Son los pequeños agricultores de infra y subsistencia los más vulnerables, que agotaron su reserva de alimento y tienen escasa posibilidad de invertir para una próxima cosecha, si logran sembrar los efectos del cambio climático hacen difícil que la tierra dé fruto.
Pero la crisis también alcanza a los pequeños comerciantes informales que han tenido dificultades para trabajar. El incremento del precio de los productos de consumo y principalmente de los granos básicos afecta el acceso de las familias a alimentos. Echar mano de ahorros y la venta de sus pertenencias son algunas estrategias que implementan para sobrevivir.
Son 4 millones de guatemaltecos los que están en fase 3, que tienen una ausencia crítica y acentuada en la disponibilidad de alimentos, niveles de malnutrición elevados y agotamiento de recursos. Mientras que 552 mil están en fase 4, con una falta grave de acceso a alimentos con excedente de mortalidad, malnutrición elevada y despojo irreversible de activos. Es decir, que el 26 por ciento de la población está enfrentando inseguridad alimentaria aguda.
Los departamentos con mayor proporción de hogares en Fases 3 y 4 son Alta Verapaz, Izabal y Petén (36 por ciento), Totonicapán (34), Quiché y Huehuetenango (33), Chiquimula y Sololá (30), según el informe del CIF, que entre las recomendaciones plantea intervenciones dando prioridad a población con ayuda humanitaria y otras acciones a fin de “proteger los medios de vida y reducir las brechas de consumo de alimentos en los hogares”.
Presupuesto deficiente
El Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasan) programa las acciones gubernamentales que cada año se implementan para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en el país.
Al 15 de junio de este año este tenía un presupuesto vigente de Q5 mil 964 millones, luego de una reducción de Q118 millones. Para esa fecha la ejecución era del 43.40 por ciento.
Es el Ministerio de Educación (Mineduc) el que tienen la mayor asignación de recursos, con Q2 mil 973 millones que se focalizan en el programa de Escuela saludable, que destina el 98.8 por ciento del presupuesto al servicio de alimentación escolar de preprimaria y primaria. Tiene una ejecución por arriba del 56 por ciento.
Mientras que Salud cuenta con Q1 mil 881 millones distribuidos en distintos programas que se enfocan en provisión de servicios básicos de salud y nutrición, promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria, además de agua y saneamiento.
Entre esta asignación se redujo Q2 millones 9 mil 739 a la suplementación con micronutrientes a mujeres en edad fértil, a la atención de recién nacido y neonatos y acceso a métodos de planificación familiar. Mientras que a la dotación de micronutrientes a menores de cinco años se le restó 16.1 millones, acción que es necesaria para el combate a la desnutrición, y solo ha ejecutado el 7.12 por ciento.
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) tenía, al 15 de junio, un presupuesto vigente de Q600.4 millones para la prevención de la desnutrición aguda como parte del programa de Atención a población vulnerable en inseguridad alimentaria, pero le quitaron Q27 millones 665 mil que se utilizaría en transferencias monetarias condicionadas para alimentos y en los comedores sociales.
Otro de los involucrados en atender la seguridad alimentaria es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) que para tal fin tiene Q263.9 millones distribuidos en varias acciones como asistencia y dotación de alimentos para prevenir la desnutrición aguda, mejoramiento de los ingresos y la economía familiar. Además de apoyo a la producción local, donde se le restó 1.4 millones a la asistencia por vulnerabilidad alimentaria, cerca de la mitad de lo que tenía asignado, y que hasta el 15 de junio la ejecución estaba en cero; en tanto que en la promoción de la agricultura sensible a la nutrición y fomento de huertos se le quitó Q59.9 millones de los Q120.6 millones que tenía al comienzo del año, y la ejecución tan solo llega al 24.12 por ciento.
Los otros ministerios que cuentan con presupuesto para atender la población vulnerable es el de Economía, de Trabajo y Previsión Social, Ambiente y Recursos Naturales, además de la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).
De acuerdo con Jorge Pernillo, coordinador del Observatorio de Derecho a la Alimentación y Nutrición (ODAN) y catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana (UPANA), el presupuesto para la seguridad alimentaria y nutricional que se detalla en el Poasan tiene una lógica, estructura y es coherente para responder a las recomendaciones internacionales sobre las acciones específicas y sensibles a favor de la nutrición basadas en evidencia, pero todos los años se asigna a cada ministerio y secretaría fondos para abordar la problemática sin evaluar los alcances y efectos del trabajo que realizan, de hacerse permitiría ajustar las inversiones hacia dónde realmente se necesitan.
El Mineduc, por ejemplo, tiene un presupuesto destinado a la alimentación escolar, que “es un programa para mitigar el hambre, no para prevenir la desnutrición”, como lo ve Pernillo. Una de sus bondades es que al menos el 50 por ciento de los productos que se entrega a los estudiantes, las organizaciones de padres de familia deben comprarlo a productores locales, lo que daría un respiró a la economía local. El inconveniente es que con la pandemia el monitoreo del cumplimiento de esta acción no ha sido riguroso.
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La asignación al Ministerio de Salud para atender las causas inmediatas de la malnutrición sigue sin ser suficiente, más con las necesidades que generó la pandemia, si bien tiene un programa específico para centrarse en la problemática -el programa 14- las brechas de cobertura continúan, prueba de ello es que al 11 de junio se reportaba 10 mil 93 casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda y 11 fallecidos por esta causa.
Mientras que el MAGA debería atender las acciones sensibles a la nutrición las metas y alcance son bajos. “Consideran que la inseguridad alimentaria únicamente se trata con la entrega de alimentos, que si bien es importante para mitigar el hambre de esas 4.6 millones de personas, no tienen capacidad para identificar y focalizar a las personas que más lo necesitan y siempre la asistencia llega fuera de tiempo de escasez”, dice Pernillo.
En el caso de la asignación presupuestaria del MIDES parece alta, sin embargo, lo que realmente llega a los municipios vulnerable es poco. Se redujo a las transferencias monetarias, pese a que es el quehacer principal de la cartera.
“El riesgo alimentario-nutricional tiene que ser tratado desde la prevención y no solamente visto como la respuesta a la emergencia”, agrega el coordinador del ODAN.
