Desde 2016, Domínguez Guerrero ha tenido el control del órgano jurisdiccional y ha estado a cargo de casos por corrupción y delitos de lesa humanidad.
Durante los seis años que ha estado al frente del juzgado ha recibido unas 15 denuncias en la Junta de Disciplina Judicial y en varias ocasiones ha sido señalada por supuestos nexos con militares.
El equipo de Prensa Libre buscó un acercamiento con la juzgadora para conocer su criterio con respecto a los fallos emitidos y su percepción, pero se negó a atender.
Es común verla tomar el elevador desde el sótano dos un poco antes de las 8:00 horas, así como cerca del mediodía y después de las 15:30 horas, siempre va acompañada de sus guardias de seguridad y únicamente se limita a saludar a las personas que van en el ascensor.
- Retrasos y poca objetividad
- El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han litigado por varios años en la referida judicatura y se han constituido como querellantes adhesivos en diversos casos de lesa humanidad y han podido observar “un interés manifiesto de ayudar a los militares que estaban sindicados, con distintas resoluciones y al no aceptar documentos militares” dijo Héctor Reyes, abogado de dicho centro.
- El profesional resaltó que “en los casos del presente, las personas que afectaron al Estado de Guatemala con defraudación y robo desproporcionado están gozando de medidas sustitutivas y dando vía libre a que puedan continuar con su trabajo tranquilamente sea político o económico y esto afecta a los ciudadanos” lamentó.
- Reyes recordó que en la actualidad está prófugo el exdiputado Edgar Justino Ovalle Maldonado, por su presunta implicación en el caso Creompaz, situación que considera que responsabilidad de la juez Domínguez Guerrero “porque estaba sujeto a proceso y ella (jueza Claudette Domínguez) le dio una medida sustitutiva” hechos que les hace dudar de su imparcialidad.
- “En la actualidad ha tomado algunas decisiones controversiales, apoyando y resolviendo a favor de ciertos intereses que ahora son de índole económico” expresó Reyes y agregó que esto refleja que “estamos en manos de jueces que en su mayoría están trabajando con una parcialidad terrible en los casos del presente” tanto de órganos ordinarios como de Mayor Riesgo.
- De las resoluciones
El pasado 13 de diciembre de 2022 benefició al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Álvaro Omar Franco Chacón, Giovanni Marroquín Navas e Inngmar Walterio Iten Rodríguez, señalados de haberse beneficiado con el cobro de comisiones ilícitas de alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.
En una audiencia que se desarrolló a puerta cerrada el 30 de noviembre del año pasado, la jueza Domínguez Guerrero otorgó arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en el caso de Cooptación del Estado.
Mientras que el 29 de noviembre último a los nueve implicados en el caso Financiamiento Unidad Nacional de la Esperanza, entre ellos la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, dictó un sobreseimiento y cerró el caso, de acuerdo con su criterio, no había suficientes medios de investigación para enviar a juicio a Torres por asociación ilícita y financiamiento electoral.
Torres era procesada por supuestamente haber ocultado aportes millonarios a la organización política en la campaña electoral de 2015, por un total de Q 5.9 millones, que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral.
El 26 de septiembre del presente año, varios exdiputados y exempleados del Congreso de la República fueron beneficiados resolución de la jueza Claudette Domínguez, quien declaró el sobreseimiento del proceso, con lo que se libraron de enfrentar juicio
Además, el 28 de noviembre liberó a Toribio Acevedo Ramírez, implicado en el Diario Militar, quien fue detenido en mayo de 2022, en Panamá, tras eludir su arresto durante casi un año, por su presunta implicación en deberes de lesa humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Del antejuicio en su contra
El 23 de septiembre del presente año la Corte de Constitucionalidad (CC), amparó de manera provisional al Ministerio Público (MP), tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de no tramitar una solicitud de antejuicio contra la funcionaria judicial.
El 5 de agosto de 2022 el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, no tramitar la solicitud de antejuicio que promovió la Fiscalía de Asuntos Internos del MP contra la jueza, por supuestas irregularidades en la aprobación de convenios de colaboración eficaz del caso Odebrecht.
La resolución fue avalada con seis votos a favor y siete votos en contra de darle trámite al antejuicio. La fiscalía buscaba que la juzgadora fuera investigada por su posible vinculación en el expediente judicial que también vincula a exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Antecedentes
El Juzgado de Mayor Riesgo A fue creado en 2009, quien estaba al frente era Carol Patricia Flores Polanco, quien en mayo de 2011 ordenó el cierre de la persecución penal de Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario y actual presidente, a quien se le señalaba de ejecución extrajudicial por el caso Pavón, en el 2006.
El 30 de abril de 2015, una investigación de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que la juzgadora Flores Polanco se estaba enriqueciendo ilícitamente y apartemente tenia una lujosa mansión en Santa Catarina Pinula, que no correspondía con sus ingresos económicos.
Ocho meses después la Corte Suprema de Justicia designó a Marta Claudette Domínguez Guerrero, como titular de la judicatura.
Para entonces, Claudette Domínguez cubría el Juzgado de Turno de Villa Nueva y tras la salida de Flores, la Corte Suprema de Justicia la designó como titular de ese juzgado.
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