Este lunes se tiene previsto que exponga sus alegatos de defensa el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, quien advirtió que para su exposición necesita unas dos horas aproximadamente. Mientras que para el martes 6 de septiembre de 2022, será el turno de Carlos Enrique Muñoz, exintendente de la SAT.
El pasado lunes 29 de agosto declaró el expresidente Otto Fernando Pérez Molina. También tomó la palabra para defenderse la exvicemandataria Roxana Baldetti Elías, ambos son señalados de supuestamente liderar la red criminal.
También invalidaron los testimonios que rindieron en calidad de anticipo de prueba, los colaboradores eficaces Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo Gonzalez Álvarez.
El progreso del debate
El debate oral y público comenzó el pasado 17 de enero de 2022, es decir seis años y nueve meses después de la primera aprehensión que fue el 16 de abril de 2015. Ante el jurado han sido expuestos análisis criminales, peritajes, testimonios, entre otros, a fin de fortalecer la acusación.
El 2 de agosto de 2022 testificó en favor de los acusados el agente aduanero, Raúl Palma quien aseguró que en ese entonces se estudiaba la calidad, veracidad y origen de los productos importados mediante los procedimientos establecidos en las leyes aduaneras del país.
El 20 de junio de 2022 en un lapso de cinco horas declaró el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, quien afirmó que dicha agrupación criminal pretendía traficar droga en las aduanas.
El 25 de abril de 2022 un perito de MP, Héctor Medina expuso sobre los métodos de defraudación aduanera que detectaron con el funcionamiento de La Línea y la forma en que extrajo información de una computadora que fue decomisada en la Boutique Emilio, propiedad de Roberto Ramírez.
Pesquisas y modo de operar
Las investigaciones dan cuenta de la existencia de una red ilícita el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015, dicha organización habría operado en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.
La carpeta judicial está integrada por más de 30 mil folios, los cuales revelan que en estas oficinas fronterizas existían personas particulares que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal que le denominaron “cola”. Los precios estaban establecidos en un tarifario elaborador por la red.
Los importadores o sus tramitadores debían comunicarse a un número de teléfono que les proporcionaban los integrantes de La Línea, vía telefónica negociaban el ajuste al impuesto que debían declarar en el formulario de mercancía.
Los miembros externos de la estructura eran los encargados de administrar el teléfono y los trabajadores, miembros de la estructura interna, se encargaban de los trámites en las aduanas, la red ilegal operaba desde el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015.
Estos grupos eran controlados por Juan Carlos Monzón, a quien se identifica como el jefe o líder operativo de todo el grupo. Después de él se encontraba Salvador González y luego el resto de implicados.
