Al preguntarle sobre los riesgos del presupuesto 2023, advirtió que “no pasará” -que no será aprobado-, pero aclaró que se hará lo posible de entregar “un buen proyecto de gasto”, y se ofrecerán todas las explicaciones para resolver las dudas de los diputados.
“Claramente sabemos que es un año electoral; políticamente, en los años preelectorales también es complicado que se apruebe un presupuesto. Independientemente de eso, lo que nosotros establezcamos y entreguemos como Finanzas es la ruta en la que se trabajará el próximo año y lo ideal es contar con un programa”, destacó.
Consultados los diputados Carlos Barreda y Édgar Batres, coincidieron en que todo señala a que el presupuesto 2023, difícilmente sea conocido y que, en parte, responde las ampliaciones realizadas en el primer semestre del año, en el sentido de que el techo ampliado ya es de Q112 mil millones, lo que estaría bien para el Gobierno.
Esto, porque el presupuesto vigente les permitirá hacerle frente al año electoral de una manera cómoda y con márgenes de maniobras, aseguraron los parlamentarios de oposición.
¿Habrá plan B?
Al insistir con el funcionario cuál sería el plan alterno, respondió que es lo que indica la normativa, es decir, aplicar el presupuesto vigente, pero con la experiencia del equipo técnico, así como las líneas de trabajo para la ejecución del próximo ejercicio.
El presupuesto original que aprobó el Legislativo en noviembre del 2021 sumaba Q106 mil 229 millones, pero en el transcurso del año, los diputados han realizado una serie de maniobras entre modificaciones y ampliaciones, que según el Sistema de Contabilidad Integrada del Estada (Sicoin), totalizan Q6 mil 103 millones, hasta el momento.
Las modificaciones más importantes beneficiaron al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con Q3 mil 562 millones, y al Ministerio de Energía y Minas con Q2 mil 593 millones, por lo que el presupuesto vigente es de Q112 mil 33 millones, según Sicoin, y si el Congreso no lo entra a conocer, este sería el monto para el ejercicio fiscal 2023.
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Esto incluiría unos Q12 mil 500 millones de deuda bonificada, que, según González Ricci, sería menos de Q3 mil millones al 2022, luego de hacer un cambio de fuente de financiamiento por la aprobación de un préstamo por US$500 millones (Q3 mil 500 millones), que también avaló el Congreso, a propuesta de la banca oficial y diputados aliados.
Ejecución de cierre
El funcionario adelantó que, para el cierre del presupuesto vigente, la ejecución (gasto efectivo) será de 94% a 95%, debido a la adjudicación de los proyectos del CIV los fondos de emergencia.
Hasta ayer, el Sicoin indicaba que la ejecución es del 49% con un gasto de Q56 mil 137 millones, y que, en julio, sube el monto por el pago del bono 14 a los trabajadores del sector público y clases pasivas.
Maniobras y previsiones
- En el primer semestre del año, el Congreso aprobó una ampliación del plan de gastos equivalentes al 5.6% del total, que elevó el techo de Q106 mil 229 millones hasta los Q112 mil millones.
- Ese organismo también aprobó un préstamo por US$500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), así como la facultad a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) para que ejecuten en el 2023, los fondos que no puedan utilizar este año en los avances de las obras a su cargo.
- Con base en un estado de Calamidad, también se aprobó una transferencia de Q1 mil millones para el Fondo de Emergencias por los estragos causados por las lluvias hace algunas semanas.
- En agosto continuarán los talleres de Presupuesto Abierto, para afinar los montos de los techos para los diferentes ministerios, escenarios macroeconómicos, fiscales, contratación de nueva deuda pública y riesgos de gastos para el 2023.
- Por ley, el 2 de septiembre se debe presentar al Congreso el anteproyecto del presupuesto, o sea la versión final. El Congreso tendrá hasta el 30 de noviembre para conocer, aprobar o improbar el plan de ingresos y gastos para el siguiente año.
- En junio del 2023 se realizarán las elecciones generales para presidente, alcaldes y diputados, luego de la convocatoria que realizará el Tribunal Supremo Electoral en enero próximo.