El Ejecutivo acaba de presentar una iniciativa de ley para sustituir por otra la Ley de Contrataciones del Estado. Sobre cuáles puedan ser las intenciones de cada actor en este asunto dejo en manos de cada lector hacer sus propias deducciones. Sin embargo, esto se relaciona, en buena medida, con la “pandemia” del formalismo.

Quizá pueda parecer una exageración hablar del formalismo jurídico, metafóricamente, como una pandemia. Sin embargo, el formalismo jurídico causa muertes, la pérdida del buen nombre, la pérdida de la libertad, de los bienes y de la salud de, literalmente, miles de personas al año. Por ejemplo, el formalismo jurídico es una de las causas principales por las que miles de procesados guardan prisión ilegal y, muchas veces, también injustamente. Son personas, muchas veces, que carecen de recursos para contratar abogados y a las que el Estado deja languidecer en una prisión en la que nunca tenían que haber sido recluidos, porque no han sido todavía condenados.

El formalismo jurídico dilata procesos de licitación de medicamentos, la adquisición de suministros para escuelas públicas en ruinas, la contratación de servicios de mantenimiento de obras públicas, la adquisición de equipo para la PNC, etcétera. El formalismo jurídico no impide la corrupción, es una de las formas de taparla o de ejecutarla.

Pero ¿qué es esta pandemia? En términos llanos es la exacerbación de los requisitos de forma de los actos jurídicos. El formalismo jurídico nunca se justifica legítimamente; detrás de un criterio formalista, en el mejor de los casos, hay ignorancia y, en el peor, un pretexto para despojar a alguien de un derecho o hasta de su libertad o su vida.

Gracias al formalismo jurídico para la ciudadanía es imposible entender, por ejemplo, qué pasa en los procesos penales en Guatemala. Muy raras veces se produce un debate sobre el fondo del asunto. Fiscales y abogados esgrimen argumentos ininteligibles y los jueces encuentran en el hecho de que no se haya remitido un expediente o de que falte uno de los abogados (que muchas veces presentan una excusa inverosímil) para posponer hasta por seis meses una audiencia, sin importar que una persona esté guardando prisión sin haberse remontado la tan mentada presunción de inocencia que, en la práctica, ya casi no significa nada.

Los hospitales se quedan sin suministros esenciales porque un licitante plantea un recurso basado en que en una oferta no se repitió, en otro apartado del mismo escrito, la dirección para recibir notificaciones, o alguna otra “formalidad” similar. El formalismo jurídico no da para que el funcionario encargado simplemente mande corregir la formalidad de que se trate, su departamento jurídico le indica que debe dar trámite al recurso y, con eso, el proceso se detiene indefinidamente hasta que la larga lista de recursos administrativos y judiciales (sin excluir los amparos) se agotan.

Pero, en el fondo, el formalismo jurídico no podía haber llegado al punto al que ha llegado sin la deliberada participación de la mayor parte de los jueces y magistrados del Poder Judicial. A pesar de los principios constitucionales que son el marco del ordenamiento jurídico, de los principios generales del derecho y de un sentido básico de decencia, son incontables las resoluciones y sentencias en las que la realidad sustancial se entierra, se asfixia, se ahoga bajo el peso del formalismo jurídico. Sin duda alguna, es otra pandemia.