La cifra de guatemaltecos fallecidos en siniestros relacionados con el impacto de aguaceros, crecidas de ríos, deslaves e inundaciones este año es lamentable e indicativa: 38. En 2021 hubo 31 decesos y aún restan dos meses. Septiembre y octubre suelen ser de fuertes lluvias. Interrupciones viales, destrucción de cultivos, daño en viviendas y pérdida de enseres terminan de completar un cuadro que debe ser un llamado de atención para todos sobre la importancia de la prevención, de los efectivos sistemas de alerta pero también de la urgencia de acciones en favor de la conservación ambiental.

Igual que en 2021, Alta Verapaz es el departamento con más incidentes mortales, uno de los cuales ocurrió el 27 de mayo, en Tucurú, cuando un alud sepultó una vivienda y falleció una mujer junto a sus cinco hijos. En total van 10 muertes en este departamento. Cabe recordar que el año pasado el centro urbano de la aldea Campur, San Pedro Carchá, permaneció sumergido durante casi tres meses por la conjunción de un temporal y de la estructura geológica del área, que dificulta el drenaje pluvial.

En efecto, Guatemala es uno de los países con mayor vulnerabilidad climática, debido a combinaciones de factores como la deforestación, que debilita los suelos; la instalación de viviendas o poblados enteros en zonas próximas a laderas, la deficiente o inexistente planificación del desarrollo urbano y los endebles sistemas de alerta temprana. A ello se suma la constante actividad sísmica y volcánica. Sin embargo siguen pasando las décadas sin que las municipalidades emprendan estudios y proyecciones coherentes sobre qué áreas son aptas para construcción y cuáles deben ser vedadas. Casi siempre pesa más el clientelismo electorero.

El mundo padece las consecuencias del calentamiento global y el desbalance climático: las inundaciones de Pakistán, la sequía que agota las fuentes hídricas de Estados Unidos, los tifones que azotan Asia, las olas de calor sofocante en Europa. No es algo que vaya a dejar de ocurrir de la noche a la mañana, pero son señales de la necesidad de reducir la contaminación por emisiones de carbono, tan largamente advertidas y tan neciamente negadas por ambiciones económicas que llegan a calificar de “conspiraciones” a profundos y sistemáticos estudios científicos atmosféricos, biológicos y ecológicos.

De vuelta en los desastres locales, es necesario resaltar que el efecto de las lluvias también tiene un alto costo para los ríos y lagos, debido a la persistente costumbre de tirar la basura en cualquier parte, pero también a causa del mal manejo de los desechos sólidos. Con cada aguacero, estos son arrastrados hasta las cuencas fluviales y de allí van a dar a lagos o al océano. Apenas en junio, el fundador de la iniciativa The Ocean Cleanup, Boyan Slat, manifestaba su conmoción ante la polución del río Las Vacas, que llegó a calificar como “el más contaminado del mundo”, una categorización ante la cual no faltaron reclamos “nacionalistas” de que hay otros afluentes tanto o más arruinados. El verdadero punto crítico no era ese, sino ¿qué pueden y deben hacer los guatemaltecos para rescatar este u otros ríos?

Las respuestas del Ministerio de Ambiente han sido endebles. Ni siquiera ha podido implementar el reglamento de clasificación de desechos. Y aún así se intenta en el Congreso aprobar la iniciativa 6054, para poner a cargo de esta cartera ineficiente el máximo tesoro nacional: las zonas protegidas de biosfera, además del manejo de incentivos forestales y las áreas se reserva del Estado. Ello sería un fatal alud de estulticia.