El Tribunal Supremo Electoral hizo circular el fin de semana por medio de redes sociales un video, leído a toda velocidad, con un resumen de las reformas presentadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Ese resumen demuestra la necesidad de un cuidadoso análisis del significado de las palabras empleadas, para confusiones o discusiones innecesarias. Dentro de dichos cambios me llamaron la atención algunas afirmaciones, entre ellas la de su propósito de “adecuar el reglamento a las disposiciones de la Constitución y de la LEPP”, lo cual implica, según un simple análisis del idioma español, una incongruencia, incoherencia o relación lógica entre los textos de ambos cuerpos legales. La frase debería decir “para asegurar la coherencia”.

Otra de las tareas señaladas en el video es la revisión de la redacción, gramática y ortografía, lo cual es plausible, aunque eso solo resulta insuficiente. Redactar es “poner por escrito algo pensado con anterioridad”, pero esa redacción puede ser correcta, equivocada, confusa, motivo de malintencionadas interpretaciones, así como incluir ambigüedades, contrarias a la comprensión adecuada de los textos. También es importante darse cuenta del papel de la sintaxis, cuyo fin es señalar la secuencia o el orden de las palabras y conceptos en las frases. Aunque la ortografía parece ser la parte menos difícil de los textos como la aplicación de las reglas del lenguaje, a veces una falta de ortografía deja de ser un simple error para convertirse en el motivo de una confusión.

Aunque no lo expresa específicamente el video del TSE, este trabajo necesita ser realizado por personas conocedoras del lenguaje en sí mismo, más allá de las interpretaciones propias de diversas disciplinas. Como es obvio, lenguaje técnico como el del Derecho y la Ingeniería tienen algunos significados distintos, pero sobre todo en el campo legal existe un aspecto poco tomado en cuenta. Al ser el español el idioma oficial de Guatemala, las palabras deben emplearse según su significado oficial, otorgado por la Real Academia Española (RAE) y por la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Toda duda se resuelve según los criterios de ambas instituciones, y todo abona en la necesidad de asegurar los cambios sugeridos por el TSE.

Existe, por aparte, otra obra útil para solucionar dudas. Se trata del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, preparado por la Real Academia Española, el Consejo de la Carrera Judicial de España, la Universidad de Salamanca y las Cortes Supremas hispanoamericanas. Como puede verse, son muy amplias las posibilidades de emplear la lengua española en correctos términos técnicos y lingüísticos, tarea fundamental para dar claridad a los textos en cualquier documento oficial. Tampoco se debe olvidar la disminución de la corrección del manejo del español en todos los países hispanoparlantes, aunque en algunos, como es el caso de Guatemala, la incorrección lingüística de los adultos se debe a la poca preparación de muchos maestros de primaria.

La lógica lingüística es clara. Decir “el presidente debe ser más tolerante”, o “el carro B es más barato”, califica implícitamente de la calidad de tolerante o de barato. Simplemente se le pide serlo más o se califica de baratos a los dos vehículos. Al contrario, el uso de “menos” implica crítica: “debe ser menos corrupto” lo señala de corrupto con otras palabras, pero es peor porque no le pide dejar de serlo, sino solo serlo menos. Estos dos casos ejemplifican la necesidad de usar el idioma en forma correcta, pero sobre todo clara. Fue correcta la revisión de las palabras “candidato” o “ciudadano”, no porque sean desconocidas, sino porque se debe estar seguro de su significado oficial, sobre todo en tiempos de agitación política como los actuales.