Vivimos en la era de los datos y no existe manera de explicar paradigmas, interacciones y procesos contemporáneos que no involucren el procesamiento estadístico, el cotejo y la proyección de escenarios mediante cifras y evaluaciones cualitativas. En momentos económicos difíciles como los actuales o durante episodios de recesión, el monitoreo acucioso de variables, indicadores, precios y situaciones políticas constituyen la única vía para trazar rumbos de acción y cambios de estrategia, o medidas monetarias y crediticias dirigidas a enfrentar la adversidad. A nadie, en su sano juicio, se le ocurrirá dejar de seguir los precios del petróleo o de commodities solo porque están caros o no se ajustan a sus percepciones. Buscará datos.

Lo mismo cabe decir en otros órdenes de la vida pública, como la salud y la epidemiología: se necesitan cifras de casos de nuevas cepas de coronavirus aunque el tema resulte cansado, datos del número de accidentes de tránsito y tipos de lesiones para poder contar con los suministros hospitalarios necesarios. En la Educación, hay que tener las cifras consolidadas de calificaciones por materia o los resultados de evaluaciones de egresados de diversificado para dar continuidad a programas de mejora en el desempeño estudiantil.

Si los aguaceros destruyen diez o mil hectáreas de cultivos de maíz, frijol o legumbres es a todas luces relevante la recopilación, difusión y análisis de datos para prever una posible crisis alimentaria o la necesidad de adquirir contingentes de reserva a fin de atajar una eventual carestía. Y en el caso de los sucesos criminales como asaltos, secuestros, extorsiones, asesinatos o femicidios es ineludible la necesidad de dar seguimiento a sus caídas o auges.

Sin embargo, la inmadurez de los politiqueros o de ciertos funcionarios ha conducido, de manera incesante, en cada cuatrienio, a intentos por reducir o incluso negar ciertas realidades que la ciudadanía padece en carne propia. Y es ahí cuando resulta todavía más lamentable e impropia la gastada excusa retórica de que los incrementos de hechos criminales constituyen una “percepción” y no una dura realidad que llora sangre en las calles.

Situación aparte es, por supuesto, el mundo de vidrios blindados, caravanas de hasta cinco vehículos oficiales de alta cilindrada desbordantes de guardaespaldas y saltos del estribo del automotor a una oficina, muy distante de esos barrios en donde llegan a tirarle un teléfono en la cara al dependiente de una panadería, o le disparan al vendedor rutero que recién se estrena en su trabajo, o de la prisión desde la cual salen llamadas y entran celulares, electrodomésticos y toda clase de artículos. Por cierto, es tiempo de que la Dirección General de Presidios, también dependiente del Ministerio de Gobernación, presente un consolidado de los objetos ilícitos decomisados durante las decenas de requisas que llevan a cabo, con la correspondiente investigación y las medidas dictadas contra los responsables de su reingreso.

La información de incidencia criminal debe ser pública y sin censura previa, porque es la única forma de ver las dimensiones de una amenaza común. En todo caso, lo ideal sería plantear un consolidado en línea con actualización en tiempo real, sin filtros propagandísticos ni lavados de manos. En una gobernanza inteligente, proactiva y moderna no se puede ni debe intentar vedar o matizar a conveniencia datos de retos colectivos como la violencia, puesto que en ese caso se está ante un criterio iluso o un estéril propósito de negación despótica.