Inaceptable, malintencionado y simplista que algunos sigan usando el comodín de la soberanía en este particular momento de nuestra historia para defender una dictadura corporativa basada en la corrupción, la captura de la institucionalidad estatal y el robo descarado del presupuesto nacional. Sobre todo, cuando sabemos que Guatemala ha sido históricamente expoliada, desmembrada y desmantelada por potencias, grupos de poder fáctico y corporaciones transnacionales de toda índole, en contubernio con los representantes de las castas feudales locales.

Soberanía no es que los poderes de facto tomen el control de un país, callen cualquier disidencia y secuestren a la justicia hasta despojarla de su sentido profundo de independencia. Según la Constitución, nuestra soberanía reside en el pueblo, y aunque ahora la Constitución está más devaluada que la moneda, hay que ser muy perverso para blandir el estilete de la soberanía en un país donde tanta gente comienza y termina la vida en la más absoluta miseria, sin más oportunidades que la migración. Y somos tan soberanos, que si no fuera por las remesas que envían esos migrantes y que representan un 16% del PIB se les cae todo el discurso que tienen sobre la soberanía y la supuesta estabilidad económica.

“Sabemos contar mentiras que parecen verdades, y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad”, cuenta la mitología que le dijeron las musas a Hesíodo, quien amaba las palabras. Palabras que él amaba, pero a las que temía, porque sabía el mal uso que se podía hacer de ellas. Es el caso de la palabra “soberanía” en la Guatemala del 2022. O de las palabras “independencia judicial”, “democracia”, “estado de Derecho” y varias más que los voceros del pacto de corruptos usan mucho últimamente para colocar a sus aliados en instancias como el MP de manera ilegal y justificar nuestra dictadura corporativa y atacar a jueces, magistrados y litigantes independientes, imprescindibles y comprometidos con proclamar la verdad, como el Honorable Juez Miguel Ángel Gálvez.

Yo no termino de entender por qué se esfuerza tanto el pacto de corruptos por arruinar a Guatemala, solo para defender sus particulares intereses. ¿Cuándo se quitarán las anteojeras? Nos fuimos perdiendo lentamente como país, como sociedad y como República. Y hay élites responsables de ello. No parecen haberse enterado de que este minúsculo país podría ser inmenso, productivo, seguro y digno para todos y todas si no insistieran en mantener a millones de personas, por generaciones, hambreadas, sin educación ni salud, desnutridas, empobrecidas y sin oportunidades de desarrollo. Quizás así les gustan más las cosas porque saben que, sin la migración producto del abandono y con tanta miseria, habría guillotinas por todas partes, al mejor estilo de la Revolución Francesa. Pero hoy ya no se cortan cabezas, al menos literalmente, y los jacobinos y girondinos de nuestra dictadura tropical ya no pueden definirse tan claramente.

Estas dinastías tropicales, muy “transformers”, están conformadas por el capital tradicional, el capital emergente y narco, los linajes viejos y nuevos, conservadoras en unos casos y extravagantes en otros, pero graníticas cuando hace falta destruir a un país. En teoría, a partir del proceso de construcción histórica de los Estados modernos que parten de la Revolución francesa, Guatemala se convirtió, como muchos otros, en un Estado nacional. Luego se habló de un Estado desarrollista y más tarde, de uno democrático. En este recorrido nunca llegamos a ser una República y menos una democracia.

En medio de nuestro continuum de crisis, los procesos de descomposición han ido drenando lo poco que nos quedaba de intención democrática, y en el 2017 se dio la traición final de este mafioso pacto de corruptos que hoy nos dibuja como una soberana cleptonarcodictadura. Nadie manda aquí más que ese pacto de élites que ya debe ver su fin para que Guatemala viva.