Justo el día en el cual  se cumplían los mil días del actual gobierno —que intentó con poco éxito usar tal cifra como  leitmotiv de la publicidad oficial—, el Organismo Ejecutivo se precipitaba a declarar un estado de Calamidad por la tormenta tropical Julia. Tal medida era, supuestamente, para atender los daños causados por las  lluvias e inundaciones    en infraestructura vial, agricultura y viviendas. Los departamentos más afectados fueron Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Suchitepéquez y Zacapa.

Se reportaron  daños en  86 escuelas, socavamientos en 70 carreteras y puentes, 268 comunidades con pérdidas por inundaciones en cultivos  de  maíz, arroz, cardamomo, café y legumbres, además de la irreparable pérdida de al menos 15 vidas.  Las necesidades eran ingentes; sin embargo, a casi un mes de tal declaratoria, la ejecución de recursos es de cero quetzales.   Apenas el viernes último el Ministerio de Comunicaciones, al que se le dieron más de Q400 millones para la atención de esta  calamidad específica, tenía decenas de concursos abiertos sin otorgar y vaya quién a saber cuándo estarán concluidos y a qué costo de oportunidad.

El propósito de declarar un estado de Calamidad es la atención emergente, inmediata y eficiente de  daños ocasionados por una emergencia climática, telúrica o volcánica. La evaluación  se efectúa con celeridad para responder a la población cuando  lo necesita. Cualquier dilación  obedece a simple y llana incapacidad de gestión o bien a un aprovechamiento de las excepciones de requisitos en compras con otros propósitos opacos. Si se atenderán situaciones ajenas   a Julia,   ya no se encuadraría  en el decreto avalado por el Congreso, el cual  suscitó  objeciones debido a que los fondos fueron sacados de otra ley anterior y  cuestionada.

En efecto, lo otorgado a la “calamidad” salió de los fondos  del botín vial de  Q3 mil 191 millones, aprobado a toda prisa en marzo por la alianza oficialista para supuestos proyectos carreteros que ni siquiera el Ministerio de Comunicaciones tenía claro en qué consistían. En otras palabras, la poca claridad y deficiente manejo de esta cartera vuelve a ponerse de manifiesto al no tener asignada, en este momento, ni una sola obra para atender los daños de Julia. Es previsible que en los tres días restantes se intenten adjudicar proyectos sobre los cuales pesa ya la  sombra de la discrecionalidad.

Las otras entidades a las cuales se otorgaron fondos para el desastre en la declaratoria son la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y al Ejército de Guatemala, que tampoco reportan ejecución concreta y que no deberían ser utilizados en circunstancias ajenas al evento climático de inicios de octubre. Por si fuera poco, se autorizó al Ministerio de la Defensa a utilizar los fondos no ejecutados de su presupuesto, lo cual delata la poca capacidad de ejecución de esa cartera.

Lo procedente  ahora  es reconocer la incapacidad de gestionar la emergencia de Julia. Ello debería conducir, cuando menos, a exigir  la renuncia del ministro de Comunicaciones, que ha fracasado en la reparación de las carreteras nacionales que ya presentaban deterioro antes de la temporada de lluvias y ahora están peor.  A 432 días del final de este gobierno y a 78 días de la convocatoria a comicios  generales, todo uso extemporáneo, clientelar o   electorero  comienza a pesar en sentido inversamente proporcional a lo que se quiera vender, sobre todo si se toma en cuenta que una de las promesas de campaña  de Vamos fue “cero baches a nivel nacional en los primeros seis meses de gobierno”. Y van 33.