Las acciones del Estado y en especial del Congreso de la República de Guatemala deben centrarse en el mejor interés de los guatemaltecos. Se deben aprovechar las oportunidades para que las empresas en Guatemala y las que estén pensando en invertir en nuestro país tengan protección de sus propiedades intelectuales y para que haya normas claras para combatir la ciberdelincuencia. Esto en sincronía total con la protección de los derechos fundamentales de los guatemaltecos.

Las recientes acciones del Congreso de contaminar la ley contra la ciberdelincuencia con elementos que a todas luces son inconstitucionales por amenazar la libertad de expresión resultan totalmente contraproducentes para la modernización nacional. Toda acción que se realice debe ser favorable para el emprendimiento y la generación de empleos. Es vital para nuestro desarrollo.

La protección de datos personales es un derecho fundamental y una condición necesaria para la sana competitividad. El espionaje digital y las imitaciones ilegales de programas o trabajos artísticos son realidades por las cuales muchas empresas se están retirando de países como China, puesto que el régimen comunista no garantiza la propiedad intelectual o la privacidad de las comunicaciones.

Lamentablemente, gobiernos represivos e intolerantes de varios países latinoamericanos se valen de legalismos abusivos para efectuar espionaje, vigilancia y censura que son totalmente contrarios al espíritu de la convención de Budapest (2001), que busca el combate de la cibercriminalidad. Generar seguridad a la red no debe manipularse para poner trampas a la ciudadanía.

Negligencias como las contenidas en el decreto 30-2022 se suman a las fallas gubernamentales que tienen al 63% de los guatemaltecos sumidos en pobreza. Además, dañan gravemente el ecosistema de emprendedores, quienes estimulan el 85% de la economía guatemalteca.

Guatemala tiene más de dos décadas de atraso en la legislación digital. Se necesita combatir el robo de datos o la suplantación de identidad, así como garantizar el derecho de autoría intelectual. Falsificaciones, fraudes o ataques informáticos constituyen delitos que deben ser tipificados y penalizados con claridad para brindar mayor confiabilidad al entorno digital.

La ley contra ciberdelitos urgía hace mucho, pero al introducir terminología poco clara, confusa o con términos dejados a la interpretación de un juez o de un fiscal, se pone en peligro la libertad de expresión y con ello se ve inutilizada.

Según el Artículo 35 de la Carta Magna “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. Y más adelante detalla que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Precisamente por el riesgo de uso represivo del decreto 39-2022 tal como está, entidades de prensa, grupos ciudadanos y bancadas de oposición parlamentaria han solicitado a la Presidencia que sea vetado para que regrese al Congreso y sean enmendados los fallos o incluso se discuta una nueva iniciativa, con carácter técnico e integral.

La creatividad de los guatemaltecos es vital para el desarrollo de nuestro país y por eso proteger la libre expresión y a la vez la propiedad intelectual es estratégico para nuestro desarrollo. ¡Es de sentido común!