca sus derechos y continúe con la fiscalización y la auditoría social.
Discutir sobre las universidades
Cada vez que se desarrolla un proceso de elección se habla de la necesidad de reformar la ley, pero “no se le está dando la importancia que merece y por eso se queda estancado”, por lo que valdría la pena abrir una discusión sobre las universidades que participan, porque puede darse la creación de casas de estudios superiores con el fin de tener un voto en el proceso, lo cual es un “incentivo perverso”, señala María José López, de Guatemala Visible.
En torno a la evaluación de los aspirantes, considera que es una de las fases primordiales, por lo que urge definir los criterios en la tabla de gradación, la cual debería elaborarse de manera objetiva, técnica y no política, para evitar que cambie en cada proceso.
“La ley debería definir de manera más concreta cómo se evalúa la honorabilidad y los méritos éticos”, pues no hay mecanismos claros para examinar estos aspectos, agrega.
Poco tiempo
La Comisión de Postulación dispone de poco tiempo para llevar a cabo las evaluaciones y debería “tener un trabajo adelantado”, el cual podría ser un examen riguroso de conocimientos y a nivel de la responsabilidad del cargo. Este podría realizarse desde el Colegio de Abogados y Notarios y evitaría “concursos de diplomas, doctorados y maestrías de garaje” y que la comisión discuta sobre un perfil académico, expresa Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
El profesional considera que para que no apremie el tiempo para el próximo proceso “se debería comenzar a trabajar para las cortes”, y esto podría establecer un precedente para la elección.
