El techo presupuestario que definió el Ministerio de Finanzas para el funcionamiento del OJ del próximo año es de Q2 mil 788.8 millones. En su momento el Poder Judicial pidió Q3 mil 903 millones, como mínimo, para operar.
La disminución, en relación con lo solicitado, afectaría “la creación de nuevos órganos jurisdiccionales que podrían nacer con la aprobación de legislaciones, así como la ampliación en juzgados de mayor riesgo, familia, niñez y adolescencia, y la adquisición de equipo”, manifestó Rudy Esquivel, portavoz del OJ.
Asimismo, expuso que con el presupuesto vigente “se han alcanzado logros tangibles con la apertura de juzgados y tribunales” de Primera Instancia Penal, así como de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, los cuales han llegado a Retalhuleu, El Progreso y Sacatepéquez, y se tiene previsto ampliar la cobertura en Totonicapán y Jalapa.
“El tema presupuestario es de suma importancia para el cumplimiento y los compromisos adquiridos para seguir fortaleciendo el acceso a la justicia a nivel nacional”, subrayó.
Por su lado, el MP tuvo una asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2023 de Q3 mil 520 millones, mientras el ente investigador había requerido Q4 mil 191 millones —Q670.21 millones menos—, para cubrir gastos de funcionamiento y equipamiento institucional.
Lo asignado por Finanzas “no cubre las necesidades de la institución para el adecuado funcionamiento de las áreas fiscal, técnica y administrativa que brindan cobertura a nivel nacional” indicó el jefe de prensa del MP, Juan Luis Pantaleón.
El comunicador refirió que el MP ha ejecutado de forma correcta el presupuesto y pasado de “130 unidades fiscales que se recibieron al iniciar la gestión en el 2018, a 433 a la presente fecha”.
Análisis
“El tema central no es analizar la asignación financiera de estas instituciones, sino, más bien, en qué medida se logra un adecuado balance entre las distintas instituciones del sistema”, expresó Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (Cien).
Lamentó que “la información que acompaña el proyecto de presupuesto no es suficiente para hacer un análisis sobre la fundamentación técnica de las asignaciones presupuestarias propuestas”, e hizo ver que es importante conocer los resultados de dichas asignaciones.
Más que la asignación presupuestaria, remarcó, las instituciones deben funcionar de forma adecuada, desde el inicio hasta el fin de un proceso judicial.
David Casasola, analista del mismo centro, hizo énfasis en que el proyecto de presupuesto solo contempla la transferencia de la administración central, y que tanto el OJ como el MP, a lo largo del año, “logran ampliaciones incluso con fondos propios” y a estos se les suma las transferencias corrientes y fuentes de financiamiento.
Mingob, favorecido
Al Ministerio de Gobernación (Mingob) se le asignó mayor presupuesto para el próximo año y pasará de Q6 mil 400 millones a Q7 mil 300 millones, de aprobarse el proyecto.
Entre los programas por implementarse en el 2023 destaca la asignación al servicio de control telemático, aprobado por el Congreso en el 2017, pero que no se pondrá en marcha sino hasta el próximo año. Este tendría un presupuesto de Q28 millones.
También se refleja un incremento de Q8.5 millones para el funcionamiento de 17 Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) —cinco más que en 2022—, que en parte son administrados por organizaciones civiles. En total, el presupuesto para estos centros alcanzará los Q25.9 millones.
Además, para el ejercicio fiscal del próximo año la cartera del Interior tiene entre planes crear un subprograma, denominado servicios para contrarrestar los hechos delictivos de violencia contra la mujer, que contaría con una asignación de Q16 millones.
Aunque no se asignó el monto requerido por las autoridades de justicia, el Ministerio de Finanzas destacó que para el 2023 el Gobierno aumentó en Q119.6 millones la asignación al OJ y en Q100.8 millones la del MP, en comparación con el monto asignado para este año, y aseguró que en la propuesta de proyecto de presupuesto 2023 que se discute en el Organismo Legislativo hay aumentos adicionales para ambas instituciones.
No han recibido fondos
Respecto de la ejecución presupuestaria de este año de los 12 Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus), la Asociación Mujeres Alas de Mariposas expuso que, a octubre, los desembolsos de recursos para las organizaciones que administran estos centros no se han efectuado, lo cual repercute en que la atención a las sobrevivientes de violencia no sea la adecuada.
“Está actitud refleja poca voluntad política para la atención hacia la violencia contra las mujeres”, flagelo que afecta a muchas de ellas y sus familias, dijo Linsley Tillit, representante del colectivo.
En el presupuesto asignado al Mingob para el 2022 hay Q17.4 millones para el funcionamiento de los 12 Caimus, pero Tillit teme que el próximo año ocurra lo mismo.
Agregó que el subprograma que pretende implementar el Mingob el próximo año, denominado servicios para contrarrestar los hechos delictivos de violencia contra la mujer, “no responde a los compromisos políticas y leyes que sustentan la obligación del gobierno para garantizar el funcionamiento de los Caimus”.
En torno al atraso, el titular del Mingob, David Barrientos, dijo que existen procedimientos de ley que la mayoría de organizaciones no ha cumplido.
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