Con ‘La situación de la libertad de expresión en Guatemala’ inició esta mañana el 185 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que escuchó tanto las denuncias de organizaciones defensoras de derechos fundamentales como la respuesta de cada Estado aludido.
“Mi papá es claramente un perseguido político, el Estado lo tiene secuestrado” dijo José Carlos Zamora, hijo del periodista detenido y procesado por –según la Fiscalía- lavado de dinero y chantaje.
“Más allá de la persecución de un periodista y del intento por cerrar un medio de comunicación, es un mensaje contundente a todos los periodistas de Guatemala, que perseguirán a todos aquellos que les parezcan incómodos, lo han usado como un ejemplo para amedrentar y acallar a la prensa utilizando una estrategia efectiva y eficiente, utilizada por los regímenes autoritarios en la región, como Venezuela y Nicaragua”, apuntó Zamora hijo en su intervención.
Siete organizaciones encabezadas por Bufete Jurídico de Derechos Humanos y la Red Rompe el Miedo Guatemala, que aglutina a un variado grupo de colectivos dieron voz a los procedimientos sumarios contra comunicadores. Algunos como Zamora, encausados penalmente, otros han logrado huir antes de su captura.
Esta red calcula que al menos 36 personas han sido “detenidas o enfrentan procesos” algunos incluso por facilitar información a medios de comunicación como parte de denuncias ciudadanas.
El Estado niega persecución
La representación del Estado de Guatemala, a cargo de Ramiro Contreras, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), negó categóricamente que en Guatemala se persiga a periodistas.
Señaló que los casos judiciales en proceso penal, como aquel por el que se encuentra detenido de manera preventiva el periodista Jose Rubén Zamora, “no tienen relación con su trabajo periodístico”, sino por asuntos como empresario.
“En la república de Guatemala hay una total emisión y acción del pensamiento y se niega que en Guatemala se estén violando esos derechos”, dijo Contreras en referencia a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.
El funcionario gubernamental desestimó uno a uno los señalamientos y casos argumentados por los peticionarios de la sociedad civil, y dijo que las investigaciones corren de manera independiente por parte del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras.
La revalidación de Porras para un segundo mandato, en mayo de este año, avalada en la confianza depositada por el presidente Alejandro Giammattei, generó preocupación desde la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas.
Porras además está, además, incluida en la Lista Engel de EEUU reservada para “actores corruptos y antidemocráticos”, como matizó el José Carlos Zamora para recordar a la Comisión la situación del país.
La CIDH, presta a visitar Guatemala
El relator especial para Libertad de Prensa, Pedro Vaca, dijo que el monitoreo constante que lleva la Relatoría Especial desde el seno de la CIDH no concuerda con los planteamientos del Estado al indicar total “normalidad”.
Y que ante las posiciones diametralmente opuestas entre los miembros de la sociedad civil y el Estado es claro que hay “un abismo” entre las partes y profundizó en sus valoraciones a partir de las compilaciones de testimonios que lleva la Relatoría para revisar la situación.
Por su parte la vicepresidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay observó que la detención del comunicador por 85 días y a partir de las condiciones expuestas en ese y otros casos deja ver que el proceso no está claro ni apegado “en los estándares de derechos humanos” ya que “la libertad de los periodistas debería ser absoluta para expresarse”.
La CIDH ha mostrado anuencia para hacer una visita a Guatemala y revisar la situación de los detenidos y fomentar un diálogo entre las partes para encontrar caminos que lleven a solventar la problemática.
Uno de los peticionarios recordó al cierre a la Comisión que el hecho de poner voz a la denuncias como en su caso en se momento de la audiencia ya genera un riesgo personal, de persecución acoso, e incluso repercusiones para ejercer su profesión como abogado de la república.
