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Caso la Línea: Penas, multas e implicados tras 6 años del juicio contra exfuncionarios del gobierno de Pérez Molina y Baldetti
El Tribunal B de Alto Impacto está a cargo del desarrollo del juicio por el caso de La Línea y fijó que tres días de cada semana para que se lleven a cabo las audiencias.
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti enfrentan acusaciones en el caso La Línea. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Se calcula que durante este mes se llegue al final del juicio del caso La Línea. El Tribunal B de Alto Impacto está a cargo del proceso y tres días de cada semana los ocupa para las audiencias.
La Línea podría ser el caso más emblemático de la historia reciente del país. Logró algo inédito: provocar la renuncia de los dos más altos funcionarios del Gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti durante el 2015, el último año del gobierno del Partido Patriota.
Durante siete años el proceso penal de La Línea ha enfrentado una serie de estrategias dilatorias, apelaciones, amparos, recusaciones y otros recursos legales que han presentado los abogados de los 28 sindicados.
Junto al exbinomio presidencial se encuentran exfuncionarios de Gobierno, quienes son señalados de integrar una red ilícita que habría operado en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.
Unos 30 mil folios conforman el expediente judicial del cual se apoya la acusación del Ministerio Público, con medios probatorios que evidencian que en las oficinas fronterizas existían personas particulares que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos a cambio del pago de una cuota ilegal que le denominaron “cola”.
La complicada investigación es sustentada por 50 mil interceptaciones telefónicas, las cuales son consideradas como uno de los medios probatorios más importantes en el proceso. Además, hay 1 mil 516 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS), que según las averiguaciones fueron alteradas por la red y otros 322 medios de prueba con los cuales la fiscalía deberá demostrar la implicación y culpabilidad de 30 acusados.
De las penas a imponer
De acuerdo con el Código Procesal Penal, la Ley de Delincuencia Organizada, Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, los 28 señalados de integrar la agrupación de defraudación aduanera podrían recibir penas que van desde los ocho hasta los 28 años de prisión y multas de hasta Q500 mil.
Figuran como supuestos lideres de la estructura criminal Pérez Molina y Baldetti, ambos señalados de haber incurrido en defraudación aduanera, enriquecimiento y asociación ilícita; por estos tipos penales se les podría imponer 28 años de cárcel y una multa de Q500 mil, de acuerdo con el castigo máximo contemplado en la ley según los delitos de los que se les acusa.
La misma pena podría ser impuesta a los empresarios que son señalados de integrar una estructura externa de nivel medio: Osama Azziz Aranki, Byron Izquierdo, Francisco Javier Ortiz, Miguel Lemus Aldana, Julio Aldana Sosa y Julio González de León.
Mientras que los exsuperintendentes de Administración Tributaria, Carlos Muñoz y Omar Franco, el exintendente de Recaudación, Claudia Méndez Ascencio y extécnicos aduaneros podrían ser condenados desde ocho hasta 28 años de cárcel y una multa de Q500 mil.
Otros mandos que según la Fiscalía eran parte de la estructura, pero de rango medio y bajo, entre ellos el exsecretario general del Sindicato de la SAT, el exjefe de división, exadminstrador de Puerto Quetzal, de Aduana Central y excoordinador de aduanas, de ser declarados culpables podrían purgar de 18 a 28 años de prisión. Las multas oscilan entre Q50 mil hasta los Q500 mil.
La ley contempla un agravante y el castigo podría duplicarse para quienes cometieron los hechos delictivos siendo funcionarios, trabajadores y agentes aduaneros, pero dependerá de la solicitud que realice el Ministerio Público al Tribunal.
Así operó
Los importadores o sus tramitadores debían comunicarse a un número de teléfono que les proporcionaban los integrantes de La Línea. Vía telefónica negociaban el ajuste al impuesto que debían declarar en el formulario de mercancía.
Los miembros externos de la estructura eran los encargados de administrar el teléfono y los trabajadores, miembros de la estructura interna, se encargaban de los trámites en las aduanas, de acuerdo con el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Aníbal Argüello, que aportó detalles durante el juicio. Ahí detalló que la red ilegal operaba desde el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015.
Estos grupos eran controlados por Juan Carlos Monzón, a quien se identifica como el jefe o líder operativo de todo el grupo. Después de él se encontraba Salvador González y luego el resto de implicados.
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