Hace un año, los jueces Erika Aifán, Pablo Xitumul, Yassmin Barrios y Miguel Ángel Gálvez llegaron a la sede del Ministerio Público a solicitar a la fiscal general, Consuelo Porras, que desestimara las denuncias en su contra, las cuales se han acumulado sin que les dieran trámite. Informaron que eran víctimas de hostigamiento y persecución debido a la independencia judicial con que trabajan. La respuesta: un silencio absoluto por parte de Porras y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un año después, la jueza Aifán se encuentra en el exilio y el juez Xitumul está separado de su cargo, sin inmunidad judicial. El siguiente en la lista es el juez Gálvez, porque los flamantes magistrados de la CSJ, a excepción de la magistrada María Eugenia Morales, votaron a favor de darle trámite a la solicitud de antejuicio en su contra, promovida por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo. El guion de odio se repite contra un juez probo.

El 17 de mayo pasado, Gálvez solicitó a la CSJ que le otorgara medidas de protección y garantías a su independencia judicial, luego de haber sido objeto de amenazas y coacciones. Las intimidaciones aumentaron después de que este juez resolvió enviar a juicio a nueve militares implicados en delitos de lesa humanidad cometidos contra 183 víctimas entre 1983 y 1985. El juez señaló que una de las personas que lo hostigaba era Méndez Ruiz, quien en un tuit publicó lo siguiente: “Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la @FCTGuatemala lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista. Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Érika Aifán. Empeño mi palabra en eso”. El MP y la CSJ volvieron a guardar silencio frente a esa amenaza directa, que en cualquier otro país hubiera significado por lo menos una investigación penal.

El 20 de mayo, en una entrevista con Prensa Libre, el juez lamentó que sus denuncias y petición de apoyo hubieran caído en saco roto por la falta de pronunciamiento de los magistrados de la CSJ. O sea, ni siquiera hubo la más mínima solidaridad gremial por alguien que le ha dado prestigio a la justicia guatemalteca. La realidad era otra. Los magistrados de la Corte preparaban el ataque final contra Gálvez. El 15 de junio dieron a conocer que le daban trámite a la petición de antejuicio promovida nada menos que por Méndez Ruiz. Entonces, se entiende que el Organismo Judicial ya dejó de ser un ente que imparte justicia en forma independiente y que los más altos magistrados sirven a una agenda ligada a estructuras criminales. Esto es muy grave porque en el caso contra el juez Gálvez se observa cómo los magistrados dejaron sola a la víctima y le dieron la razón al victimario. Lo mismo que ocurrió con los jueces Aifán y Xitumul.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe reciente se pronunció por las amenazas contra la vida e integridad física de los jueces de mayor riesgo, y con sus familias, así como hechos de hostigamientos sistemáticos en redes sociales. Pero qué se puede esperar de una CSJ integrada por magistrados que se mantienen como tales de forma ilegal, ya que desde el 2019 tuvieron que haber entregado sus cargos. Para entender por qué actúan a favor de las estructuras paralelas hay que recordar el origen espurio de estos magistrados, quienes fueron seleccionados por Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, en una suite del Hotel Vista Real. Esa es la razón de que en cuatro ocasiones hayan desestimado una solicitud de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, pese a las evidencias en su contra, y sí aceptaran retirarle la inmunidad al juez Gálvez, por cumplir con su trabajo. Es obvio, desde la CSJ se conspira para eliminar a los jueces probos y dejar el camino libre a las mafias.