Para empezar, algunos datos: en la última década, los migrantes guatemaltecos han enviado al país más de US$80 mil millones —sí, de dólares—, equivalentes a más de Q600 mil millones. Tan solo el año pasado fueron US$15 mil 295 millones y hasta octubre se superaban los US$12 mil millones: un aporte colosal, principal fuente de divisas para el país que bien podría marcar una mayor diferencia en desarrollo.

Cuando las personas huyen de su tierra natal para sobrevivir, a donde vayan luchan por su propia sobrevivencia, pero sobre todo por la de su familia. La mayoría anhela regresar a su país. Trabajan duro para lograr sus sueños: comprar terrenos, construir una casa, un vehículo o tener un fondo de retiro. Los padres quieren que sus hijos tengan educación y trabajan en dos o tres empleos para darles una oportunidad mejor. En un sistema educativo público tan deficiente como el de Guatemala, las escuelas y universidades de alto nivel son privadas. Para eso envían sus remesas.

Sin embargo, los migrantes terminan siendo explotados por sus remesas. Por falta de competencia, les cobran comisión y el tipo de cambio es desfavorable. Tres cobros sufre cada dólar enviado: primero, el costo de la transferencia a Guatemala; segundo, la comisión que cobra la institución financiera, y tercero, el tipo de cambio que le aplican.

La mayoría de las remesas van a lugares donde hay pobreza, por lo cual se gastan en sobrevivencia: comida, rentas, educación. Si alcanza, invierten en bienes inmuebles, donde el migrante sueña con tener su casa algún día. Quienes buscan contar con un ingreso a su retorno optan por emprender un negocio y sus remesas son utilizadas para esos startups. Pero al querer crecer, cuando se necesita una inyección de un capital, no se las dan y deben trabajar más tiempo. A veces las inversiones no pueden esperar: por eso de cada cuatro emprendimientos que comienzan desaparecen tres al cabo de dos años.

Aquí hay una gran oportunidad que a instituciones tradicionales no les interesa. El historial del crédito es vital para el acceso a préstamos. Pero como el migrante no lo tiene, se ve obligado a trabajar con su efectivo, la cual se lo tiene que ganar día por día, año tras año. Todo se atrasa. A menos que existiese una institución enfocada al 100% en los migrantes. Un “Banco del Migrante”.

Lo que este “banco del migrante” podría hacer es negociar la creación de una “framework”—estructura para que los costos de envío desde EE.UU. sean favorables y que las comisiones al recibirlo en Guatemala sean más competitivas, con tipo de cambio que merecen ser preferenciales pues son constantes y cantidades que al verlas en volumen, son astronómicas. En esto puedo referir mi experiencia al pagar planillas en Guatemala. Una institución financiera debería usar los envíos de las remesas como historial crediticio. Si llegan por 6 meses seguidos, se podría ir abriendo una línea de crédito y si son 12 meses, mejorar el interés y montos.

Un sistema así estimularía la economía familiar y la del país con mayor rapidez. Como los receptores son a menudo comunidades pobres, el Banco del Migrante podría financiar proyectos de desarrollo y mejora, construir escuelas, puentes, carreteras y obras en las cuales los propios migrantes serían socios preferenciales e inversionistas. Ser una entidad financiera que represente al migrante ante instituciones que quieran reducir la migración forzada.

Los migrantes merecen un cambio en la forma de pensar y de actuar. Los gobiernos los elogian y exaltan con palabras, pero no hacen mayor cosa por ellos. Los políticos llegan cada cuatro años, pero luego los olvidan. Con esos casi US$20 mil millones que se esperan para este 2022, se podría cambiar todo un futuro si se le aborda con pensamiento innovador.