La captura de José Rubén Zamora, la forma como fue realizada, los motivos esgrimidos demuestran con claridad el inicio foral de una guerra no solo contra él y elPeriódico, sino contra Guatemala y el derecho ciudadano de beneficiarse de la labor de la prensa independiente. El fiscal Curruchich está dispuesto a utilizar con mala intención elementos legales válidos como la reserva de un caso y así impedir a los abogados defensores prepararse para sus tarea de desvirtuar acusaciones de los supuestos o inexistentes delitos. Explicar con caradura e indignidad totales, no al periodismo crítico como el verdadero motivo, sino a las actividades empresariales y a lavado de dinero, porque “el gobierno respeta la libre emisión del pensamiento” —como lo hace Ortega en Nicaragua—.

Lo ocurrido es claro. Las hostilidades ya están abiertas y descaradas contra la libre emisión del pensamiento, la libertad de prensa y el derecho de crítica. Son el afianzamiento de una dictadura, junto con la cooptación de la Justicia, del Congreso y del Tribunal Supremo Electoral. Ya comenzó la multiplicación de los ataques anónimos de los netcenteros y de la divulgación, con el fin de victimizar al mandatario. Se divulgó una nutrida balacera en un cerro de Huehuetenango, pocas horas después desmentida por el propio Ejército. Lo hicieron medios oficialistas y también personas a quienes por razones personales les alegra, pero no lo admiten, participar en una defensa oficiosa indefendible sin ver más allá y creyendo equivocadamente librarse así de iras posteriores.

La burda decisión del viernes —carros del MP sin placas, numerosos policías con armas de un calibre como para enfrentar a brigadas castrenses— provocó la reacción inmediata de las disímiles Conferencia Episcopal y el Cacif, este último con la decisión de referirse a temas extraeconómicos, no solo empresariales. Y se explica: basada en este tipo de acciones pone en riesgo a todo el sector privado de cualquier nivel. Debe mencionarse porque ya es una prueba de cómo la sociedad guatemalteca comienza a despertar. La Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplieron con su deber y ello evidencia cómo de nuevo el gobierno falló en sus decisiones absurdas, precipitadas y tontas.

La reacción hepática oficial es consecuencia directa del artículo La fábula del ogro y del principito azul que lo quería todo, en el cual se utiliza la burla, forma efectiva y contundente para enfurecer a gente insegura con problemas de personalidad. Fue contraproducente: causó la nueva publicación de ayer en elPeladero, también reproducida en redes sociales, y con eso traspasó las fronteras. Se comprueba una vez más la incapacidad de la afectiva pareja dictatorial guatemalteca, copia de la nicaragüense, donde también el mando real no lo ejerce el electo para ser mandatario. Ya es un trastorno total, con negación de la incómoda realidad producida por la concatenación de decisiones absurdas causantes de la actual pésima imagen del país en el extranjero.

La población debe tener claro: lo publicado por los medios comprometidos y oficialistas debe ser visto como mentira, así como el contenido de los mensajes enviados por netcenteros, por lo cual no se debe caer en el papel de tonto útil y de cómplice al reenviarlos. Esta vez también se cumplió: los familiares —el suegro y los niños de corta edad, nietos de Zamora, ciudadanos estadounidenses, y su esposa— se convirtieron en víctimas inocentes. Esta es una batalla de todos para salvar el derecho ciudadano a opinar y a vivir en democracia, cuya actual ausencia hace inocente pensar todo esto en términos de corrección jurídica, cuando están inutilizados la justicia, los poderes del Estado y el ex TSE, y la Constitución de 1985 es un apolillado libro inútil.