“Gran frente demanda modificar la Ley Electoral. 13 entidades piden al Congreso con urgencia la elección individual de diputados. Delimitar el concepto de campaña anticipada y un trato imparcial e igualitario a candidatos. Claridad sobre el financiamiento electoral y pauta publicitaria que facilite información”, titulaba Prensa Libre el sábado pasado.

Trece instituciones firmaron un comunicado conjunto para que el Congreso atendiera aquellas demandas, las instituciones son: “Universidad Rafael Landívar, Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Alianza Evangélica, Fundación Libertad y Desarrollo, Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (Confecoop), Comunidad Judía de Guatemala, Guatemala Visible, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jóvenes por Guatemala, Madres Angustiadas, Primero Guatemala, Federación de Organizaciones Rurales de Desarrollo Integral de la Mujer Guatemalteca y Fundación Bosque Tropical”. Puede evidenciarse una iniciativa apoyada por organizaciones de pensamiento variado con el afán de legitimar un proceso electoral, desde ya, opaco.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene rango constitucional, para su reforma debe contarse con 2/3 de diputados del Congreso y además dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad al proyecto. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace meses remitió al Congreso una propuesta de modificación, después en el congreso se hicieron fiambres de proyectos.

Acá se dicen discursos, se presentan informes y se remiten iniciativas de ley con reflectores, pero son pocos quienes leen y analizan los documentos, por eso vemos tantas incongruencias sin mayores miramientos. El TSE remitió al Congreso un proyecto bochornoso, en el cual se flexibilizaba el control del financiamiento y la pauta publicitaria, obviando todo el esfuerzo que la autoridad electoral hacía desde 1997 pero truncado desde hace tres magistraturas, además no tocó un solo tema sensible del proceso electoral.

La credibilidad de los magistrados al TSE es mínima, su integración obedeció a agradecimientos de poderosos y colocación de alfiles, a la fecha se lleva a cabo una patética campaña de empadronamiento y siendo públicos los exiguos resultados ninguna palabra se dice sobre sobre el particular, además el padrón electoral, el instrumento fundamental para una elección limpia no se audita desde hace más de 15 años y recién se anunció una dudosa colaboración con el Ejército.

Hacer presión social para que este Congreso, con bancadas integradas por decisión de caudillos confesos en Estados Unidos por negociar con carteles de droga, a cinco meses de la convocatoria a elecciones proceda a aprobar un proyecto tan poco lógico y sobre todo antitécnico, es un contrasentido, por mucho que el dulce a los ojos sea “la elección individual de diputados”, pero esconde retrocesos dramáticos para nuestra frágil democracia, hacer parches al sistema electoral, no conduce a ningún buen puerto. ¿Por qué ninguna organización pide el cambio de la fórmula electoral y pretendemos seguir, desde tiempos de Ydígoras con la Fórmula D’Hont como si fuera perfecta y única? ¿Por qué no existe el empadronamiento automático al sacar el DPI si el Renap es presidido por un magistrado del TSE?

Nuestro desinterés por el tema electoral es enorme y las ocurrencias llenan titulares. Don José Ortega y Gasset nos lo dejó dicho, pero no queremos entender: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”.

Siento disentir con mi Alma Mater, pero lo mejor que puede pasar es que no exista reforma legislativa y sí observación, fiscalización y denuncia férrea a una autoridad electoral que sin empacho demuestra rigidez para algunos y flexibilidad para otros. Recordemos: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Basta ver las experiencias de vecinos para percatarnos un interés por seguir la receta.