Un sonriente Elon Musk tomó posesión de Twitter, la red social dedicada al microblogging. El emprendedor pagó de más por la empresa y enfrentó enredados procesos legales porque cree en la libertad de expresión. Lo primero que hizo fue despedir al ejecutivo en jefe y a varios otros empleados responsables por cerrar cuentas y censurar el contenido publicado en la red.

Dicen que Musk decidió comprar Twitter porque le indignó la suspensión de la cuenta humorística conservadora y cristiana Babylon Bee. Ellos habían nombrado «hombre del año» a Rachel Levine, una pediatra transgénero que funge como subsecretaria de salud en el gobierno de Biden. La cancelación temporal y permanente de numerosas cuentas, entre ellas la de Donald Trump, ha sesgado el debate en redes artificialmente. Musk planteó cambiar el algoritmo de Twitter a código abierto, transparentar la forma en que se visibilizan u ocultan los twits, y eliminar el spam y los bots (cuentas automatizadas). Él cree que el mundo necesita una plaza pública digital que refleje la realidad, en la cual podamos dirimir nuestras diferencias sin llegar a la violencia.

Musk pudo batallar contra la cultura de la cancelación dentro de una empresa privada gracias al mercado competitivo. Su plaza pública digital se enfrentará con redes sociales que observen distintas políticas de publicación. Los usuarios a disgusto con las nuevas condiciones de debate en Twitter pueden migrar a otras plataformas. Recuperar la libertad de expresión y de prensa cuando el gobierno busca silenciar las voces incómodas es significativamente más difícil.

Hace más de un año, el gobierno de China encarceló a Jimmy Lai, un empresario y periodista de Hong Kong, porque Lai se unió a las protestas pacíficas en pro de la libertad económica y política. El régimen cerró su periódico, Apple Daily, y las cuentas digitales asociadas al diario. Congeló sus cuentas bancarias. Y es que el gobierno se ha arrogado extraordinarios poderes para castigar a sus opositores en la región administrativa especial desde que Pekín decretó la Ley de Seguridad Nacional (NSL) en 2020. El régimen montó una oficina de propaganda para manejar «los medios de comunicación y la opinión pública»: en tan solo un año, la clasificación de Hong Kong en el Índice de Libertad de Prensa (ILP) se desplomó del puesto 80 al 148, de un total de 180 países. China, por cierto, ocupa el puesto 175. El conmovedor documental Hong Konger (Acton Institute) eleva la indignación internacional por el maltrato a Lai y a miles de hongkoneses. Esperamos que modere las acciones represivas del gobierno chino.

Más cerca de nosotros, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua reprimen la libertad de prensa. En Cuba, únicamente son legales los medios de comunicación estatales. En Venezuela, Nicolás Maduro confiscó las instalaciones de El Nacional. Maduro censura la cobertura radial y televisiva y ahora bloquea sitios digitales como Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV Miami (Venezuela sin Filtro). El régimen Ortega-Murillo de Nicaragua ha arrestado a decenas de periodistas, ocupó ilegalmente las instalaciones de La Prensa, y confiscó los inmuebles de Confidencial y 100% Noticias para convertirlos en puestos de salud. En el 2022, el ILP ubica en la casilla 173 a Cuba, 159 a Venezuela y 160 a Nicaragua.

Guatemala podría mejorar su puntuación. El país bajó del puesto 116 al 124 durante el año pasado. El ILP señala violaciones a las garantías constitucionales por parte de actores políticos y autoridades.

Esperemos que la cruzada de Musk en Twitter anime una discusión nacional sobre cómo se interconectan la verdad y la libertad económica, política y de expresión.