Para nadie es secreto la persecución en la Nicaragua ortegomurillista contra la Iglesia Católica del país. Es explicable, según la torcida lógica de esta pareja, cuyos desmanes han sido rigurosamente criticados por obispos y sacerdotes, todos al lado del pueblo nicaragüense, en una aplicación de la tarea apostólica de beneficiarlo y defenderlo. El nuncio fue expulsado, el arzobispo se autoexilió para salvar su vida, las radios católicas cerradas, las monjas expulsadas. El país está a punto de convertirse en fábrica de mártires, es decir personas cuya vida ha sido cortada por defender cualquier religión.

Los mensajes de apoyo han llegado del Consejo Episcopal Latinoamericana (CELAM), de varias conferencias episcopales nacionales, entre ellas la de Guatemala, pero aún no se ha escuchado la voz del Papa, lo cual causa extrañeza fuera de Nicaragua y molestia hacia adentro. He leído dichos mensajes y a mi juicio pudieron haber sido directos, pues aunque manifiestan su cercanía, apoyo y solidaridad, llaman al diálogo, etcétera, no descienden a la realidad objetiva de ese país, donde —agrega el CELAM— un obispo está forzado a permanecer en su casa, dos sacerdotes enfrentan a un sistema judicial de imposible credibilidad.

Cuando se ataca a uno, se puede atacar a todos. Esto se aplica en cualquier agrupación, como la Iglesia, no solo la católica; la prensa, el sector privado, la academia. Al defenderse, el lenguaje debe ser respetuoso, si así se desea, pero necesita firmeza, a fin de no poder ser interpretado como signo de debilidad o conformismo. En Nicaragua también está en juego la libertad de religión y esto debe ser preocupante para cualquier autoridad eclesiástica. Ante eso, solo queda recurrir a la fuerza de la palabra, porque el lenguaje empleado por los sacerdotes ha sido precisamente una causa de la persecución.

Habrá miles de jurados

El poco sorpresivo juicio contra Jose Rubén Zamora y Samari Gómez, a causa de la atención pública del caso, tiene dos banquillos de acusados. Uno para él y el otro para el sistema jurídico del país, su independencia y el profesionalismo de quienes lo aplican. Hay un gran jurado ciudadano. Un veredicto sospechoso hará perder el juicio popular al sistema porque ya hay dudas razonables sobre la imparcialidad y la igualdad ante la ley, o motivos ocultos aunque muchas veces evidentes para las decisiones de jueces de cualquier nivel. Esto ha pasado en numerosas ocasiones en la historia del mundo, y un ejemplo lo otorga el sistema francés de justicia en el caso Dreyfus, hace ya largos 125 años, convertido en ejemplo de la iniquidad usada en nombre de falsas razones de Estado.

El asunto viene a cuento porque es muy difícil a un sistema jurídico cuestionado y cuestionable, sobre todo cuando algunos de sus miembros al más alto nivel tienen conflicto de interés. El papel de los ciudadanos es observar con cuidado, porque es posible una forma correcta, con lo cual no habría forma de crítica, pero también una incorrecta y parcializada, aunque llene las formas. En un ejemplo de la irrealidad imperante en el país, en Guatemala el acusado debe demostrar su inocencia, en vez de tocarle al Estado probar sin motivo de dudas esa culpabilidad. Demasiadas veces, aunque la forma judicial se cumpla, hay acciones colaterales no explicables ni aceptables, pero también plazos legales estirados al máximo para castigar adicionalmente.

El sistema jurídico se pone a su vez en juicio en cada caso, sobre todo los de alto impacto. Nadie puede entender por qué el acusado llega al tribunal rodeado de media docena de policías con armas de asalto, en una evidente forma de presión, agregada a la declaración del abogado acusador sobre un peligro de fuga. Todo esto va al lado de acciones preocupantes para quienes opinan o informan de las decisiones gubernativas en un país donde las garantías individuales retroceden velozmente. Para llegar a una conclusión personal adecuada, estos jurados ciudadanos deben hacer a un lado odios, pasiones y ansias de revancha, algo difícil por razones humanas. Por su parte, para no ser condenado por el juez popular, el sistema solo necesita ser aplicado sin mala fe.