Trasladar a Cifuentes Sagastume debía hacerse efectivo el 24 de noviembre pasado, sin embargo, alegatos de las autoridades del SP atrasaron la ejecución de la orden. De acuerdo con la denuncia que habría presentado Cifuentes Sagastume otros privados de libertad, vinculados con el narcotráfico, habrían ordenado su muerte dentro de Matamoros.
Sin embargo, ahora presidios teme que el procesado pueda escapar, aprovechando la debilidad de aquella prisión en el oriente del país, según han revelado fuentes del Interior. El Sistema Penitenciario analizó el caso y aseguró en dos oportunidades al juez que Cifuentes Sagastume no corría peligro.
De hecho, de esta cárcel se fugó por primera vez el líder de la banda los Cucules, Juan Manuel Galindo Ortiz, alias el Tonka, el 11 de agosto de 2011.
Aquella vez Galindo consiguió una orden judicial para acudir a una cita médica, pero la aprovechó para evadirse.
Purgaba una condena de 12 años por narcotráfico.
Los guardias del SP Eduardo Antonio Grijalva y Rony Salguero García aparecieron muertos en Teculután, Zacapa, horas después de su fuga. Unas semanas después Galindo fue recapturado y enviado a Matamoros para terminar su sentencia de 12 años.
No obstante, en varias ocasiones el Ministerio Púbico (MP) y el Ministerio de Gobernación (Mingob), impidieron el traslado mediante orden de juez a la cárcel Los Jocotes. La última vez que lo intentaron fue en julio de 2013, pero no procedió.
El Tonka, desde 2018, volvió a operar, y esta vez con la banda de secuestradores y narcos, los Cucules. Fue capturado el 25 de junio de 2022 y dos meses después escapó de la prisión de Pavón, en Fraijanes, Guatemala. Hasta hoy se desconoce su paradero.
En el caso de Cifuentes Sagastume, pese a los antecedentes que hay de aquella prisión, lo trasladaron el pasado 10 de diciembre para darle cumplimiento a la orden del juez de Zacapa.
Desde el 2017 estaba en Matamoros. Estados Unidos lo solicitó en extradición por narcotráfico y está pendiente de ejecutarse.
El 1 de febrero de 2023 a las 8 horas deberá presentarse a la judicatura que autorizó su traslado para la audiencia de discusión de acto conclusivo en el otro caso en su contra por abuso de autoridad, usurpación de funciones y nombramiento ilegal.
¿Quién es Cifuentes?
Sergio Fernando Cifuentes Sagastume tiene 42 años. Nació en Zacapa y en Guatecompras aparece como dueño de la empresa Guayacán que entre 2010 y 2013 le facturó al Ministerio de Comunicaciones Q454 mil 039.72 por proyectos de limpieza de rutas durante estados de excepción que generaron tormentas tropicales como Agatha.
En las elecciones generales de 2015, Cifuentes Sagastume llegó a la Municipalidad de Zacapa como concejal primero. Era la mano derecha del alcalde Julio Alberto Enríquez Sánchez, quien sumaba su segundo período edil.
Llegaron al ayuntamiento zacapaneco por el comité cívico El Cambio. La popularidad de Sánchez le valió el voto de 5 mil 205 pobladores de Zacapa. Se les vio juntos en muchas actividades durante y después de los comicios. Sin embargo, noviembre de 2017 fue crucial para la estabilidad política de la cabecera departamental.
Captura y extradición
El concejal de la Municipalidad de Zacapa, alias el Gordo, fue arrestado el 3 de noviembre de 2017. Su captura, a cargo de elementos antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, tenía fines de extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico.
De acuerdo con el MP, Cifuentes es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de California por los cargos de “conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, a bordo de un barco sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos”.
La aprehensión ocurrió en el kilómetro 139 de la ruta al Atlántico. El exconcejal permanecía prófugo desde agosto. La última vez que se presentó a una sesión de concejo fue el 21 de ese mes, misma fecha en la que fueron apresados Érick Alexander Granados García y Beatriz Cristina Barreiro Quiñónez, también requeridos en extradición por Estados Unidos y bajo los mismos cargos de narcotráfico.
Cifuentes Sagastume aseguró en aquella oportunidad que todo se trataba de una venganza política porque estaban fiscalizando al edil Enríquez Sánchez, a quien acusaban de malos manejos.
Junto con otros miembros del concejo se presentaron el 17 de agosto de 2017 al Congreso para denunciar los hechos.
Seis concejales denunciaron a Enríquez Sánchez por nepotismo, abuso de autoridad, denigración y difamación.
El edil siempre negó los hechos, y aseveró que todo estaba en regla.
La muerte, la crisis
El exalcalde de Zacapa murió en forma violenta a los 46 años. Fue asesinado a balazos el sábado 17 de marzo de 2018 en una calle de la aldea La Majada, en la cabecera, a unos 15 metros de su vivienda.
La investigación reveló que cuatro hombres que se hicieron pasar por albañiles, y que con herramientas reparaban una calle, dispararon contra el funcionario cuando este pasó en su camioneta agrícola gris.
La investigación de este crimen nunca alcanzó a Cifuentes Sagastume a pesar de que algunas personas cercanas al edil apuntaron hacia él. El exconcejal primero negó tales acusaciones.
La exconcejal segundo, Ana Lucía Menéndez Montenegro de Oliva terminó como alcaldesa y entregó la vara edil a Mynor Morales, quien debió asumir porque se le negó la inscripción a Arnoldo Vargas, exalcalde de Zacapa entre 1986 y 1990, quien cumplió una condena de 25 años en Estados Unidos por narcotráfico.
¿Quién es el juez?
El juez “A” del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Zacapa, José Maximino Morales González, fue quien ordenó el traslado de Cifuentes Sagastume de Matamoros a la cárcel en Zacapa.
Pero antes de este caso fue objetado por el MP en el caso del femicidio de la joven zacapaneca, Melissa Palacios. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad porque dio con lugar las denuncias sobre supuestas irregularidades en sus resoluciones.
La Fiscalía de Distrito de Zacapa promovió el antejuicio derivado de una denuncia contra el juez después que reformó los delitos en contra de Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín, principales sospechosos de la muerte de Melissa Palacios Chacón.
Al principio fueron señalados por asesinato, pero tras la reforma hecha por el juez, Bonilla Archila fue sindicada de homicidio cometido en estado de emoción violenta, mientras que Marroquín Ovalle por encubrimiento propio.
