“Vinimos a EE.UU. pensando que era un país de leyes”: los migrantes venezolanos que demandaron al gobernador de Florida por “reubicación fraudulenta” en una isla turística

Espinoza-Madrigal se trasladó hasta la iglesia desde Boston, donde dirige la organización Abogados por los Derechos Civiles, que brinda asesoría legal a personas de bajos recursos, especialmente migrantes, en Massachusetts.

El primer obstáculo que afrontaba aquel intento de ayuda espontáneo pero desordenado era el idioma. Los voluntarios hablaban inglés. Los migrantes, español. La mayoría había llegado a Estados Unidos escapando de Venezuela, la mayor crisis migratoria del mundo después de Ucrania, con una diáspora de 6,8 millones de personas según Naciones Unidas.

Espinoza-Madrigal tenía la ventaja de ser bilingüe. Junto con otros abogados de su equipo, entrevistó a los migrantes para esclarecer el perfil del grupo: eran 48 personas, pertenecientes a unas diez familias, la más numerosa con nueve miembros. El más joven del grupo tenía apenas dos años.

La mayoría provenía de Caracas y había cruzado recientemente la frontera entre México y Estados Unidos, después de atravesar Centroamérica y la peligrosa selva del Darién. Uno de ellos contó que en su trayecto por México había sido secuestrado y le habían arrancado los dientes con un par de alicates.

“Vinimos a Estados Unidos pensando que era un país de leyes”, dijo uno de los migrantes a Espinoza-Madrigal. “Y se encontraron con el mismo tipo de manipulación política, jugando con la vulnerabilidad de la misma manera que lo habrían experimentado en Venezuela”, afirmó el abogado al recordar sus encuentros con los migrantes

Cuando los abogados preguntaron cómo habían llegado a ese lugar, los migrantes respondieron que fuera del refugio donde se alojaron en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, les habían ofrecido ayuda para sacar sus papeles, conseguir empleo y casas, e incluso hacer cursos gratis de inglés.

“No somos un estado santuario”

El gobernador del estado de Florida, Ronald DeSantis, se atribuyó el traslado de los migrantes al día siguiente, el jueves 15 de septiembre, durante una alocución pública.

“No somos un estado santuario y es mejor ir a una jurisdicción santuario“, dijo al referirse a las ciudades estadounidenses que disponen de políticas de acogida para los migrantes indocumentados. “Y sí, vamos a facilitar ese traslado para ustedes”.

“Incluso cuando apenas se les lleva a las puertas de sus casas una pequeña fracción de lo que enfrentan cada día las ciudades fronterizas, de repente se vuelven locos”, apuntó DeSantis sobre los demócratas.

“Están tan molestos porque esto está sucediendo, y eso indica que sus muestras de virtud son un fraude“, afirmó en respuesta a las críticas del presidente Joe Biden, quien condenó la maniobra.

“Lo que están haciendo simplemente está mal, no es estadounidense, es temerario”, opinó el mandatario demócrata.

La organización Abogados por los Derechos Civiles introdujo una demanda ante una corte federal de Massachusetts contra el gobernador republicano, el secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared Perdue, y el estado de Florida.

El objetivo es exigir que se les prohíba “inducir a los migrantes a viajar a través de las fronteras estatales mediante fraude y tergiversación”, y obtener indemnizaciones para los afectados.

“Todo esto fue un esquema fraudulento elaborado para reubicar y expulsar inmigrantes de las comunidades fronterizas a Martha’s Vineyard, para usarlos y jugar con ellos como peones políticos”, señaló Espinoza-Madrigal.

Traslado voluntario

“Si 50 son una carga para uno de los lugares más ricos de nuestro país, ¿qué pasa con todas esas comunidades que han sido invadidas por decenas o miles (de migrantes)?, declaró el gobernador de Florida después de que se conoció la demanda.

La directora de comunicaciones de DeSantis, Taryn Fenske, indicó en un comunicado que el traslado de los migrantes a Martha’s Vineyard se hizo de “forma voluntaria”. “Los inmigrantes estaban sin hogar, hambrientos y abandonados, y estos activistas no se preocuparon por ellos en ese momento”.

