El plan es uno de los varios que están debatiendo los principales asesores de Biden mientras el país enfrenta una elevada cantidad de cruces ilegales en la frontera. El plan prohibiría que los migrantes que huyen de la persecución busquen refugio en EE. UU., a menos que otro país, como México, les niegue primero un puerto seguro.
Gente familiarizada con los debates comentó que la nueva política, si se adopta, podría entrar en vigor desde este mes, justo cuando el gobierno prescindirá de una regla de salud pública que instauró el gobierno de Trump al comienzo de la pandemia de coronavirus y que se convirtió en una política clave para gestionar el alza de cruces que hubo durante el ejercicio de Biden. Un juez federal le ordenó al gobierno que dejara de utilizar la norma sanitaria el 21 de diciembre.
No obstante, la idea de prohibir de manera general que los migrantes soliciten asilo ataca directamente el corazón de décadas de leyes estadounidenses e internacionales que le han dado forma al papel de EE. UU. como un lugar seguro para las personas que han sido desplazadas y han sentido miedo en todo el mundo.
Además, se basa en una estrategia que adoptaron Trump y Stephen Miller, el arquitecto de la agenda migratoria del expresidente. El gobierno de Trump, ansioso por mantener a los migrantes fuera de EE. UU., impuso la que llamó una prohibición de tránsito y se rehusó a considerar las solicitudes de asilo de los migrantes que no habían buscado refugio en otros países en su camino hacia la frontera estadounidense.
Las similitudes han enfurecido a los defensores de los derechos humanos, que recuerdan la condena vehemente de Biden en contra de las políticas migratorias de su predecesor durante la campaña de 2020.
“Si el gobierno de Biden revive esa horrible política, sería caer en el juego de Stephen Miller”, opinó Eleanor Acer, directora de protección a refugiados en Human Rights First, organización que publicó un informe en 2020 sobre las repercusiones de la prohibición de tránsito. “Es casi como si Stephen Miller siguiera en la Casa Blanca intentando negarles el asilo a las personas que buscan protección contra la persecución”.
Gente familiarizada con el debate interno refutó que el gobierno de Biden vaya a adoptar una política igual a los programas de Trump. También mencionó que el enfoque no era definitivo y que no se les había presentado a Biden ni a Alejandro N. Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, para que tomaran una decisión.
Una persona informada sobre las conversaciones señaló que una nueva política, si se llegara a adoptar, se pondría en marcha junto con una expansión de oportunidades para que los migrantes lleguen de manera legal a EE. UU.
La persona, quien pidió permanecer en el anonimato porque continúan las charlas a puerta cerrada, dijo que el objetivo de las políticas de Trump era mantener a la gente fuera, mientras que el gobierno de Biden estaba intentando encontrar una manera de dejar entrar legalmente a aquellas personas con solicitudes válidas, sin saturar la frontera.
Funcionarios del gobierno han destacado una política reciente que comenzó a rechazar a mayor velocidad a los migrantes venezolanos que intentaban cruzar de forma ilegal a Estados Unidos. Sin embargo, la política también creó una vía humanitaria legal para 24 mil venezolanos que cumplían los requisitos. La combinación de ambas políticas, según los funcionarios, ha provocado un descenso significativo en el número de venezolanos que entran ilegalmente al país.
Funcionarios de la Casa Blanca se rehusaron a comentar en específico sobre la posibilidad de que se implementen nuevas restricciones amplias al asilo. No obstante, varias personas familiarizadas con la propuesta mencionaron que era una de varias ideas que se estaban considerando. Entre otras se encuentra el aumento de juicios para las personas que cruzan de forma ilegal y la expansión de una práctica que acelera las deportaciones de las personas que no reportan temor de regresar a su país.
Cualquier indicio de renovar alguna parte de la política de prohibición de tránsito de la era Trump sería un paso extraordinario para un presidente que hizo campaña para restaurar el proceso de asilo que su predecesor casi desmantela.
Para Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que luchó en los tribunales federales contra la prohibición de tránsito de Trump, la nueva política que se está considerando sería tan objetable como la norma de salud pública, conocida como Título 42, que se ha utilizado para mantener a los migrantes fuera del país.
“Si el gobierno de Biden simplemente sustituye la prohibición ilegal de Trump en contra del asilo y los viajes con el Título 42, demandaremos de inmediato, como lo hicimos con éxito durante el gobierno de Trump”, advirtió Gelernt.
Muchos candidatos republicanos aprovecharon el tema de la inmigración durante sus campañas para las elecciones de medio mandato a fin de motivar a sus bases, describiendo la frontera como algo fuera de control y criticando a Biden y su gobierno por el aumento dramático de cruces fronterizos durante los últimos dos años.
El tema no les dio el control del Senado a los republicanos, y a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes les fue mejor de lo esperado, pues en su mayoría optaron por centrarse en la anulación del fallo de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema y en las amenazas a la democracia del expresidente.
Aun así, los ataques de los republicanos aumentarán en enero, cuando su partido recupere el control de la Cámara de Representantes, en particular si hay una avalancha de cruces ilegales tras la revocación de la norma de salud pública. La semana pasada, el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, renovó las amenazas de impugnar a Mayorkas si no dimite, por su manejo de la situación en la frontera.
Las autoridades saben desde hace tiempo que la orden de salud pública sería suspendida en algún momento. El Departamento de Seguridad Nacional había preparado un plan de seis pilares como respuesta y, a pesar de todo, parece que el gobierno de Biden sigue enfrentando dificultades para idear nuevas políticas que ayuden a gestionar el asunto.
El departamento señaló que el gobierno estaba comprometido con la seguridad fronteriza de EE. UU. y al mismo tiempo con “mantener un procesamiento seguro, ordenado y humano de los migrantes”, incluso después de que se desdiga el Título 42. “Cualquier insinuación de que la política de EE. UU. cambiará es falsa”, comentó Marsha Espinosa, una vocera del departamento. “No se ha tomado ninguna decisión de este tipo”.
Los activistas que defienden la inmigración han quedado decepcionados con el escaso avance de la Casa Blanca para restaurar el sistema de asilo, como el presidente lo había prometido. Funcionarios del gobierno han señalado que los tribunales han frenado algunos de esos esfuerzos y que los republicanos han bloqueado la propuesta de Biden —la cual realizó en su primer día de mandato— para reformar el sistema migratorio del país.
