La cartera que más eventos adjudicó bajo la modalidad de excepción fue el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) por materiales de construcción, rehabilitación de red vial, mantenimiento de caminos y supervisión de proyectos. Realizó 164 compras por Q1 mil 364 millones y en 129 eventos solo un proveedor presentó oferta.
La mayoría de los eventos se publicó entre el 3 y el 8 de noviembre y fueron adjudicados antes del 9 del mismo mes, cuando perdía vigencia el estado de calamidad.
Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explica que hay varios factores que desincentivan a las empresas a ofertas en concursos de adquisiciones públicas. Entre estos se puede mencionar la mala calidad de las bases de licitación y los términos de referencia para presentar cotizaciones.
“Específicamente, en infraestructura no hay diseños y no hay planificación, entonces no todas las empresas tienen interés en preparar ofertas porque al final hay mal diseño de las compras y eso genera mucha incertidumbre en cuanto a lo que tienen que ofertar las empresas”, dijo Flores.
La otra razón es la percepción de corrupción que hay en el sector empresarial. Los proveedores a menudo consideran que las compras han sido preparadas para beneficiar a una empresa determinada.
“Las empresas perciben que hay mucha asignación discrecional de proyectos de infraestructura, con lo cual se genera un desincentivo de participar. Piensan que esos proyectos ya están dados (a ciertas empresas) y piensan que van a perder su tiempo e incurrir en costos para preparar ofertas”, dijo.
“Si solo se presenta un proveedor es una señal importante del mercado. Quiere decir que quizá las empresas no entienden qué tienen que ofertar o no se enteraron con suficiente tiempo de anticipación. Entonces, las buenas prácticas internacionales refieren que cuando hay proyectos de infraestructura con sola una empresa ofertando hay que cerrarlo y volverlo a lanzar y corregir deficiencias de los proyectos. Es una mala práctica del Civ estar adjudicando proyectos en los que solamente una empresa hay”, cuestionó Flores.
Eddy Cux, de Acción Ciudadana, comenta que por la escasez de oferentes en los concursos se puede interpretar que la mayoría de los procesos de compra ya estaban dirigidos para favorecer a determinados proveedores.
“El CIV adjudica a proveedores de quienes no solo se cuestiona la experiencia, sino a mundo suele estar relacionados con los mismos funcionarios púbicos. Es un fenómeno que prácticamente cada estado de excepción se vuelve un bolso de corrupción para adjudicar a un proveedor único, donde se beneficia a empresas donde y se cuestiona la legitimidad. Si no hay competencia, no habrá transparencia”, dice Cux.
El riesgo cuando solo se presenta un proveedor, dice Cux, es que este define los precios y a menudo sobrevalora los bienes, insumos o servicios por encima de lo que ofertan otras empresas.
Prensa Libre se comunicó con la oficina de comunicación social del Civ para consultarle qué factores desincentivaron la participación de más empresas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta al respecto.
Retrasos
El estado de calamidad fue ratificado por el Congreso de la República el 11 de octubre. En el decreto se colocó a disposición del Fondo Emergente Q540 millones que estaban asignados al Civ como parte de los recursos de la Ley de Mantenimiento de Infraestructura Estratégica.
Sin embargo, las carteras y el Ministerio de Finanza demoraron casi un mes en trasladar los recursos a los ministerios para que pudieran ejecutar. En su momento, el ministro Edwin Martínez justificó que se estaban trabajando dos acuerdos gubernativos que eran necesarios para pasar los recursos del fondo emergente a los ministerios.
“Hay que hacer dos acuerdos gubernativos. Los recursos que se quitaron de la Ley de Infraestructura Estratégica se mandaron al Fondo Emergente. De allí, se tienen que mandar a Comunicaciones. El Civ tiene la mayor cantidad de recursos. Son Q434 millones de funcionamiento y Q170 de inversión”, explicó.
La ayuda no llega
Benjamín Rax, líder comunitario en Alta Verapaz, cuenta que varias comunidades de distintos municipios del departamento quedaron afectadas por las lluvias debido a derrumbes y destrucción de puentes y carreteras, pero no han visto que se hagan reparaciones.
“En el municipio de Senahú 22 comunidades fueron afectadas por derrumbes. La otra comunidad afectada es Cahaboncito, en Panzós, porque está como a 7 kilómetros de la orilla del río Cahabón. En la carretera San Julián para Panzós hubo derrumbes y no hay quién la repare”, dijo Rax.
Una estimación preliminar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) señala que las pérdidas en cobertura agrícola ascienden a Q957 millones y cubren un área de 147 mil 234.67 hectáreas en 268 municipios afectados por el paso de la depresión tropical Julia.
