El caso se origina en 1997, cuando la comuna de Escuintla firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de un sistema de conducción de agua para introducir nuevos caudales a la ciudad con la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima. El costo inicial fue de Q38 millones 132 mil y se pretendía beneficiar a 25 mil hogares.
Sin embargo, la municipalidad nunca terminó de pagar el contrato y esto provocó una serie de demandas y alegatos judiciales entre la comuna y la empresa. Esta última, por medio de una negociación con las autoridades ediles del período 2012-2016, logró que la corporación edil se comprometiera a pagar Q40 millones en 266 cuotas mensuales, lo cual abarca más de 20 años.
Como garantía, el entonces alcalde Pedro René Escobar Alvizures firmó un contrato de transacción con la empresa donde comprometió varios ingresos municipales, entre los cuales se encuentra el situado constitucional, Iva-Paz y alumbrado público.
Para los asesores jurídicos de la administración del alcalde Abraham Rivera, Escobar Alvizures arriesgó las finanzas municipales y no veló por los intereses del municipio. Sin embargo, el aludido insiste que el compromiso de pago fue la mejor vía para saldar una deuda insolvente sin intereses ni mora.
El negocio
El proyecto mediante el cual se suministraría de agua al casco urbano del municipio se concretó en 1997 bajo la administración del exalcalde Lewis Logan, quien hoy argumenta que en ese momento no se arriesgaron las finanzas municipales, ya que se abrió un fideicomiso y se dejó como garantía de pago unos 15 mil títulos de agua a un costo de Q3 mil. Estos se empezaron a adquirir por los vecinos rápidamente y, hasta hoy, el proyecto abastece el 80 por ciento de agua en la ciudad, asegura.
Sin embargo, el problema, según el exalcalde, surgió porque siguientes administraciones municipales prometieron en campaña electoral que no cobrarían servicios de agua. Ello provocó que la corporación edil dejara de percibir ingresos y a partir de ahí quedó imposibilitada para cumplir con los pagos mensuales a la empresa Bienes Corporativos Sociedad Anónima (Bienco), los cuales se suponía serían de Q953 mil al mes.
“Fue un proyecto tan bien concebido que no arriesgaba los fondos ordinarios o regulares de ingresos municipales. Ese fue un contrato de arrendamiento con opción a compra. Lo que se arrendaba era el sistema de conducción de agua potable. Fue un sistema que permitió que el pueblo de Escuintla tuviera suficiente agua en todo el pueblo”, argumenta Logan.
Durante más de 10 años la comuna dejó de pagar las cuotas a las que se había comprometido, hasta que el 11 de octubre de 2013, el exalcalde de Escuintla, Pedro René Escobar Alvizures firmó un contrato de transacción con representantes de Bienco en el cual se dispuso que la municipalidad a pagaría a la empresa Q40 millones a razón de 266 cuotas mensuales por Q150 mil cada una.
Un año atrás, Bienco había obtenido una sentencia judicial que reconocía el monto de la deuda, con intereses, ascendía a Q80 millones, por lo que la cantidad pactada representaba un descuento del 50 por ciento.
Sin embargo, según la actual administración municipal, la forma en cómo el exalcalde pactó el pago es ilegal por varias razones.
En principio, porque el entonces jefe edil no tenía autorización del concejo municipal, la máxima autoridad en una corporación edil, para firmar un compromiso de pago. El concejo únicamente lo había facultado para firmar un “convenio de reconocimiento de deuda”, pero él fue más allá.
Además de reconocer la deuda, Escobar Alvizures aceptó, en representación de la comuna, que las mensualidades se pagarían dentro de los primeros cinco días del mes con fondos provenientes del Iva-Paz, del aporte del situado constitucional, excedentes de la tasa municipal de alumbrado público que se pagan a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), Impuesto Único Sobre el Inmuebles, Impuesto de Circulación de Vehículos y fondos recibidos por canon de agua, entre otros ingresos.
Además, se comprometió a la municipalidad a “incrementar la suma de dinero que cancela mensualmente” de acuerdo con las mejoras en sus estados económicos y financieros, según consta en el contrato de transacción.
“Se obligó a la municipalidad a dar en garantía el situado constitucional, IVA-Paz y el IUSI aun sabiendo que estos ingresos tienen restricción legal en porcentajes para inversión obligatoria anual”, establece un dictamen hecho por el departamento jurídico de la actual corporación edil.
En dicho contrato de transacción, también se aceptó una cláusula que establecía que la comuna absorbería el pago de impuestos a cargo de Bienco. Además, se acordó que esta última podía ceder la deuda a un tercero, sin previa autorización de la comuna.
Lo anterior lleva a las actuales autoridades a concluir que este contrato de transacción es lesivo.
“El ex alcalde (Escobar Alvizures) declaró su voluntad personal y no la voluntad del órgano superior de la municipalidad de Escuintla, en virtud de que únicamente estaba facultado para reconocer la deuda, no así todo lo aceptado en escritura de transacción, que resultó en perjuicio de la municipalidad”, reza un análisis jurídico hecho por la actual administración.
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Nulidad
Edgar Abraham Rivera, actual alcalde municipal, dijo que presentaron dos nulidades en los tribunales. Una busca dejar sin efecto el contrato original del proyecto y la otra busca anular el convenio de pago que firmó en 2013 el exalcalde Escobar Alvizures.
Rivera dice que, además de que Escobar Alvizures no estaba facultado para comprometer el pago de la comuna como lo hizo, hay otras por las que han presentado ambas acciones legales.
Entre estas se encuentra un dictamen de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que se entregó a la comuna en febrero de 2018, según el cual la empresa Bienco solo realizó el 71 por ciento de la obra contemplada en el contrato en 1997.
