Un sistema de justicia independiente es un obstáculo para quienes procuran impunidad. Por eso los grupos de poder político y económico y las redes criminales buscan mantenerlo cooptado y a su servicio.

En la mira de estos grupos están las y los operadores de justicia que a pesar de la captura del sistema, mantienen su independencia. Como no tienen control sobre sus resoluciones y no consiguen alinearlos a sus intereses ilícitos, buscan a toda costa apartarlos de sus juzgados y fiscalías y para esto utilizan múltiples formas de acoso y coacción.

Desde que recuperaron el control del MP se ha multiplicado el uso malicioso de figuras legales como las solicitudes de antejuicio para retirarles su inmunidad y que avancen casos penales en su contra. Y como también controlan las cortes, se ha vuelto costumbre utilizar mecanismos disciplinarios para sancionarlos dando trámite a denuncias y quejas sin sustento.

Además, mientras más se profundiza la regresión autoritaria en Guatemala, dejaron de “guardar las formas” y ahora les amenazan públicamente, sabiendo que no tendrán ninguna consecuencia porque la fiscalía está de su parte. Ya no solo se trata de evitar que les investiguen o les juzguen, hay un propósito claro de venganza por ser las personas más visibles que encabezaron, apoyaron y promovieron la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La alianza para garantizar que no haya justicia por los delitos del presente y del pasado es amplia y poderosa y está utilizando todos sus recursos para “limpiar” el país de fiscales, jueces y juezas probos e incorruptibles. En el exilio hay más de 20 operadores de justicia que se vieron forzados a salir para resguardar su vida y su libertad, dada la instrumentalización del Derecho Penal que les ha convertido en “enemigos internos”.

Las baterías de esta alianza perversa se enfocan ahora en Miguel Ángel Gálvez Aguilar, un abogado íntegro que a lo largo de sus 23 años de carrera como juez ha mantenido una conducta intachable e independiente. El juez Gálvez ha conocido procesos contra estructuras criminales de narcotráfico y crimen organizado, ha enviado a juicio a bandas de sicarios y secuestradores y ha procesado a pandilleros responsables de extorsiones y asesinatos. Pero no es por estos casos por los que ahora se le persigue y amenaza.

Lo que no se le perdona son las resoluciones que involucran a personas responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos como el caso por Genocidio contra el pueblo ixil, la esclavitud y violencia sexual contra las mujeres de la comunidad Sepur Zarco, la desaparición forzada del niño de 12 años Marco Antonio Molina Theissen y la reciente decisión de enviar a juicio a nueve expolicías y militares retirados de alto rango por el caso del Diario Militar o Dossier de la Muerte.

La misma noche en que dio a conocer esa resolución, el juez recibió varias llamadas amenazándolo. Desde que salió del juzgado fue seguido por distintos vehículos e, incluso, hubo vigilancia afuera de su vivienda. A la vez, se desató una furibunda campaña en redes sociales en las que se le acusa de “prevaricador” y se le advierte que es “su turno”, aludiendo a otros colegas suyos que se han visto forzados a exiliarse. Con la intención de manchar su reputación, se difundió también una calumnia acusándolo de consumir pornografía utilizando el servicio de internet del Organismo Judicial.

A pesar de poner en conocimiento de la Corte Suprema estos ataques contra su independencia judicial, el pleno de magistrados sigue guardando silencio.

Del tamaño de la cobardía contra un juez al que no pueden comprar es el acoso que no cesa. De la dimensión de su honorabilidad e independencia son los ataques que recibe y de ese mismo tamaño debiera ser nuestro apoyo y solidaridad.