3 años sin cortes: Esta es el millonario costo en salarios que ha dejado la prórroga de magistrados en la CSJ

La presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés Quezada, devenga mensualmente un sueldo de Q46 mil 800 más gastos de representación por Q23 mil; mientras que el resto de los magistrados han percibido un sueldo de Q39 mil 800 y Q13 mil 250 de gastos de representación.

A dichos montos se le suman otros beneficios como bonos mensuales, bonificaciones profesionales, también cada mes, aguinaldo, bono 14, diferidos, primas vacacionales,  así como los bonos de Semana Santa y de apoyo económico por la pandemia Covid-19, entre otros.

El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina renunció al cargo en marzo del 2020, luego de ser electo como magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral; no obstante, recibió Q1.21 millones por indemnización; mientras que, el magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel recibió una indemnización de Q1.35 millones, luego de renunciar en junio del 2021, para asumir como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

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La extensión de su período como magistrados de la CSJ les permite los beneficios económicos detallados y adicional podrán acumular pasivo para su liquidación, por el tiempo que duren en la CSJ.

Sin prioridad en la agenda legislativa

La elección de magistrados de CSJ y de Cortes de Apelaciones ha figurado 179 veces en las órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias que fueron programadas desde el 23 de junio de 2020 al 21 de julio de 2022 por el Congreso de la República, de acuerdo con un monitoreo del movimiento Pro Justicia, basado en las órdenes publicadas por ese poder del Estado.

Del 23 de junio de 2020 a julio de 2022, en tres ocasiones lograron llegar a ese punto en la agenda legislativa y se concretaron las votaciones de tres candidatos de la nómina de los aspirantes a integrar las Cortes de Apelaciones.

De los 270 candidatos solamente tres candidaturas de la lista fueron sometidas a votación. Se trata de Rogelio Can Si, quien obtuvo 37 a favor y 46 en contra, el 27 de abril de 2021, mientras que Mirna Lubet Valenzuela Rivera, logró 69 a favor y 28 en contra, el 16 de marzo del año pasado. Mientras que Hugo Roberto Jáuregui, el 23 de febrero de 2021, obtuvo 17 votos a favor y 93 en contra.

Unos 92 diputados votaron por aprobar el Acuerdo Legislativo número 14-2020, en el que establecieron su forma de elección, sin plazos, sin límite de tiempo para la intervención de cada legislador, sin exclusión de candidatos y sin respeto de jerarquías, pues estipula iniciar con la elección de magistrados de Corte de Apelaciones y no con los 26 candidatos a magistrados de la CSJ.

Además fueron incluidos puntos que podrían hacer lento el proceso de elección como la lectura de diferentes documentos que debe realizar la secretaria del Legislativo antes de la elección, tales como el informe circunstanciado presentado por el MP, documentos de descargo recibidos por la Comisión de Postulación y la nómina de los aspirantes, entre otros.

Una prolongación también de sueldos

Los más beneficiados

De acuerdo con Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, los magistrados que se encuentran en la extensión de su período “han sido los más favorecidos en el término de que no tuvieron que salir a buscar un nuevo trabajo. Es un beneficio adicional que no esperaban porque iban a terminar su período en 2019”.

“Ellos deben estar aplaudiendo cada vez que el Congreso no llega al punto de la elección de magistrados, porque cada sesión plenaria que pasa es una ganancia para todos” puntualizó Ibarra.

“Los magistrados no pueden abandonar los cargos en tanto no hayan personas electas para sustituirlos, legalmente hay una cobertura pero ellos perdieron legitimidad porque la mayoría están al servicio de la alianza político dominante  y sin duda alguna ellos forman parte de un acuerdo multinstitucional” añadió.

Ibarra explicó los rubros de gasto “el OJ los estaría devengando en otros magistrados, pero esos beneficios de tres años de prórroga son una especie de premio económico por estar ejerciendo los cargos y tomando decisiones que favorecen al actual régimen, al eventualmente tomar decisiones que atacan o que debilitan la lucha contra la corrupción e impunidad”.

Se estiman que al no elegir se ha violentado el artículo 208 de la Constitución Política, que establece el período de cinco años que deben cumplir los magistrados en sus funciones, por lo cual los diputados podrían incurrir en responsabilidades administrativas y penales.

De los cambios y vacantes

De los 126 magistrados titulares de la Corte de Apelaciones que figuran en el Acuerdo 22-2014 del Congreso de la República, al menos nueve renunciaron a la magistratura entre los que se destacan José Alejandro Córdova Herrera, quien lo hizo para asumir como procurador de los Derechos Humanos; al igual que Ingrid Johana Romero Escribá, actualmente directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Dina Josefina Ochoa Escribá renunció para ocupar una magistratura en la CC. De octubre de 2019 a junio de 2022 cuatro magistrados titulares de la Corte de Apelaciones han fallecido: Ligia Aracely Pérez Véliz, Carlos Antonio Aguilar Revolorio, Helio Guillermo Sánchez González y Carlos Roberto Motta de Paz.

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