“Somos seres económicos y simbólicos. Empezamos escribiendo inventarios, y después invenciones (primero las cuentas; a continuación los cuentos)” dice Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco. Esto me recuerda una conversación sostenida entre una alta funcionaria internacional y mi persona, luego de que el general Otto Pérez Molina ganara la presidencia que iniciaría el 14 de enero del 2012.

Yo sostenía que sentar a un militar en el más alto cargo de poder, apenas 16 años después de la firma de los Acuerdos de Paz representaba, simbólicamente, un golpe bajo a la incipiente democracia guatemalteca y una reconfiguración a futuro, no solo del imaginario social que entonces buscaba distanciarse de la lógica maniquea que había definido el conflicto armado interno, sino también de un Ejército que en tiempos de paz debía reducirse. Además, sabíamos que Pérez no era un militar cualquiera, sino uno con vasto y cuestionable pasado. Ella consideró que yo exageraba y que, particularmente, la dimensión simbólica ni siquiera debía ser considerada.

Diez años después, Guatemala es un Estado totalmente decadente, perverso, polarizado, corrupto, violento y extorsionador en esencia. Tenemos los tres poderes secuestrados por alianzas mafiosas que ya no se rigen por nada más que por dinero e impunidad; partidos que más parecen corporaciones mercantiles jugando al bingo en el Congreso; elecciones fraudulentas en la única universidad pública del país, en las Cortes y el Ministerio Público, que vaticinan lo que sucederá en la ya adelantada campaña electoral 2023. Tenemos un Ejército vitaminado y reconstituido, tomando el control de varias instancias estatales y con más presupuesto cada vez; gobiernos que abandonan a la niñez y adolescencia y las dejan sin educación, salud, oportunidades o entornos seguros. Tenemos a los grupos criminales cobrando su cuota de violencia y muertes cotidianas, mientras el dinero de las remesas es lo único que de verdad salva a la ciudadanía guatemalteca de una desesperación profunda. Mientras, los líderes de algunas Iglesias solidarias con el pacto de corruptos, cuidan lo simbólico y las creencias, haciendo apología de los bienes de salvación y ofreciendo vida eterna en el más allá a todo aquel que tenga fe y ciega obediencia. Seres económicos y simbólicos.

Cuando hablo de un Estado en esencia extorsionador, no hablo solo de las pandillas y maras que extorsionan a la ciudadanía común. Hablo también del pacto de corruptos que arrodilla a Guatemala. Hablo de los tiburones que no se cansan de morder y salpicar, y de los financistas que no se cansan de aceitarles los colmillos. “Extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”, define la Real Academia Española. En el artículo 261 de nuestro Código Penal se señala sobre extorsión “quien, para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero alguna con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligue a otro a entregar dinero o bienes; igualmente cuando con violencia lo obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho…”.

Todos los días, funcionarios públicos son presionados para actuar de determinada manera con el fin de complacer a los grupos de poder; todos los días los corruptos se benefician de extorsionar a quienes no lo son. En lenguaje jurídico, las leyes y las condenas no previenen los delitos, sino lo hace la certeza de las consecuencias legales. En Guatemala, la única certeza que existe es la de extorsionar, de transgredir las normas y apropiarse como sea de lo que sea, desde los bienes, las leyes y las vidas, hasta los cuerpos.