El estudio revela que 314 gobiernos locales de 340, equivalente al 92 por ciento, obtuvieron calificaciones “bajas” y “medias bajas” al medir la prestación de servicios públicos.
Entre los indicadores que se tomaron en cuenta están la gestión de los mercados, porcentajes de cobertura del servicio de agua en viviendas y su control de calidad. También el tratamiento de aguas residuales, residuos, desechos sólidos y su disposición final, entre otros.
Los únicos dos municipios que figuran con una puntuación “media alta” son la Ciudad de Guatemala y Salcajá, Quetzaltenango.
La Segeplan concluye que no se está garantizando el funcionamiento eficaz, seguro y continuo tanto en áreas urbanas como rurales de los servicios públicos.
Keila Gramajo, jefa de la Segeplan, dijo que uno de los factores que afecta está el hecho de que a las municipalidades se les dificulta cobrar por los servicios municipales, lo cual afecta la calidad de estos.
“¿Cómo lo leemos desde Segeplan? Hay una alta responsabilidad de la población en general porque existe una presión en los alcaldes por no incrementar la calidad del servicio con tal de no pagarlo. Los alcaldes prefieren no mejorar la calidad por no cobrarlo. (…) Reclamamos que el agua no llega, pero no pagamos tasas y arbitrios que esto conlleva. Hay una corresponsabilidad de la persona y de la municipalidad en asegurar servicio y que sea de calidad”, dijo Gramajo.
Además, otro aspecto a considerar es el hecho que el 70 por ciento de los alcaldes son nuevos y no tienen las capacidades que se requieren, ya que cuando se cambia de autoridades también se renuevan equipos técnicos de trabajo.
“Observamos cómo aquellos municipios que reeligieron autoridad tienen mejores capacidades porque obviamente ya hay capacidades instaladas y no se renuevan los equipos. La remoción de los equipos técnicos sí afecta en el cálculo de los indicadores porque hay cosas que las municipalidades vienen mejorando y se cae con el cambio de administración”, dijo Gramajo.
Descuidan tareas
El Ranking también evidencia que algunas municipalidades descuidan tareas fundamentales que, por su naturaleza, no generan réditos políticos a las autoridades de turno.
Por ejemplo, solo 292 municipalidades tienen aprobado un Plan de Desarrollo Municipal aprobado y de estas no todas lo han logrado implementar.
Además, 332 comunas de 340 no muestran avances en un plan de uso del suelo o reglamento de ordenamiento territorial. “Es evidente que un alto porcentaje del territorio nacional no da prioridad a temas estratégicos para la búsqueda del desarrollo de manera técnicamente sostenible”, concluye el estudio.
Lo anterior provocó que ninguna municipalidad alcanzara la categoría de media alta o alta en el Índice de Gestión Estratégica.
En cuanto al Índice de Gestión Financiera, solo un municipio se posicionó en la categoría media alta y el resto se ubican entre medio a bajo. En Información a la Ciudadanía, solo el 44 por ciento puntearon medio alto y alto, mientras que el resto está medio, medio bajo o bajo.
Este último índice se relaciona con la auditoría social que realiza la ciudadanía, ya que mide la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales y toma en cuento el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“El indicador aporta al cumplimiento del derecho de los vecinos de ser informados regularmente por el gobierno municipal acerca de los resultados de las políticas y planes municipales, y aporta a la obligación de las autoridades de rendir cuentas, como consta en el artículo 17 del Código Municipal”, dice el estudio.
Finalmente, en el Índice de Gestión Administrativa solo 28 municipios están en categorías altas y medias altas y en participación ciudadana fueron 150 gobiernos locales los que alcanzaron calificaciones medias altas y altas.
Temores
Recientemente el Congreso de la República ratificó el estado de calamidad que decretó el Organismo Ejecutivo, el cual permite a las instituciones públicas evadir procesos de licitación o cotización para agilizar compras y contrataciones que permitan atender el colapso de la infraestructura tras el paso de las últimas lluvias.
Uno de los temores que manifestaron diputados de oposición y tanques de pensamiento es el uso indebido de los fondos públicos que puedan realizar las instituciones como las municipalidades, principalmente si se toma en cuenta que estas no son eficientes para satisfacer la prestación de servicios públicos y de utilizar su presupuesto con visiones de largo plazo, como evidencia el estudio.
Al consultar al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), José Francisco Mejía, alcalde de El Jícaro, Progreso, aseguró que los resultados del ranking se deben en parte a que hay muchos alcaldes nuevos y también a que la pandemia afectó la capacidad de la ciudadanía para pagar servicios públicos.
“Hay mucho alcalde nuevo y por ende lleva su gente nueva que no tiene la capacidad que tenían otras personas, entonces el hecho de tener gente con poca experiencia automáticamente ha disminuido el ranking”, dijo Mejía.
