El mes pasado, el Instituto Fraser, uno de los centros de investigación más importantes del mundo cuya sede se encuentra en Vancouver, Canadá, en cooperación con la red para la libertad económica, donde participa el Cien por parte de Guatemala, publicó su informe anual sobre libertad económica.

El índice mide el grado en que las políticas y las instituciones de los países apoyan la libertad económica. Los pilares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad para entrar en los mercados y competir, y la seguridad de la persona y su propiedad privada. Cuarenta y dos puntos de datos se utilizan para construir un índice de resumen, junto con un ajuste de derechos legales de género para medir hasta qué punto las mujeres tienen los mismos niveles de libertad económica que los hombres.

El grado de libertad económica se mide en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad de la moneda, libertad para el comercio internacional y regulación crediticia, laboral y de los negocios.

Según el informe, “las piedras angulares de la libertad económica son la elección personal, la voluntad intercambio, mercados abiertos y derechos de propiedad claramente definidos y aplicados. Los individuos son económicamente libres cuando se les permite elegir por sí mismos y realizar transacciones voluntarias siempre que no perjudiquen a la persona o propiedad de otros. Cuando la libertad económica está presente, las elecciones de los individuos decidirán qué y cómo se producen los bienes y servicios. Los individuos económicamente libres podrán decidir por sí mismos en lugar de tener opciones impuestas sobre ellos por el proceso político o el uso de violencia, robo o fraude por parte de otros”.

A nivel global, el país más libre en esta última edición es Hong Kong, seguido de Singapur, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Estonia, Mauricio e Irlanda. Para el caso de Latinoamérica, sobresalen Costa Rica (29 de 165 países), Guatemala (posición 31), Chile (33), Perú (37), Panamá (41), República Dominicana (48), El Salvador y México (64), Uruguay (68), Honduras (70), Paraguay (78), Nicaragua (82), Colombia (99), Ecuador (106), Brasil (114), Bolivia (123), Argentina y Venezuela (165).

Guatemala mejoró dos posiciones respecto de la evaluación anterior, con una nota de 7.59 sobre 10. De todos los indicadores, tenemos que seguir avanzando en mejorar nuestro sistema legal y derechos de propiedad, que tiene una evaluación de 4.9 puntos y que ubica al país en la posición 97 de 165 países en ese indicador.

Según el informe, nuestro país debe hacer un mejor esfuerzo por dar mayor transparencia y fortalecer sus capacidades en temas relacionados con fomentar mayor independencia judicial, imparcialidad en las cortes, mayor protección a los derechos de propiedad, mayor integridad al sistema legal y cumplimiento de contratos, así como reducir los costos de vender propiedades y generar mayor confianza hacia la Policía.

Este tipo de indicadores ayuda a que el país enfoque sus políticas públicas hacia mayor certeza jurídica. La pandemia ayudó a acelerar muchos procesos de digitalización y ha sido clave poder generar avances en materia de cómo reducir cuellos de botella y trámites burocráticos. Iniciativas que deben continuar, generando mayor certeza también en el proceso de elección de cortes, algo en lo que la propia Corte de Constitucionalidad deberá trabajar para buscar una salida jurídica a ese entuerto con el que seguimos como país.