Honor conforme el diccionario es “la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. La Misión de nuestra Escuela Politécnica es “brindar una educación y formación integral que provea a los futuros oficiales del Ejército de Guatemala los conocimientos en la tecnología, el arte, la ciencia militar y la guerra, con espíritu militar, lealtad a la patria y un elevado sentido del honor, para ejercer un liderazgo positivo como Comandante de Pelotón, desempeñándose en el ambiente nacional y multinacional”.

En los países con ejército, sus integrantes deben tener un altísimo sentido del honor, porque solo a ellos se les confió el monopolio de las armas para la defensa de todos. Nuestra constitución señala como objeto del ejército “mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad de su territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante”. La constitución de 1965 decía algo muy similar, solo agregaba: “Es punible la organización y funcionamiento de milicias ajenas al Ejército de Guatemala”.

En países como el nuestro, el uso de las instituciones del Estado para el abuso y el robo es más que común, de allí se sabe y se documentó, por ejemplo, que el propio Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, el 22 de marzo de 1979, comandó y coordinó personalmente el operativo militar por el cual se asesinó al abogado Manuel Colom Argueta en la 5ª calle de la zona 9; se tiene certeza de que el general David Cancinos, en helicóptero, movilizó personal militar para acallar a la voz más sensible de la social democracia guatemalteca.

Nuestro precario sistema judicial estableció que la antropóloga Myrna Mack Chang fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 por órdenes directas de jefes del Estado Mayor del Ejército. El especialista Noel de Jesús Beteta Álvarez fue condenado, y luego el coronel Juan Valencia Osorio, como autor intelectual, quien a la fecha está prófugo y protegido por círculos de poder.

Entre los abusos cometidos desde Ydígoras a Arzú, gobierno bajo el cual se firmó la paz, el Ejército como institución cometió abusos enormes en el área rural dentro de la lógica de combate a la guerrilla, pero en una proporción atroz las grandes víctimas fueron civiles.

Hemos visto cómo en Chile, Argentina y Uruguay sus gobiernos y sus ejércitos se involucran para buscar y dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos. Guatemala es el país latinoamericano con mayor cantidad de detenidos desaparecidos y no vemos ningún esfuerzo institucional del Estado por buscar, explicar y dar con el paradero de miles de personas víctimas del más cobarde delito, como lo es utilizar la fuerza estatal para desaparecer por completo a una persona.

Vivimos tal descomposición social que buena parte de la “sociedad” considera que requerir del Estado respuestas sobre la cobardía practicada es “ideológico”, cuando no hay nada más cercano al derecho a la vida y a la libertad. El país está tan abajo en todos los indicadores sociales que debemos empezar por lo básico si pretendemos conseguir alguna vía de desarrollo, y lo primero debe ser, partiendo de que el Ejército asesinó a miles de personas inocentes y detuvo y desapareció, está obligado a brindarnos respuestas institucionales para conocer en dónde están los miles de seres humanos arrebatados de su familia y del amor de sus padres e hijos.

Decirse provida y no exigir del Estado lo básico es una farsa, sobre todo en diciembre, cuando los creyentes celebramos el nacimiento de quien representa la nueva alianza, y tanto el Ejército como el Estado deben reparar el daño hecho para garantizar su no repetición.