El libro de June Carolyn Erlick —quien dirige el centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en Harvard—, llamado Disappeared, a journalist silenced: The Irma Flaquer Story recuerda la represión contra quienes han escrito de forma crítica en tiempos crudos. Leyéndolo, percibo el pánico que les causa a las autoridades la agudeza de los textos directos. Lo que otros callan, se llamaba la columna de Irma Flaquer, a quien hace 32 años la desaparecieron por miedo a lo que decía.

Ahora, tras plantearse una cacería judicial contra jueces y fiscales, se dirigen sin pudor contra periodistas incómodos. Contar la realidad sin complacencia siempre ha sido un oficio de alto riesgo. Así como Flaquer, muchos más han sido asesinados o desaparecidos, encarcelados, desterrados, defenestrados.

Hay picos en que los periodistas reciben más ataques. Por decirlo de un modo, existen presidentes —o líderes— más intolerantes que otros, aunque la presión por lo que se publica se ha mantenido siempre, sobre todo desde el poder más férreo que se niega a ser interpelado. La prensa resulta una forma de ventilar lo que ocurre en las esferas más cerradas cuyas decisiones afectan la vida de los demás.

Esa opinión pública influida por los medios es relevante para los funcionarios, pues es capaz de darle fuerza a la gente para que se organice, exija mejoras, castigue con el voto o incluso proteste masivamente y logre renuncias.

En estas épocas regresivas, el aluvión proimpunidad ha logrado copar todas las instituciones, incluso la Universidad de San Carlos. Próximamente, la PDH pasará a ser parte de esta lista. A pesar de esto, los periodistas, aún con violentos ataques, no han sido maniatados.

Por eso, el calor aumenta para, por medio de amenazas judiciales y de encarcelamiento —cosas que ya se probó que se pueden hacer arbitrariamente—, puedan callar voces legítimas que aún iluminan este cuarto helado en el que se ha convertido Guatemala.

Ahora resulta que grabar a alguien —en el ejercicio de la labor periodística— que se encuentra en prisión es un argumento “legal” para justificar que esta persona siga en la cárcel, bajo el pretexto de que una publicación obstaculiza la averiguación de la verdad.

Esto argumentó el juez Sergio Mena cuando negó la medida sustitutiva a la fiscal de la Feci Virginia Laparra, basándose en que —en un enorme sinsentido— el medio Agencia Ocote la entrevistó en un podcast. Me pregunto: ¿cuántas entrevistas concedieron Byron Lima y Otto Pérez desde prisión?

El juez Mena no solo manipuló las leyes con el fin de intentar “culpar” a la prensa por refundir por más tiempo a Laparra —quien claramente sufre una venganza por haber dirigido casos importantes—, sino que ordenó al MP investigar a los responsables de haberla grabado. Es decir, abiertamente emitió un fallo entorpeciendo el trabajo periodístico bajo un claro acto de criminalización.

Este es un ejemplo de los muchos que se han dado recientemente. Ocurrió con La Hora, elPeriódico, Plaza Pública, Prensa Libre, Prensa Comunitaria, Artículo 35, corresponsales internacionales, muchas radios comunitarias, entre otros. Contra estos medios se ha utilizado la amenaza del derecho Penal para advertirles de que, de continuar publicando, podrían terminar en prisión.

A los corruptos les interesa implantar falsas narrativas. Por eso invierten tanto en netcenters para esparcir mentiras que puedan justificar la embestida que están haciendo, cuyo único fin es sentar un precedente para que en Guatemala nunca más vuelva a existir justicia; para eso necesitan arrollar a la disidencia —en cuenta a la prensa independiente— y así consolidar un paraíso autoritario.