Pese al discurso de la jueza Jeannette Valdés contra la Cicig, la condena de 16 años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti se basó precisamente en las pesquisas que desarrollaron ese ente internacional y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), cuando era dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval. Lo dicho por la jueza pareciera formar parte del discurso oficialista para tratar de borrar el trabajo de esa comisión de las Naciones Unidas. Sin las investigaciones de la Cicig, el Tribunal B de Mayor Riesgo jamás hubiera comprendido la forma en que operaba la estructura criminal dirigida por los exgobernantes. Resulta paradójico que Pérez Molina y Baldetti fueran condenados por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera, pero no por enriquecimiento ilícito.

¿Cuál fue, entonces, el sentido de haber conspirado contra el Estado para apropiarse de fondos públicos? ¿Será que Pérez Molina y Baldetti dirigieron la estructura criminal como forma de entretenimiento, sin ningún fin ulterior? ¿Cómo entender la serie de bienes inmuebles que la justicia les ha extinguido a los dos condenados, sino es porque estos fueron producto del enriquecimiento ilícito? Es extraño que la jueza no sepa o haya preferido ignorar que las investigaciones criminales parten del criterio de seguir el rastro del dinero, lo cual significa analizar las transacciones financieras y de diverso tipo para evidenciar el delito cometido por los sospechosos y las redes mafiosas a su servicio. Estos cabos sueltos, además de la perorata que Valdés lanzó contra la Cicig, dejan dudas de si ese discurso no fue solo para congraciarse con los grupos ultraderechistas proimpunidad, sino también para favorecer a los reos con el fin de que salgan de la cárcel en poco tiempo y puedan gozar de su riqueza mal habida.

Llama la atención que Valdés dirigió ataques verbales contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ha sido víctima de grupos ultraderechistas proimpunidad. Fue notorio que se hiciera eco del mismo argumento de esos grupos fascistoides de que el juez utilizara la prisión provisional y de que se fuera a su casa a dormir dejando a personas capturadas sin escuchar su primera declaración. Ella misma sabe, por ser jueza, que la figura de prisión provisional es una anomalía del sistema de justicia y no de un juzgador. Si la intención fuera corregir esa situación, tendría que despojarse del antejuicio a todos los jueces que han recurrido a la prisión provisional debido a la precariedad de los tiempos para llevar a las personas a su primera declaración, sobre todo cuando se trata de una presunta estructura criminal con numerosos capturados. No hubo un mínimo de solidaridad gremial hacia un juez víctima de persecución política, al contrario, el ataque de Valdés fue directo, certero, contra un colega.

Si bien fue positivo que el tribunal condenara por dos delitos a Pérez Molina y Baldetti, no se vale que la jueza Valdés trate de erigirse como adalid de la justicia demeritando el trabajo de la Cicig y el juez Gálvez. Se puede entender que trate de enviar un mensaje a los grupos ultraderechistas de que se mantuvo a gran distancia de la comisión de las Naciones Unidas, pero no puede hacerlo tratando de sepultar sus logros. Fue, precisamente, ese trabajo el que no le permitió a la jueza Valdés absolver a los exmandatarios, algo que se temía. Las investigaciones de la Cicig y la primera Feci permitieron desvelar la forma en que operaba la estructura criminal, eso es algo que ni la jueza Valdés pudo ocultar. Si la Cicig y el comisionado Iván Velásquez no hubieran articulado las investigaciones del caso La Línea hubiera sido difícil, si no imposible, que ahora los dos políticos criminales estén tras las rejas.