Dicha propuesta de ley ingresó a Dirección Legislativa el 18 de febrero del 2021 y tuvo que pasar año y medio para que el documento obtuviera dictamen favorable, siendo este el pasado 31 de agosto.
A dos meses de la convocatoria a elecciones generales -programada para el 20 de enero de 2023- y aun con un largo camino por recorrer -la aprobación del pleno del Congreso, más la aprobación de la Corte de Constitucionalidad (CC)- expertos coinciden con que ya es imposible aprobar este paquete de reformas y echarlo a andar para las elecciones del 2023, lo que significa que los comicios serán con la misma LEPP del 2019, a menos que la CC determine que procede alguna de las tres impugnaciones a artículos específicos de dicha ley, presentadas la semana pasada por el Cacif, y en junio por los abogados Gabriel Orellana y el exconstitucionalista Aquiles Fallace.
La apatía y comodidad sobre la actual legislación pueden ser algunos de los factores que frenaron las reformas a la ley electoral, ya que es evidente que cuando un tema les interesa a los congresistas no se dilata mucho para ser aprobado, coinciden los expertos en política consultados.
La semana anterior se observaron dos ejemplos concretos: la elección del Contralor General de Cuentas y la aprobación del presupuesto para el año 2023. La aplanadora política del oficialismo se mueve cuando así lo considera oportuno, pero las reformas electorales no les han parecido tan atractivas.
Uno de los principales cambios que buscaban las reformas a la LEPP era cambiar la forma en que los guatemaltecos eligen diputados, lo que podría poner en riesgo la reelección de más de uno.
#CongresoGt | El diputado Javier Hernández llega en aparente estado de ebriedad al Pleno del Congreso de la República. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/T2G6dSdQ2z
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) November 10, 2022
Pero el no contar con una serie de reformas a la ley electoral ya está generando problemas, basta con repasar acciones legales que recientemente se han presentado ante la propia Corte de Constitucionalidad (CC).
El sector empresarial y constituyentes estiman que la actual ley electoral viola la Carta Magna, por lo que es necesaria una reforma, pero ante la pasividad de los diputados las inconstitucionalidades podrían ser la única alternativa.
Adiós listados abiertos
La punta de lanza para las actuales reformas a la LEPP era modificar el sistema de elección de diputados, no elegir una lista de personajes sino hacerlo por nombre y apellido, rompiendo con un sistema que no cumple con la representatividad social.
Al menos esa es la lectura que tiene Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, una de las instituciones sociales que había estado advirtiendo la importancia y necesidad de una reforma electoral.
“Me habría encantado que se cambiará la forma de elegir diputados al Congreso de la República. El sistema de listados cerrados para diputados en Guatemala está obsoleto, se vota por personas que no tienen un liderazgo sino que funciona por otras vías que es un sistema corrupto y perverso”, precisó.
Los constituyentes Aquiles Faillace y Gabriel Orellana comenzaron con las acciones legales contra la Ley Electoral y de Partido Políticos (LEPP) desde el pasado 10 de mayo, inconstitucionalidad que lleva medio año sin ser resuelta. Entre los argumentos que exponen ambos destaca que la actual ley cuenta con algunas frases que pueden llegar a ser considerados artículos de censura. Los enunciados que buscan suprimir del texto constitucional son el 94 bis y en inciso “n” del 223 de la LEPP, así mismo el primer párrafo del artículo 62 quater del reglamento de la ley electoral. El sector empresarial presentó también una inconstitucionalidad, explicando que ante la pasividad legislativa para reformar la LEPP era prudente que la máxima Corte tome cartas en el asunto. Los empresarios buscan impugnar los mismos artículos que los constituyentes.
Ahora solo queda que el TSE escuche a la sociedad, ya que los diputados no lo hicieron, agregó Cruz, “claramente se puede demostrar el desinterés de una gran mayoría de diputados para reformar la LEPP, esto se debe porque están acomodados y el sistema les permite responder a intereses particulares que no son los de la mayoría de la población”.
Políticos amordazados
La aplicación de la actual LEPP parece no ser tan justa o equitativa con todos los políticos por igual, al menos esa impresión tiene por ahora Jahir Dabroy, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
El analista refirió que es vital para cualquier proceso de elecciones escuchar propuestas, opiniones y hasta un sano debate, pero la actual LEPP afirma que mantiene a los políticos prácticamente amordazados.
“Ya hay limitantes a la libre emisión del pensamiento para la clase política que ese es su sustento, la interacción con la sociedad, se nos está limitando como sociedad escuchar los proyectos y veo que es una situación grave, ya hay dos potenciales candidatos que no estarían dentro de la competencia y a otros la ley no llega de la misma forma, parece que no se imparte justicia con la misma medida”, explicó Dabroy.
Aunque los diputados parezcan estar a gusto con la actual LEPP su pasividad podría traerles consecuencias, refirió Dabroy. “Yo desconozco –la razón de la apatía – porque un sistema electoral mucho más claro puede ser de beneficio para las organizaciones políticas, el resto de diputados parecen estar cómodos con la actual LEPP pero eso se puede revertir porque podría complicar a algunos para una eventual reelección”.
Los grandes partidos políticos
Quien sí cree tener una lectura que explique porqué el Congreso no reformó la LEPP es Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El investigador considera que las últimas reformas electorales que continúan y que permanecerán vigentes para el 2023 es producto de un acuerdo entre los grandes partidos políticos, por lo que modificarla no les conviene.
“Uno puede ver que las reformas que ha habido son para favorecer a los grandes partidos políticos, es abrir y cerrar las puertas de la democracia, y poner un camino muy estrecho porque buscan eliminar la competencia”, señaló.
Esto no es nuevo según Quezada, ya que históricamente la legislación le ha permitido a los políticos poner las reglas a su conveniencia. “La arquitectura constitucional apunta a que vivamos bajo una partidocracia, quiere decir que estamos regidos bajo los intereses y conveniencia de los partidos políticos, entonces ellos frente a una reforma de este tipo se convierten en juez y parte”.
Recientemente el TSE ha sido cuestionado por la planificación de cara a las elecciones del 2023, misma que será coordinada con una ley que ante los ojos de la sociedad necesitaba reformas que nunca llegaron, por lo que aconsejan a las autoridades electorales escuchar las sugerencias y propuestas de la sociedad civil.
