Algunas veces me he preguntado si hay institutos o think tanks que investiguen cuántas horas diarias los guatemaltecos del área metropolitana gastan en atascos de tráfico y cuánto dinero eso significa. Por supuesto, su coste no es solamente financiero, sino abarca todo ese tiempo que pudiera emplearse para el descanso, el deporte o la cultura y, en cambio, se gasta en ir y venir del trabajo u otras actividades a casa. Yo imagino que debe ser descomunal.

Y, sin embargo, hay opciones de transporte público desperdiciadas. Me refiero a dos en particular. La una se trata de todas las que el ingenio del ser humano es capaz de concebir, pero, debido a ciertas regulaciones estatales y municipales, deben desarrollarse precariamente en la informalidad económica o abandonarse del todo. Creo que las regulaciones sobre la seguridad personal y vial de los medios de transporte colectivo debieran enfocarse en eso y no en la modalidad del transporte. Suponga usted que en una urbanización de Fraijanes o de Mixco, por ejemplo, haya dos o tres vecinos que pudieran ocuparse de llevar a algunos colegios a los hijos de otros vecinos en vehículos de su propiedad, de tal manera que los padres de familia pudieran salir a la hora que necesiten para llegar a tiempo al trabajo y no a la que los hijos empiezan su jornada escolar. ¿Por qué complicarles las cosas? ¿Por qué no crear un registro sencillo de transportistas y una inspección en línea de sus vehículos? ¿Por qué no facilitarles su registro mercantil y como contribuyentes en línea?

La otra se refiere a los trenes de cercanías. Al lado de buena parte de las vías férreas que recorren desde más allá de Agua Caliente, al norte de la metrópoli, hasta Amatitlán, en su extremo sur, día a día decenas de miles de personas desperdician buena parte de sus vidas. Sé de, por lo menos, dos proyectos concretos que se han planteado, pero, dadas las disfuncionalidades del proceso político en este país, abortaron.

Realmente, el problema ni es técnico ni financiero. No afirmo que los pasajes pudieran venderse a un precio que hiciera autosustentable el servicio de trenes de cercanías, sino que tanto el Estado como las municipalidades involucradas gastarían menos en estas opciones que en las inversiones viales que serían necesarias para descongestionar las carreteras que cruzan en todas direcciones el área metropolitana.

También en este caso debiera dejarse funcionar al ingenio humano, pues, por ejemplo, los trenes que no se usaran fuera de horas pico pudieran ofrecerse para transportar mercancías, para turismo, para transbordos (las compañías de autobuses tipo pullman podrían tener estaciones multimodales y, en lugar de que sus enormes autobuses tuvieran que entrar hasta el centro de la ciudad de Guatemala a un promedio de diez kilómetros por hora, los últimos veinte kilómetros pudieran recorrerse a sesenta kilómetros por hora, o sea, en quince en lugar de noventa minutos).

Todo eso requiere de un marco legal adecuado. El Congreso pudiera crear una sociedad anónima cuyas acciones se cotizaran en la bolsa de valores, aportando el Estado derechos de usufructo de la vía férrea y los permisos para explotarla comercialmente, además de un compromiso de subvencionar solamente lo que no alcanzara para hacerla rentable hasta la media de las empresas de transporte de Guatemala, siempre que cumpliera con ciertos estándares de eficiencia. De ese modo, todos los inversores que encontraran aceptable esa rentabilidad invertirían en acciones emitidas por esa sociedad anónima, haciendo llegar, de ese modo, el capital necesario. Hay muchas formas de hacer todo esto, apenas enuncio una idea básica.