Además, la deuda que se preveía cobrar en el contrato de transacción que firmó Escobar Alvizures no se tomó en cuenta que desde 1997 a la fecha la comuna ya había pagado Q8.3 millones, de los cuales Q3.3 millones provenían de venta de títulos de agua y Q5 millones de un préstamo que se adquirió con el Infom.
Por lo tanto, el jefe edil asegura que al monto de los Q40 millones se le debe restar esa cantidad, más otros Q3 millones 400 que se empezaron a pagar a partir de 2013. También se debe descontar el monto de la obra que no fue realizado, que asciende a un 29 por ciento. De tal cuenta, la deuda final quedaría en Q24 millones y no en Q40 millones, dice Rivera.
“Es por eso por lo que nosotros hemos presentado las acciones donde corresponde, porque creemos que el contrato (por medio del cual se acordó el pago de Q40 millones en 2013) no solo es inmoral para el municipio de Escuintla, sino que también es ilegal. Ellos (representantes de la empresa) pretenden cobrar montos que la propia Contraloría General de Cuentas ha dicho que no corresponden. La deuda no debería sobrepasar los Q24 millones si se le restan el porcentaje de la obra que no se realizó y los abonos que ya se le dieron”, dijo Rivera.
Exalcalde: “Se logró rebajar de Q80 millones a Q40 millones”
Al consultar con el exalcalde Pedro René Escobar, quien firmó la transacción por medio de la cual la comuna comprometió los ingresos del IVA-Paz y situado constitucional para pagar los Q40 millones a Bienco en 2013, defiende la legalidad de la negociación y asegura que lograron rebajar la deuda en un 50 por ciento.
Escobar dice que había una orden de juez que obligaba a la municipalidad a pagar a Bienco Q80 millones, lo cual incluía los intereses generados por el incumplimiento de pago desde el año 2000. Sin embargo, por medio de una negociación logró que dicho monto se rebajara a Q40, lo cual favoreció los intereses de la municipalidad.
Para finales de su gestión, Escobar asegura que los ingresos municipales por servicios de agua ascendían a Q125 mil, por lo que tenían la capacidad para pagar Q150 mil mensuales a Bienco hasta completar los Q40 millones. Los recursos de IVA-Paz y situado constitucional se comprometieron como respaldo, dice Escobar.
“Era una deuda que se tenía que pagar. Yo la pagué porque tenía una orden de juez donde me ordenaba pagar, pero los Q80 millones no los tenía. Hicimos un convenio de pago y para tener validez fue donde comprometimos esos renglones (situado constitucional e Iva-Paz, entre otros ingresos) por 20 años, pero fue una salida que me quedaba porque los Q80 millones no los teníamos”, dice Escobar.
Enfatiza que el proyecto funciona hasta el día y es el que suministra agua a la mayoría de la población en la ciudad de Escuintla.
Bienco: Sentencias judiciales ordenan que nos paguen
Boris García, representante de la empresa Bienco, dijo a Prensa Libre que el contrato se construyó en 1997 sin ningún anticipo de prueba y el pago se originaría por la venta de títulos de agua. Sin embargo, nunca recibieron las cuotas de pago.
Luego de obtener una sentencia que les favorecía con el pago de Q80 millones, decidieron negociar con la empresa y rebajar la deuda en un 40 por ciento con la finalidad de que la municipalidad tuviera capacidad de pagar aunque sea un porcentaje de los costos generados.
“Con tal de recuperar el dinero rebajamos la deuda. Lamentablemente el alcalde don Pedro Escobar (2012-2016) no ganó la elección y en 2016 -bajo la administración del alcalde Abraham Rivera- dejaron de pagar. Cuando cobramos a la nueva administración nos dijeron que no nos pagarían”, dijo García.
Asegura que desconoce por qué la Contraloría dictaminó que la obra solo se realizó en un 71 por ciento, dado que cuando el proyecto se entregó en 1999 había personeros de dicha dependencia que recibieron el proyecto y no hubo objeción alguna.
García comentó que el pasado 21 de julio sostuvieron una reunión con los abogados de la municipalidad para discutir de qué manera se podía pagar la deuda, ya que hay múltiples resoluciones judiciales que establecen que la comuna debe pagarle a la empresa.
“Esa reunión fue para ver una conciliación y ver cómo nos pagan porque ya todas las instancias civiles y judiciales están a nuestro favor y ordenan que la municipalidad pague. La deuda, según la nueva figura financiera que va a salir, anda por Q120 o Q150 millones y cada mes que pasan sin pagar se incrementa”, dijo el representante de Bienco.
Errores
Rony Linares, analista en temas municipales, advierte que ingresos como el IVA-Paz, de acuerdo con la ley, no se pueden comprometer más allá de lo que dura un gobierno municipal. El período del exalcalde Escobar Alvizures finalizaba el 15 de enero de 2016.
Por tal motivo, en el contrato de transacción que se firmó en 2013 entre la comuna y Bienco se debió incluir una adenda que incluyera la opción de prorrogar el contrato otros cuatro años, pero esto no ocurrió.
En el caso de otros ingresos como el situado constitucional, Linares dice que el Código Municipal prohíbe a las comunas comprometerlos más allá del período de un período de gobierno, a menos que haya estudios técnicos de factibilidad que garanticen que no se dejará sin recursos a la comuna.
“Eso es lo que tendría que discutir el concejo municipal a través de sus asesores jurídicos. Si con esos supuestos se puede declarar la lesividad del contrato para presentar una demanda en un tribunal de lo contencioso administrativo. Pero todo se origina por la irresponsabilidad política, no solo de la época, de ofrecer bajar las tarifas y no cobrar por los servicios públicos”, dijo Linares.
