“El seudoconstitucionalismo consiste… en que el Gobierno proclame lo que no es; consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es, un Estado absoluto, consiste en el engaño y la mentira”, nos dijo don Ferdinand Lassalle hace más de siglo y medio.

A un gobierno, de cualquier color, como los de Nicaragua, El Salvador y Guatemala les sirve señalar la vigencia formal de una constitución, aunque en la práctica los controles contemplados en el propio texto, funcionen para avalar abusos, anular garantías y libertades.

La solución, dicha también por Lassalle, en contra del seudoconstitucionalismo es quitar la careta, generar un esfuerzo colectivo para mostrar el engaño. Cualquier país con una constitución sabe, en teoría, su deber por controlar el poder para garantizar las libertades, si no hay control, es imposible vivir en libertad y acá no existen excepciones.

Los países centroamericanos, con la excepción habitual de los ticos, sabemos del abuso constante de quienes se proclaman virreyes cada período, sin embargo, como es lógico la degradación es cada vez más evidente y álgida. Nicaragua y El Salvador han sabido poblar sus Cortes y sus instituciones de control con verdaderos sumisos del poder. Guatemala, por su parte, es distinta, porque sus Cortes cumplirán 8 años y las vemos funcionar como veleta conforme los vientos de quien aparentemente manda.

Mencionar lo anterior era importante porque el Ministerio Público señaló contar con información sobre un presunto caso de lavado de dinero y activos en contra de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y el propio fiscal a cargo del tema señaló perseguirlo en su calidad de empresario y no periodista, por cierto en clara degradación de la labor empresarial.

A la fecha, el operativo de captura se realizó un viernes a las tres de la tarde, con algunos carros con placas tapadas o sin ellas; el allanamiento en la residencia de Zamora duró un par de horas pero estuvo retenido varias más hasta aparecer la orden de captura; las instalaciones de elPeriódico fueron allanadas y de hecho se obstaculizó su circulación el sábado 30; al momento de escribir estas líneas su abogado defensor no ha recibido copia del expediente; se señaló la inexistencia de motivos para entorpecer la labor periodística, pero las cuentas del Diario están embargadas.

Si un gobierno actuará contra uno de sus principales críticos, y tiene un caso sólido, no debe hacerlo con prácticas de órganos clandestinos o de los militares caducos de los 70. Ese mismo día también se capturó a la Fiscal Samari Carolina Gómez, señalándole filtrar información confidencial a la prensa. El Juez de garantías ha demostrado, en casos anteriores, como las garantías procesales y constitucionales son para él optativas e inexistentes.

Los casos están bajo reserva. El Fiscal Curruchiche cuando es consultado por la prensa señala que no puede informar, pero media FECI informa a cuentas anónimas de redes sociales sobre detalles del expediente, siendo esto un patrón. De manera institucional Consuelo Porras está sabida y es parte de las filtraciones a redes sociales sobre casos dirigidos contra políticos opositores, jueces y fiscales que con carrera dejaron de gozar de sus garantías y periodistas molestos al Gobierno, además ella misma es felicitada por la UCN, así que si narco organizaciones aplauden, nuestro futuro está en crisis.

El excandidato oficial Estuardo Galdámez fue ventilado por elPeriódico días antes de la captura de Zamora informándonos sobre sus cuentas millonarias, también se cubrieron los tráficos de influencia de Miguel Martínez y por ende del Presidente en la obra pública y gestión deportiva, así que es bien claro el objetivo institucional de la fiscalía: cerrar un medio de comunicación pero en el seudoconstitucionalismo lo debe disfrazar de legalidad.