La reforma policial que ha quedado escrita en papel

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, nació la necesidad de crear una institución civil y democrática que se hiciera cargo de la seguridad ciudadana, una tarea que antes estuvo a cargo del poder militar.

“Es necesario e impostergable la reestructuración de las fuerzas policíacas existentes en el país en una sola Policía Nacional Civil que tendrá a su cargo el orden público y la seguridad interna”, se estableció en los Acuerdos de Paz.

De esa cuenta, en 1997 se promulgó la Ley de la PNC, pero la institución nació con desafíos que hasta hoy persisten.

“Los problemas se arrastran casi de origen. Entonces empiezan a surgir voces que denuncian el abandono de la institución. Se planteó la profesionalización y dignificación de los agentes y oficiales. Se planteó una reforma policial para que la PNC respondiera a los preceptos constitucionales porque esto aseguraría la seguridad ciudadana”, explica Andy Javalois, consultor jurídico de la Fundación Myrna Mack.

De esa cuenta, en 2010, durante el gobierno del expresidente Álvaro Colom, se creó al Comisión Presidencial para la Reforma Policial, instancia en la cual se plantearon diversas reformas al régimen disciplinario, al modelo de investigación criminal, fortalecimiento de inspectoría general, reclutamiento de personal, profesionalización de los agentes y dignificación de la policía, entre otros.

Sin embargo, estos planes nunca se lograron concretar por falta de voluntad política, lamenta Javalois.

“No ha habido voluntad política. Los gobiernos de turno, desde la creación de la institución hasta el presente, han mal gestionado estas propuestas de mejora a la institución y, algunos más otros menos, la han dejado casi en el abandono”, expresó.

La comisión estuvo vigente ocho años y desapareció luego de que Enrique Degenhart, exministro de gobernación durante el gobierno de Jimmy Morales, decidiera no renovar el acuerdo que le dio vida.

La transformación policial

Actualmente la PNC tiene una “estrategia de transformación policial” cuyo propósito es “alcanzar niveles superiores de efectividad, legitimidad y reconocimiento, mediante el fortalecimiento de procesos orientados a transformar una institución con capacidades de prevenir e intervenir los factores que afecten a la seguridad pública”.

Esta gira sobre cinco ejes:

1. Fortalecer las competencias y aptitudes para el desarrollo de los servicios de seguridad pública
2. Institucionalidad y organización
3. Garantizar controles internos
4. Dignificación policial
5. Infraestructura y movilidad
6. Tecnología e innovación

Sin embargo, la PNC reconoce algunos desafíos para implementar esta transformación, que pasan por la resistencia al cambio, el presupuesto limitado, la organización y despliegue y una doctrina policiales dispersa y descontinuada.

César Roquel, jefe de la Unidad de Planificación Estratégica de la PNC, explica que en el proyecto de presupuesto para el próximo año se incorporaron las prioridades que existen para la transformación policial y esperan que estas sean tomadas en cuenta por parte del Congreso de la República para lograr un aumento de recursos.

“Se han incorporado las acciones que se contempla realizar para el 2023 en el proyecto de presupuesto que se finalizó en julio y esperamos que cuando esté aprobado el presupuesto por parte del Congreso de la República se haya logrado el incremento de nuestro presupuesto para avanzar más rápido en la ejecución de los procesos que requieren recursos”, dijo Roquel.

Asimismo, comentó que hay una serie de actividades que la policía ha realizado para que el trabajo de sus agentes sea respetuoso de los derechos humanos.

“Hemos fortalecido los procesos de profesionalización. Tenemos tres procesos definidos que son los de formación, capacitación y especialización. Estos tres procesos se llevan a cabo en la Academia de la Policía, Escuela de Especialidades, Escuela de Formación de Oficiales y Escuela de Estudios Superiores de Policía. En cada uno de los centros educativos los derechos humanos son ejes transversales y están incluidos en cualquier tipo de asignatura”, explicó Roquel.

Errores

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), explica que en los últimos gobiernos ha habido una tendencia por militarizar las tareas de seguridad ciudadana a través de los patrullajes combinados que se realizan entre la PNC y elementos del Ejército.

Esto supone un retroceso y una incoherencia, puesto que en los Acuerdos de Paz quedó estipulado que en una sociedad moderna la seguridad ciudadana debía estar supeditada al poder civil.

“El hecho que actualmente se hable de transformación policial y se hagan nuevamente patrullajes conjuntos con Ejército me parece incoherencia en relación con todos planes de fortalecimiento. Este tipo de acciones no ayudan a la seguridad, ni a la policía ni al propio Ejército”, dijo Asturias.

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En ese sentido, se debe advertir que todos los gobiernos han destinado presupuestos millonarios al Ministerio de la Defensa (Mindef) para seguridad interior. Actualmente, la institución castrense tiene dentro de sus programas el de “seguridad interior y exterior”, para el cual se le asignó un presupuesto de Q28 millones 113 mil para “apoyo interinstitucional” con la PNC.

En 2019, el último año del mandato de Jimmy Morales, se le asignaron al Ejército Q78.5 millones para este fin para “prevenir hechos delictivos contra el patrimonio” y en 2015, al finalizar el período del expresidente Otto Pérez Molina, este mismo programa tenía un presupuesto de Q261 millones.

“Lamentablemente vemos que las autoridades tienen más una tendencia de militarizar por la mentalidad que tienen los grupos que dirigen las instituciones. Creen que ese modelo es adecuado, pero si lo que se quiere es fortalecer la seguridad, debemos volver al concepto de civilidad las tareas de seguridad ciudadana. No se debe pervertir ni militarizarla”, explicó Asturias.