La mayoría de países desarrollados se caracterizan por basar sus actividades en una planificación y ejecución presupuestaria estatal bien consolidada. Hay países, como Japón, en el que el horizonte de tiempo de su planificación es de muy largo plazo, trascendiendo inclusive siglos; otros, como Corea del Sur, basaron su desarrollo en planes quinquenales con metas a largo plazo bien definidas. En años recientes, una delegación de Corea del Sur realizó un análisis de la planificación de Guatemala, encontrando que nuestro país había desarrollado con participación ciudadana el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032, bastante bien elaborado y que recoge las necesidades del país plasmando una visión adecuada para el desarrollo. Sin embargo, en sus conclusiones enfatiza sobre la pobre ejecución de dicho plan, debido principalmente a la inadecuada asignación de recursos al mismo. Ello provocado por el hecho de que la planificación está en manos de la Secretaría General de Planificación, con un nivel de escaso poder de liderazgo, por su carácter de secretaría, mientras que la asignación de recursos está a cargo de una institución con carácter ministerial: el ministerio de Finanzas Públicas, cuyo poder de asignación queda supeditado a la aprobación del Congreso de la República. La realidad es que la asignación de recursos se da en forma política, clientelar y desordenada, buscando libertad para la corrupción y llevarlos a sus arcas personales; lo demuestra la actual discusión de la Ley de Contrataciones del Estado, al buscar mayor libertad en el gasto de recursos en el año preelectoral. Si algo es urgente en este país es que la institución a cargo de la planificación tenga el poder necesario para que esta planificación se ejecute al lograr la asignación adecuada de recurso.

El 5 de octubre el Congreso de la República conoció la iniciativa 6145 “Ley Orgánica de Planificación”, la que es urgente aprobar. Al leer la iniciativa se observa una buena intencionalidad para ordenar la planificación del país, enunciando que debe ser una ley que oriente la ejecución presupuestara en función de las prioridades del país y que sea el instrumento que viabilice las políticas públicas, sectoriales, institucionales y territoriales, dándole sentido a la inversión, que promoverá mediante la planificación coordinada, vinculada al presupuesto un marco de transparencia ética y de participación ciudadana al evitar que se ejecute o reprograma de forma dispersa, atendiendo a intereses particulares o desaprovechando recursos sin tener en cuenta las metas planteadas que atienden las prioridades del país.

Plantea elevar la Secretaría General de Planificación (Segeplán) a un nivel jerárquico de ministerio, para que pueda ejercer un papel de coordinación y facilitación de la acción del sector o sectores bajo su cargo, lo que es establecido únicamente a los Ministerios según la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto 114-97. Al contar con ese rango se fortalecerá la definición y coordinación de las acciones estratégicas de mediano y largo plazo que propicien el desarrollo económico y social del país, al general bienestar a la población. Se prevé integrar y complementar los esfuerzos y que los recursos obedezcan a los planes de desarrollo a largo plazo definidas, para evitar que independientemente de la administración en turno, las acciones contenidas en las Políticas de Gobierno den continuidad con sus acciones a la atención de las prioridades de país que tendrán impactos a largo plazo. Ojalá que los señores diputados no echen mano de esa iniciativa y terminen desfigurándola a sus conveniencias, sino que la aprueben tal como se formuló. El rechazo inicial a la ley es producto de la desconfianza en la actual legislatura y gobierno, lo que es lamentable porque es una ley que merece la pena aprobar.