Un comunicado de la CGP señala que “la normativa incurre en graves amenazas a la libre emisión del pensamiento, derecho constitucionalmente garantizado y reconocido en el artículo 35 de la norma suprema (Constitución)”.
Además, señala que “el artículo 9 de dicho decreto, si bien puede tener la intención de sancionar el acceso ilegal y posterior difusión de información confidencial de carácter personal o comercial, restringe peligrosamente la libertad que debe tener todo periodista y medio de comunicación a poder informar sobre posibles hechos de interés público”.
LA CGP detalla que “el artículo 19 es aún más preocupante pues tipifica como delictuosas conductas que pueden ser realizadas en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”.
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También señala que “preocupa, tanto más, que funcionarios públicos que estén sujetos al escrutinio y señalamientos puedan hacer uso de esa norma para acallar críticas y perseguir opositores”.
“La experiencia da cuenta de que cuando normas contenidas en los artículos 9 y 19 del referido decreto entran en vigor, más que proteger los derechos de los ciudadanos, habilitan a quienes ostentan el poder para usarlas de modo represivo”, refiere el comunicado.
“Esta Cámara se pronuncia de manera enfática en contra de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, tal como fue aprobada por el Congreso de la República. Hacemos un llamado al presidente de la República, Alejandro Giammattei para que vete dicho decreto y el Congreso pueda redactar una ley que proteja contra la ciberdelincuencia, pero a la vez garantice irrestrictamente el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento, que es lo que caracteriza a un Estado democrático y civilizado”, concluye el documento.
“Es inconstitucional”
Por aparte, AC y Transparencia Internacional emitieron un comunicado conjunto en el que muestra su preocupación por los efectos que podría tener dicha ley sobre la libertad de expresión.
“La reciente aprobación del decreto 39-2022 Ley de Prevención y Protección contra la cibercrimen por parte del Congreso de la República de Guatemala es inconstitucional y atenta contra el derecho de libre emisión del pensamiento y libertad de expresión”, señala el documento.
Refiere que el artículo 9 de la ley es contrario a: al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.
Además, refiere que contradice al Artículo 5 de La Ley de Emisión del Pensamiento: “La libertad de información es irrestricta y los periodistas tendrán acceso a todas las fuentes de información”.
También dice que riñe con el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
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De igual forma dice que el artículo 19 de la ley cuestionada es contrario al artículo 35 de La Constitución de la República de Guatemala: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
“Cómo se observa, las normas aprobadas por el Congreso vulneran de forma flagrante e ilegal el derecho sagrado de libertad de expresión, coartando el ejercicio periodístico y la crítica ciudadana hacia los funcionarios públicos. Por lo anterior, consideramos que es obligación del presidente Alejandro Giammattei vetar el decreto 39-2022, de no ser así, confirmaría la tendencia autoritaria a la que nos esta arrastrando su gobierno.
APG se pronuncia
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado el martes 9 de agosto en el que rechaza contenido de la Ley contra la ciberdelincuencia y la iniciativa de Fortalecimiento de la fuerzas de seguridad.
La APG advirtió de que con dichas normativas el Congreso “pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.
Agregó que, a su criterio, las leyes están dirigidas a menoscabar las libertades de expresión, de Prensa y de manifestación, así como continuar implantando “un ambiente general de censura y autocensura”.
Específicamente el comunicado expresa que la llamada Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que, a criterio de las autoridades, incurran en acoso.
