Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), señaló que trabajan en la apelación que se presentará ante la resolución de la jueza, pero asegura que es un proceso largo, poque en ese caso había 57 procesados.
“Tenemos tres días para presentar el recurso de apelación. Es un es una aplicación que va a ser muy extensa porque son 57 personas y en eso se está trabajando desde el fin de semana”, señaló Curruchiche.
Añadió que el recurso podría ser plantado entre este lunes y el martes próximo; además, dijo que no comprende la decisión de la jueza porque, a su criterio, “sí se contaba con medios a efecto de que la jueza pudiera abrir el juicio y enviarlos a debate”.
EN ESTE MOMENTO
Respecto al argumento de la juez sobre que algunos de los audios presentados por la Fiscalía eran ilegales, Curruchiche señaló que le causa dudas del porque la juzgadora no procedió conforme a la ley si creía que eso medios de prueba no cumplían con las características de legalidad.
“Me llama la atención porque la jueza no certificó en contra de los fiscales del Ministerio Público que en su momento (…) eran de la anterior Feci”, agregó.
También dijo que, con base a lo dicho por la jueza, indagarán a lo interno y si se determina que hay ilegalidad se procederá con base a la ley.
Caso Zamora
Con respecto a si las escuchas a las que hacer referencia la jueza Domínguez eran similares a las que se presentaron en el caso del periodista José Rubén Zamora, Curruchiche señaló que son distintas, pues que las que se presentan en el proceso en contra del presidente de elPeriódico “son de un hecho flagrante”.
“Son totalmente diferentes. En el caso del señor Zamora fue un hecho flagrante que se trabajó en tres cuatro días y además fueron grabadas por una persona y no se necesitaba autorización judicial”, refirió.
“Desconozco en este momento bajo qué parámetros un juez autoriza la interceptación telefónica de un número de un diputado, no sé qué argumento le planteó el fiscal al juez en ese momento”, continuó el fiscal.
El caso
La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas personas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado.
La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.
Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.
En el proceso 10 señalados que se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre éstos el exlegislador Édgar Romeo Cristiani Calderón, quien desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz, no obstante, fungió como testigo y rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba.
En su testimonio relató la forma en que se planificó y ejecutó un plan para la creación de las plazas y en esa oportunidad señaló a Luis Armando Rabbé Tejada, expresidente del Congreso en 2015, a quien se le solicitaba autorización de las contrataciones las cuales no podían excederse de Q. 150 mil mensuales.
