Luis Mazariegos, coordinador del OCC, explicó que el documento de recabación de datos fue respondido por directores ejecutivos o gerentes de asociaciones gremiales de empresas relacionadas con el sector de agroindustria de alimentos y bebidas, lo que representa alrededor de 60 compañías nacionales.
Entre los seis sectores consultados están los de alimentos preparadas, granos básicos (maíz, frijol, arroz), agroquímicos, de productos derivados de animales (lácteos, embutidos) y de animales vivos, además del de papel, servilletas e higiénicos.
Y el primer resultado es que al ser consultados acerca del comportamiento del contrabando en el último año, el 64.3% dijo que aumentó mucho y el 14.3%, que aumentó poco, con lo que se llega al 78.6% mencionado. En tanto, otro 14.3% respondió que el problema sigue igual, mientas el 7.1% indicó que disminuyó.
En la encuesta del 2021, el 68.2% opinó que el contrabando era mayor en su producto o sector respecto a años anteriores a ese; 9.1% dijo que era menor; y 22.7% indicó que era igual.
Sobre el impacto que produce el ingreso ilícito de mercaderías al país para su posterior comercialización, el 71.4% de los encuestados estimó que su pérdida en ventas se sitúa entre 11% y 30%. Mientras que el 28.6% refiere que el contrabando les hace perder hasta el 10% de las mismas.
Cuatro productos, los preferidos
El observatorio creó un top 4 de los productos más afectados en el segmento de alimentos y bebidas y en primer lugar está el aceite vegetal (donde el contrabando representa el equivalente al 30% del mercado), le siguen los snacks, confitería y abarrotes, con 28%. Uno de cada 3 productos de este tipo comprados por los consumidores, pertenece a estas categorías, refirió el ejecutivo.
En el tercer lugar aparecen los huevos, que representa del 20% al 25%, es decir 1 de cada cuatro en el mercado provienen de ese ilícito; y le sigue el maíz, con un 20%. Sin embargo, los datos varían según el producto y la región, pero la encuesta del 2022 no refleja ninguna disminución en el sector de alimentos y bebidas.
Según Mazariegos el impacto también cambia según la región, ya que hay lugares donde el contrabando llega a representar hasta el 70% del mercado, en algunos productos.
En general, entre los sectores más afectados está el de alimentos y bebidas, de manera que incluso, la producción nacional de maíz está en riesgo porque por ejemplo, Guatemala produce entre 42 millones y 45 millones de quintales anuales para autoconsumo o comercial, y el producto que ingresa de contrabando se calcula en unos 10 millones de quintales anuales. “Para ese volumen se necesitan camiones y bodegas enormes, aparte de todo el capital que se requiere para su movilización, por lo que detrás de todo esto se encuentra el crimen organizado”, expuso.
Sobre el comportamiento geográfico, el 85% de los encuestados considera que el occidente del país (San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quiché) es la región más afectada. Le siguen el norte (Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal); y el Oriente (Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa), con 42.9% cada una. Y por último está el Centro (Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla) con 35.7%.
Otros sectores perjudicados
En tanto, la Comisión de Defensa del Comercio Formal de Cámara de Industria de Guatemala (Codecof), indicó recientemente que desde hace dos años, el sector de granos también ha percibido un incremento en el volumen de productos que ingresan al país de forma irregular.
Entre estos, especialmente el maíz amarillo y la harina de soya, hasta por un monto promedio de Q200 millones anuales, cifra se traduciría en una evasión fiscal de alrededor de Q24 millones.
El maíz amarillo y harina de soya para consumo animal (ambos producidos en Estados Unidos), son importados en Honduras, o bien el maíz amarillo producido en Belice. Posteriormente, ingresan a Guatemala sin ningún control sanitario y sin el cumplimiento tributario establecido por las autoridades, agrega la Codecof.
