6de mayo 2022: el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, decidió enviar a juicio a nueve personas —entre policías y militares retirados de alto rango— por el caso del Diario Militar. El MP les acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad en contra de 183 personas entre los años 1983 y 1985.

El Diario Militar es un documento de inteligencia del ejército que salió a la luz pública en 1999 y que contiene los nombres y fotografías de personas que fueron detenidas-desaparecidas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado. Entre las víctimas se encuentran profesores universitarios, estudiantes, sindicalistas y líderes políticos. La autenticidad del documento fue certificada por varios especialistas, entre ellas la analista del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kate Doyle.

En 1999 las familias de las personas que aparecen en el Diario Militar presentaron el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Trece años después, en el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Guatemala realizar “investigaciones diligentes” para dar con el paradero de las víctimas y juzgar a los responsables. En mayo del 2021, transcurridos 9 años de esa sentencia, el MP solicitó las órdenes de captura para llevar ante la justicia a quienes habrían ordenado o participado en estos graves delitos. La misma noche en que el juez Gálvez dictó la resolución en la que envió a juicio a 9 de los sindicados, se intensificaron las amenazas en su contra. Según denunció, recibió llamadas intimidatorias, fue seguido por distintos vehículos e incluso hubo vigilancia afuera de su vivienda. “Si en los ochentas mataron, en el 2022 es el exilio”, sostuvo. (Plaza Pública, 12/5/22)
7 y 8 de mayo 2022: durante ese fin de semana se desató una fuerte campaña de redes en contra del juzgador. “Es su turno”, se le advertía. Una de las imágenes que circuló es una composición en donde están las fotografías de varios de los fiscales y jueces que se vieron forzados a salir al exilio, todos con una “X” encima. “Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán”, se lee en uno de los tuits.

15 de mayo 2022: ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el juez Gálvez presentó un memorial en el que señala que ha sido víctima de ataques, hostigamiento y coacciones que atentan en contra del ejercicio de su función jurisdiccional. “Resulta necesario que la Honorable Corte ante tales hechos tome las medidas que considere adecuadas para evitar que continúen las acciones intimidatorias e interferencias a la función jurisdiccional que desempeño actualmente”, se lee en el escrito. Sin embargo, hasta hoy no ha obtenido ninguna respuesta.

20 de mayo 2022: el jefe de información y prensa del MP informó que el 11 de mayo, la Fundación Contra el Terrorismo presentó una denuncia contra el juez Miguel Ángel Gálvez por el delito de prevaricato. La misma se asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos para continuar con su trámite. (La Hora, 21/5/22)

15 de junio 2022: en menos de 30 días, la CSJ dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio y nombró a Sonia Santizo, vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, como jueza pesquisidora. “A mí no se me está amenazando como Miguel Ángel Gálvez, a mí se me está amenazando en mi función de juez”, declaró en entrevista a Guatevisión. La velocidad con la que avanzó la denuncia contra Gálvez contrasta con los 22 años que las familias del caso Diario Militar debieron esperar para que un tribunal guatemalteco conociera su causa y con el silencio de la CSJ ante las denuncias del juez de que se está atentando contra su independencia. Cabe entonces preguntarse: ¿quién manda en la justicia?