La referida ley que ha recibido críticas de expertos que señalan que vulnera la libertad de expresión, quedó archivada, no será enviada al Ejecutivo, ni entrará en vigor.
Para la aprobación de las objeciones, 112 diputados votaron a favor, 16 en contra y 32 ausentes.
Durante la plenaria, los congresistas también iban a conocer otras objeciones presentadas por opositores, que arguyen que el decreto podría servir como un instrumento para “acallar a la prensa y perseguir a opositores”. Sin embargo, estas observaciones no fueron debatidas porque la ley se archivó después de la primera votación.
Un grupo de diputados señaló que el contenido de la ley podría generar “interpretaciones diversas”.
Las observaciones en contra de la normativa fueron planteadas por cinco parlamentarios oficialistas: Aníbal Rojas, de VIVA; Cándido Leal, de VAMOS; Manuel Conde, de PAN; y Édgar Reyes Lee y Óscar Argueta, de la UNE. Los primeros cuatro votaron en favor de aprobar la ley durante la sesión del 4 de agosto, mientras que el último se ausentó a la reunión.
El recién pasado 4 de agosto, luego de varias horas de sesión, diputados aprobaron la referida Ley que crea figuras delictivas y adecúa normas penales frente a delitos cibernéticos.
La Ley fue creada gracias a la iniciativa 5601 y tiene como objetivo castigar las actividades de la Ciberdelincuencia que ha tomado auge por el uso de dispositivos con conexión a internet.
Entre algunos de los aspectos que contempla ley están: Proteger a los guatemaltecos y sus datos personales de los ciberdelincuentes y tipifica delitos como ciberdelincuencia, ciberdelitos, ciberdefensa, fraude informático y protección de datos personales en internet.
Expertos ven la necesidad de proteger a los menores de edad contra ciberdelitos, mientras que otros han advertido que podría atentar contra la libertad de expresión al callar críticas contra funcionarios y políticos.
La normativa, aunque detalla la definición de algunos términos crea nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios y políticos, que podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.
La ley desde su aprobación encendió las alarmas sobre la posible violación al derecho constitucional de la libre emisión del pensamiento.
🚨 El @CongresoGuate aprueba las objeciones al decreto 39-2022, mejor conocido como Ley de ciberdelitos.
¿Y ahora? La ley, que ha recibido críticas de expertos que señalan que vulnera la libertad de expresión, queda archivada. No será enviada al Ejecutivo ni entrará en vigor. pic.twitter.com/jz2cFWIcDj
— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 24, 2022
