El Congreso aprobó, a propuesta del Ejecutivo y del ente rector que es el Ministerio de Energía y Minas (MEM), un programa de apoyos temporales para los consumidores de los derivados del petróleo como combustibles (gasolina y diésel), gas propano y energía eléctrica, lo que también podría tener un matiz político, de cara a las próximas elecciones generales, y así evitar brotes de descontento popular.
El más reciente cobró vigencia el pasado 1 de octubre, con una subvención de Q0.20 por libra de gas licuado de petróleo, pero anteriormente también se subsidió al diésel con entre Q5 y Q7 por galón, y de Q2.50 a Q5 para el galón de superior y regular. Para la tarifa social de energía eléctrica, se amplió el rango de consumo hora/mes.
¿Cuánto se ha destinado?
El monto asignado a los subsidios asciende a Q3 mil 181 millones, y está pendiente de cargar en el sistema presupuestario el único apoyo vigente que corresponde al GLP, que está vigente desde hace algunos días.
Las cifras que maneja el Ministerio de Finanzas al corte del pasado 5 de octubre, indican que para el GLP se habían erogado, Q333.5 millones, que representan el 10.5% del total ejecutado a esa fecha; para combustibles (gasolinas y diésel) fueron Q2 mil 260 millones que es el monto más alto y tiene una participación del 71%; y para la tarifa de energía eléctrica, Q587.5 millones con una participación del 18.4%.
Estos recursos, más una ampliación que aprobó el Legislaivo para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q3 mil 195 millones para financiar la Ley de Infraestructura Estratégica, explican que el presupuesto público pasara de Q106 mil millones a Q112 mil 518 millones de los cuales, Q6 mil 500 millones se cubrieron con saldos de caja -dinero no ejecutado el año pasado-.
Si los diputados no aprueban el próximo presupuesto estatal, quedarían vigentes los Q112 mil 518 millones indicados y toda esa estructura de gasto.
Balance
Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, detalló que la implementación de los subsidios fue una buena medida, en el sentido de que se apoyó a la población para que no verse afectada en su poder adquisitivo y cubrir lo necesario con sus ingresos.
En el proyecto de presupuesto para 2023, los subsidios ya no están programados, sin embargo, uno de los factores es que su continuidad dependerá de la situación internacional, sobre todo por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Además, el precio del barril de petróleo experimentó una tendencia alcista que se materializó en los primeros meses del año, que lo empujaron en más de US$120 dólares, cifra que no se había observado en los últimos años.
Los datos de la banca central indican que al 21 de septiembre pasado el precio promedio observado era de US$98.28 el barril, mucho mayor al promedio del 2021, que fue de US$67.91 y a los US$39.40 del 2020. En los últimos días, la tendencia ha sido alcista.
El pronóstico para 2022, indica que el promedio podría rondar en los US$97.84, con un rango superior en US$108.02 y uno inferior de US$87.66. En tanto que para 2023, la proyección es de un promedio de US$88.45, con un límite superior de US$118.99 y uno inferior de US$57.91.
Evitar la conflictividad
En Guatemala, no existe una política pública de subsidios, pero según Miguel Ángel Moir, exjefe de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) las erogaciones por los subsidios para abordar la problemática específica de la coyuntura de los combustibles, no se basan en una política económica actualizada, sino que se trata de directrices generadas desde el gabinete de gobierno.
Con la crisis desatada por el encarecimiento de los combustibles, las autoridades trataron de abordar la problemática por medio de subsidios, con el objetivo de mantener la estabilidad y gobernanza en algunos sectores sociales, enfatizó.
Pero a la pregunta de qué otra forma se podrían haber invertido esos Q3 mil 181 millones, el exfuncionario respondió que otra dirección posible pudo ser el gasto social, pues la pandemia golpeó más la economía familiar, que la crisis de los combustibles.
“Se pudo haber priorizado el beneficio en los núcleos familiares, por los contratos laborales que fueron suspendidos o cancelados y la menor venta en la economía informal”.
Moir describió que en los análisis de la huella y ruta del dinero estatal, siempre hay que determinar y medir que llegue a donde se debe y en este caso, era la población, y no los expendedores de carburantes, “que salieron ganando porque mantuvieron sus ingresos y empresas, mientras que la población beneficiada fue la de ingresos alto y medio, que utilizan vehículo”.
Y concluyó con que otra política de gasto social pudo ser la implementación de apoyos a los emprendedores; micro y pequeñas empresas; la economía informal y su formalización; la agricultura familiar y programas que ya tiene estructurado el ministerio de Desarrollo Social (Mides).