La mayor incidencia del contrabando de granos se reporta en el oriente y norte del país, principalmente en Petén, Izabal, Chiquimula y Zacapa y con menor presencia en Jalapa, Jutiapa, El Progreso y Baja Verapaz.
Otro sector perjudicado es el de cigarrillos, como lo evidencia el hecho de que el 19 de agosto, la Codecof, el MP y la SAT llevaron a cabo la destrucción de 14 millones 400 mil cigarrillos de diferentes marcas, principalmente de manufactura coreana, china e india y se estima que cada día ingresan 1.2 millones de unidades de forma ilegal.}
“El comercio ilegal de cigarrillos implica una pérdida anual mayor a los Q350 millones y supone un peligro para la seguridad del país. Además, pone en riesgo a los consumidores ya que se comercializan productos que no cumplen con las regulaciones que existen en ese ámbito. Es importante recalcar que para este año, a pesar de que los ingresos fiscales de la SAT vienen arriba de la meta establecida, las recaudaciones por impuestos al tabaco y sus producto no estarían llegando a su objetivo”, explicó Axel Romero, gerente de gestión de la Codecof.
“Nos preocupa que estos productos no tengan controles de ningún tipo y, por lo tanto, pueda tener un efecto dañino en la salud y facilite la existencia de plagas que actualmente no están en nuestro país”.
Pocos resultados
Las instituciones ante las cuales según los encuestados se ha presentado denuncias por contrabando son, en su orden, el Ministerio Público (MP); la Superintendencia Administración Tributaria (SAT); el Ministerio de Agricultura; la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud. En tal sentido, solo la SAT recibió una calificación regular en sus esfuerzos por combatir el contrabando, en tanto en el resto de entidades fueron mal calificadas.
El ente recaudador dio a conocer en julio los resultados positivos de las acciones coordinadas durante el primer semestre del 2022 con diferentes instituciones para el combate de acciones contra el contrabando y la defraudación aduanera que forman de las acciones del Consejo Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon).
Se informó que se incautaron mercancías valoradas en Q12.8 millones; los impuestos dejados de percibir sumaron Q3.6 millones. Se realizaron 242 acciones interinstitucionales que incluyen un operativo binacional (Guatemala y Honduras); 156 operativos en carreteras; 173 intervenciones en aduanas; 12 allanamientos. Además, se recibieron 232 denuncias por actividades que fomentan el comercio ilícito.
La SAT no respondió a una solicitud de información el martes 13 de septiembre.
Recomendaciones
Ante lo anterior, entre las recomendaciones para combatir este delito está que las autoridades fortalezcan el control de las fronteras en las áreas de mayor impacto y realicen una exhaustiva revisión a los camiones que transportan ese tipo de productos para corroborar que cuenten con la documentación que certifique su legalidad.
También mejorar la coordinación interinstitucional con autoridades de Honduras y Belice para contrarrestar ese delito y crear conciencia en la población para que no compren ni utilicen esos productos. De igual forma se debe hacer para coordinar con las autoridades de México, añadieron las otras entidades.
Así mismo, reoganizar los monitoreos de fiscalización en el mercado, realizar operativos recurrentes en puntos de venta y campañas de información, aparte de cierres temporales de los puntos de venta que comercializan productos ilícitos a fin de evitar que estas estructuras sigan creciendo.
Hay agravantes
- El OCC considera hay factores como la inflación, entre otros, que están elevando el riesgo de contrabando, pues las personas buscan comprar lo más barato que pueden.
- A eso se añade que en México, muchos productos de la canasta básica no están gravados con el impuesto al valor agregado (IVA), mientras que aquí es del 12%, lo que es una desventaja para los empresarios locales. En todo caso, se aclaró que no se está pidiendo que se elimine el IVA en el país, sino que se combata el contrabando.
- En el caso con México, no hay resultados de varias conversaciones con entidades comerciales porque las empresas o comercios mexicanos buscan comercializar sus productos.
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