Empresarios conscientes de las necesidades del país buscando el desarrollo sostenible con base técnica alejado de lo político, contrató en 2019 a la consultora internacional McKinsey & Company para hacer el estudio y desarrollar un plan. Se inició con un plan para la ciudad de Guatemala con la participación y guía del alcalde municipal y su equipo. Al tener el primer resultado para la ciudad de Guatemala, base fundamental del desarrollo del país, se presentó el plan al presidente de la República. Con la aprobación del Organismo Ejecutivo se inició la implementación a lo que se le conoce como Guatemala No Se Detiene. Se ha ido presentando a otros organismos de Estado y órganos de control, sociedad civil, así como a la comunidad internacional. En todos los ámbitos ha sido bien recibido y apoyado local e internacionalmente.

Guatemala No Se Detiene es una alianza público-privada sin precedentes para impulsar el desarrollo del país, dentro de la cual se hace acopio de aquellas acciones que, de ser concretadas adecuadamente, propiciarán avances significativos para el país. Ello, definitivamente redundará en beneficio de toda la población guatemalteca principiando por la generación de empleo. La ruta que se impulsa es de largo plazo, y su meta a mediano plazo es la generación de 2.5 millones de empleos de calidad para los guatemaltecos.

La dinámica de la economía en el concierto de naciones requiere que Guatemala esté a la altura de los constantes cambios que beneficien la adecuada participación mediante la suscripción y cumplimiento de acuerdos comerciales entre países, con la obvia relación directa que se establece entre particulares.

Esta esfera del desarrollo ha llevado a la creación de índices internacionales que establecen indicadores para la toma de las grandes decisiones, muchas de ellas relativas a las inversiones. Uno de los enfoques en la elaboración de estos índices se centra en la seguridad jurídica, con particularidad en un elemento clave: la justicia.

Uno de los cinco componentes de esta ruta de alto nivel es el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país donde la base sea reglas claras y justas, para la población guatemalteca, para el emprendedor y para el inversionista nacional y extranjero.
Este componente de seguridad jurídica impulsa la digitalización del país. Digitalizando se incentiva la simplificación y tramitación electrónica de las gestiones administrativas, de manera que se eliminen barreras para el establecimiento de nuevas industrias y por lo tanto que la generación de empleo se incremente. El organismo Ejecutivo firmó en un acto público un convenio de cooperación en el que participan los ministerios de Finanzas, Economía, Agricultura, Ambiente y Salud, así como la Contraloría General de Cuentas.

Otro de los objetivos de seguridad jurídica también estimula la competitividad del país, mediante el impulso de aquellas iniciativas de carácter administrativo o iniciativas de ley que incrementen la competitividad del país en la región. Entre ellas se pueden señalar la Ley de Insolvencias, recientemente aprobada por el Congreso de la República. El desafío ahora lo enfrentan el Ministerio de Economía y el Organismo Judicial. Su pronta y adecuada implementación representa para Guatemala un salto cualitativo en la calificación internacional.

En ese mismo orden de implementación de medidas administrativas se encuentra la protección de la propiedad privada. Si existe seguridad jurídica y certeza registral de la propiedad de la tierra habrá prosperidad, por lo que el fortalecimiento de instituciones vinculadas a esta materia es trascendental.

Guatemala No Se Detiene avanza. Es muy importante entender que debemos buscar agilidad y transparencia en todo.