El jueves último trascendió que la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se “comprometió” con dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán a retirar de la agenda del pleno la iniciativa 6076, que tiene el eufemístico nombre de “Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército”, cuyo claro objetivo es dar aval legal a la utilización de la violencia, armada incluso, para reprimir manifestaciones ciudadanas. Las palabras de Rivera contienen anfibologías, comenzando porque dijo hablar como “diputada” y no como “presidenta”.

Sus declaraciones dejan entrever la continuidad de dicha ponencia en la agenda, pero tratando de ganar el crédito de “intentar” retirarla. Tal ardid puede pasarle una factura muy cara a ella, a la bancada oficialista y a todos los partidos satélites que se confabulen para apoyar una política represiva calcada del sandinismo.

“He dado la instrucción a la Dirección de Asuntos Jurídicos que analice si existen las inconstitucionalidades que manifiestan los 48 Cantones”, dijo Rivera, con lo cual pone en tela de juicio las razones de este sector y de todos aquellos que deploran las ambigüedades contenidas —ya sea por ignorancia o malicia— en tan perniciosa iniciativa, propuesta por integrantes del partido Unión del Cambio Nacional, en proceso de supresión, y con dictamen favorable de la Comisión de Gobernación, presidida por el diputado Boris España, representante de Chiquimula, quien debería comenzar a pensar cómo justificar frente a sus electores este aval a la violencia contra civiles. Si lo que se necesita es mayor combate de la criminalidad, tanto la PNC como el Ejército tienen suficientes normativas y libertad de acción en defensa del Estado: no hacen falta leguleyadas engañosas ni rebuscadas justificaciones. La ciudadanía sabe, entiende y vota.

Los diputados de lista nacional y distritos de todos los partidos representados en el Congreso deben andar con pies de plomo al momento de apoyar despropósitos mal disfrazados. Con premeditación y nocturnidad aprobaron una ley contra ciberdelitos que atenta contra la garantía de Libre Expresión, debido a las lagunas que contiene, por incapacidad o deliberado intento de censurar y reprimir la crítica ciudadana. Tal adefesio debe ser vetado por la Presidencia para no exponerse a una lluvia de inconstitucionalidades y, sobre todo, para no poner en evidencia alguna intención despótica calcada del execrable régimen nicaragüense.

Ya se develaron las ambiciones del oficialismo de lograr la reelección, con candidato prestado y todo, a través de cierto número de alcaldías adheridas con engrudo de fondos ingentes para obras electoreras. Quizá están obviando la cuenta pendiente de las promesas incumplidas del plan de campaña de 2019, entre ellas la supresión de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), repetidamente anunciada por el candidato Giammattei Falla, pero que ahora tendría refuerzo y aumento de recursos en la iniciativa 6076. En todo caso tendrían que orientar el rumbo de acciones del gobierno a objetivos ofrecidos como el combate de la desnutrición, la erradicación de la corrupción y el fin del amaño de contratos a favor de allegados, contratistas, diputados y financistas.

La iniciativa de la represión debe ser desechada, por sus notorios yerros e ilegalidades. Si continúa en ruta, esta semana o en un mes el compromiso de la presidenta habrá sido vano, pero, sobre todo, se desnudará el contubernio de bancadas opositoras en el discurso pero claramente plegadas a una agenda que busca acallar la crítica, la disidencia y el reclamo de ofertas incumplidas.