Es iluso afirmar que la actual crisis penitenciaria se va a solucionar con la construcción de una sola prisión de máxima seguridad, cuando queda claro que persiste el descontrol en dicho sistema, que los centros de detención son permeables a ilícitos y que ni siquiera se han puesto en marcha soluciones previas, como la implementación del brazalete electrónico o la transformación institucional del sistema de cárceles, anunciadas por el actual gobierno durante la campaña electoral.

Aunque fue exministro Gendri Reyes quien retomó la idea, suscita dudas la prisa por acelerar la adjudicación del proyecto del nuevo penal en Masagua, Escuintla, a un oferente único. Es posible tratar de justificar ante los contribuyentes la necesidad de un centro de detención para hombres a un costo de US$87.9 millones. Lo que resulta complicado, inviable y sospechoso es forzar argumentos para adjudicarlo a una compañía sobre la cual pesan señalamientos de corrupción por incumplimiento de obras, suspensión de proyectos, juicios mercantiles e indicios de posibles nexos de uno de sus directivos con Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente hondureño, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Dos empresas respondieron al concurso de licitación lanzado por el Ministerio de Gobernación y presentaron sendas ofertas. Sin embargo, una de ellas quedó fuera debido a la falta de una copia del poder de representación de asociación, un requisito que pudo haber sido subsanado con un sencillo trámite burocrático, al menos para conocer y comparar las propuestas de costos. Pero la junta licitadora, en cambio, decidió abrir solo una de las ofertas y descartó la otra, sin mayor explicación.

Existen alternativas que aún no se ponen en marcha dentro del Sistema Penitenciario para desfogar las cárceles, que es uno de los objetivos esgrimidos por la cartera para justificar la premura. Una de ellas es la implementación del brazalete electrónico, sistema cuya ley ya existe pero cuyo equipo lleva repetidos intentos de compra sin concretar. Se desconoce si se trata de simple ineficiencia o si median en este incumplimiento intereses de allegados gubernamentales que buscan obtener réditos de esta u otras transacciones.

Tampoco se ha emprendido una transformación organizacional y depuración institucional del personal de los centros de detención de todo el país, con el fin de frenar el ingreso de ilícitos, desde teléfonos hasta drogas, que se siguen hallando en cada requisa. En otras palabras, es preciso hacer seguras todas las prisiones y no solo una o dos. En un plano de Estado, también debería ejecutarse un proceso de revisión en el Organismo Judicial sobre cumplimiento de condenas y el avance de juicios, pero ello también es bastante improbable, dado que le ocupan más otras agendas.

El fraude de la cárcel de alta seguridad Fraijanes II, construida en el 2009 sin llenar los requisitos necesarios para su propósito original dejó una dura lección. Varios funcionarios, incluido un exministro de Gobernación, fueron declarados culpables y con ello está vigente la advertencia de los peligros de una asignación discrecional. En otras palabras, si solo hay un oferente, el concurso debe repetirse. Si ya perdieron dos años y medio, bien podrían usar dos meses más para relanzar la licitación o evaluar si sigue en pie el ofrecimiento que hizo la república de Taiwán, en el 2011, de donar un centro de detención para reclusos de alta peligrosidad que solo iba a costar US$10 millones. Claro, si lo que interesa es la seguridad y no los vueltos.