En la controversia territorial por el territorio Esequibo entre Venezuela y Guyana, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha decidido, en contra de la posición venezolana, que no solo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 que, según Venezuela, había sido puesto de lado por el Acuerdo de Ginebra (1966).

La Academia de Ciencias Políticas y la mayor parte de los juristas especialistas en el tema afirman que, como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos, aunque sea bajo protesta, prepararnos con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender, en la Corte, nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo e irrito. Guyana ha presentado formalmente su posición ante la CIJ en marzo del 2022 y Venezuela tenía, en principio, hasta inicios de marzo del 2023 para presentar su “contramemoria”.

Sin embargo, desde el mismo momento en que la CIJ decidió que tiene la jurisdicción para resolver la controversia, en el gobierno Maduro se formaron dos “bandos”, el primero, alegando que la reclamación del Esequibo está prácticamente perdida, lo más conveniente era asumir una posición ideológica “antimperialista” y acusar a la CIJ, una de las instituciones internacionales más respetadas, de ser instrumento del Departamento de Estado y de la EXXON, “curiosamente”, olvidando mencionar que el socio de la EXXON en Guyana es la compañía estatal china (CNOOC).

Por tanto, había que rechazar participar en el proceso en la CIJ. El segundo, en cambio, estaba a favor de participar en el proceso. Quizás recordando que, después de su decisión sobre el Laudo y la definición de la frontera terrestre, será de todas maneras necesario delimitar con Guyana las áreas marinas y submarinas. Delimitación que, muy posiblemente, terminará en la propia CIJ.

Después de una indecisión que duró aproximadamente tres meses, el segundo “bando”, liderizado por el asesor internacional Antonio Remiro Brotons, convenció al Alto Gobierno y Venezuela presentó un recurso de inadmisibilidad de la demanda de Guyana, con lo cual aceptó participar en el proceso en la CIJ. Además nombró a los agentes del Estado que deben representar a Venezuela en La Haya: Samuel Moncada, Félix Plasencia y Elsie Rosales. Un historiador, un diplomático de carrera y una respetable profesora de Derecho Penal. Ni un jurista experto en Derecho Internacional Público.

La CIJ tiene ahora unos meses para decidir si acepta o no los argumentos de Venezuela. Es improbable que lo haga; sin embargo, el recurso logró un tiempo adicional para presentar nuestro alegato. Hay quienes creen posible que, durante estos meses, se podría convencer a Guyana que acepte de nuevo retomar la negociación bilateral; sin embargo, no veo ninguna posibilidad de negociación sustantiva bilateral sobre la controversia hasta tanto la CIJ haya tomado su decisión.

Ahora bien, independientemente de la reclamación del Esequibo, hay que recordar y subrayar que, en los centenares de miles de kilómetros cuadrados de la Zona Económica Exclusiva y de la Plataforma Continental que proyecta el territorio venezolano del Delta del Orinoco, hay inmensos recursos petrolíferos y pesqueros. Por tanto, la defensa de nuestra fachada atlántica y de nuestra libre salida al Atlántico deben seguir siendo un “imperativo categórico” para todos los venezolanos.