Además, Fenske hizo llegar a medios estadounidenses una copia del formulario que habrían firmado los migrantes, para aceptar el traslado y librar al “benefactor y sus representantes” de responsabilidades en caso de “daños o lesiones” ocurridos durante el viaje.

Sin embargo, la traducción en español no refleja el contenido completo de la versión en inglés. No dice, por ejemplo, que el destino final era Masachussetts.

El senador demócrata por Florida, Jason Pizzo, introdujo una segunda demanda para exigir que se prohíba a DeSantis el uso de fondos públicos para el traslado de migrantes a otros estados.

Un vale de McDonald’s

El texto de la demanda cuenta que los migrantes fueron abordados cerca del refugio donde se encontraban en San Antonio por cinco personas. Dos de ellas se identificaron como Perla y Emanuel.

Para “ganar la confianza” de los migrantes, “los demandados proporcionaron artículos tales como certificados de regalo de McDonald’s por $10 a los miembros de la demanda colectiva que padecían inseguridad alimentaria crónica”, explica el documento.

Después hicieron “falsas promesas”. Si los migrantes se mostraban dispuestos a abordar aviones para viajar a otros estados, “recibirían empleo, vivienda, oportunidades educativas y otra asistencia similar a su llegada”.

Los migrantes facilitaron copias de sus identificaciones para recibir ayuda con el proceso migratorio y fueron alojados en hoteles hasta que finalmente abordaron dos aviones privados, bajo la promesa de volar a Boston o Washington. La demanda estima que los acusados pagaron US$615.000 por el traslado del grupo, con un costo aproximado de US$12.300 por pasajero.

Durante el vuelo, recibieron carpetas rojas con folletos que explicaban trámites migratorios y cómo gestionar un número de seguridad social en Estados Unidos. Perla, Emanuel y los demás habían dado sus números de teléfono para que los contactaran si surgían dudas en el trayecto.

Poco antes de aterrizar, se informó a los migrantes que iban camino a Martha’s Vineyard, una isla donde multimillonarios y famosos como los Clinton, los Obama o la presentadora estadoundiense Oprah Winfrey, pasan sus vacaciones.

El valor promedio de una vivienda en Martha’s Vineyard alcanza los US$1,3 millones, ha reportado el diario The Washington Post.

Cuando llegaron a tierra, llamaron a Perla, Emanuel y los demás, pero los números estaban desconectados.

“Varados e inmensamente vulnerables, los demandantes (…) se enfrentaron a una situación incierta en un lugar desconocido. Se quedaron en la oscuridad, sin nada”, indica la demanda.

Aunque la reparación de los daños económicos y emocionales ocasionados a los migrantes es “incalculable”, el texto asegura que entre todos “como mínimo excede los $75.000”.

Refugio en una base militar

Dos días después de su llegada a Martha’s Vineyard, Espinoza-Madrigal y sus abogados acompañaron a los migrantes cuando fueron trasladados desde la Iglesia Episcopal de San Andrés hasta la base militar de Cape Cod, un poco más al norte en Massachusetts.

Los migrantes fueron reubicados en una instalación militar porque requerían servicios de emergencia inmediatos.

“Era necesario asignar trabajadores sociales para determinar cuáles son sus necesidades continuas. La vivienda necesita ser asegurada. Los servicios médicos necesitan ser gestionados. Se deben organizar contactos con abogados y otros profesionales, incluidos psicólogos”, explicó Espinoza-Madrigal. “Todo esto es extremadamente difícil de organizar en un destino turístico pequeño y remoto sin la infraestructura para brindar apoyo continuo a los migrantes”.

El abogado precisó que todos gozan de libertad condicional humanitaria y solicitan asilo. La mayoría permanece en la base militar porque no tiene otro lugar a dónde ir. Aseguró que por ahora no conviene que cuenten sus experiencias directamente a los periodistas.

“Estamos buscando una orden judicial para detener el uso de los migrantes”.